La empresa que brinda el servicio de limpieza en las Torres Administrativas I y II, no se presentó a la última reunión en el Ministerio de Trabajo en el marco de la medida conciliatoria por los despidos que efectuó el pasado 28 de abril. Desde la CTA Autónoma pidieron que “se inicie el proceso de estatización de los servicios tercerizados en el Estado”
La empresa Distribon SRL, contratista del Estado para realizar las tareas de limpieza y mantenimiento en las Torres Administrativas I y II, decidió no presentarse ayer a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo en el marco de la conciliación obligatoria que se dispuso el pasado 13 de mayo, en la que se denunció el despido de trabajadores y trabajadoras en el marco de la pandemia.
El conflicto se inició a fines de marzo cuando la empresa intentó pagar los salarios con rebajas, y se profundizó a partir del 28 de abril, cuando notificó los despidos de trabajadoras y trabajadores durante la pandemia. Posteriormente con la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia la empresa intentó no acatar la conciliación obligatoria cuando el Ministerio dictaminó y ordenó la reincorporación de los cesanteados, en virtud del DNU 329 que establece la prohibición de despidos, suspensiones y rebajas salariales en todo el país.
Es por esto que los trabajadores y las trabajadoras junto a la CTA Autónoma bonaerense realizaron ayer una olla popular por el trabajo y la salud. Al respecto, el secretario Gremial de la entidad sindical, Carlos Díaz, aseguró que los trabajadores y trabajadoras de la empresa “han venido reclamando, además, mejores condiciones de trabajo, que se cumpla con los protocolos vigentes para combatir el virus, la entrega de elementos de cuidado personal y la entrega de ropa de trabajo, cuestiones que la empresa ha cumplido parcialmente. Por esto en el día de ayer, en el marco de la olla popular realizada para acompañar el proceso de lucha de los y las trabajadoras, continuamos exigiendo que la empresa cumpla con las leyes vigentes y que además el Estado, como tercero en este conflicto al ser quien contrata a esta empresa, tome cartas en el asunto para multar si es necesario ante los incumplimientos recurrentes por parte de la empresa, y hasta analizar la baja de la concesión”.
“Desde la CTA-A y ATE hemos solicitado al gobernador (Axel) Kicillof que se inicie el proceso de estatización de los servicios tercerizados en el Estado. Porque este tipo de situaciones dadas en las Torres I y II también se repite prácticamente en todos los organismos del Estado, donde hay empresas tercerizadas que desde hace décadas han intentado llevar adelante prácticas que se caracterizan como fraude laboral, en Radio Provincia, en los Ministerios de Economía, de Gobierno, de Trabajo, en algunos hospitales provinciales”, apuntó Díaz.
Y señaló que “estas tareas se pueden llevar adelante con trabajadores designados en la planta del Estado, porque no solo sería en beneficio de los trabajadores y trabajadoras, sino también para las arcas del propio Estado”.
Somos un medio de comunicación cooperativo que se conformó luego de los despidos ilegales en el diario Hoy y en la radio Red 92 de La Plata, sucedidos a principios de 2018.
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