La Comisión Provincial por la Memoria alertó por la violenta represión que hubo el fin de semana en distintas unidades penales. Hicieron responsable al Servicio Penitenciario de torturas, uso ilegal de armas, represalias y hasta la quema de aulas universitarias
A la situación de superpoblación y hacinamiento en las cárceles bonaerenses, que ya era alarmante antes de la pandemia, se le sumaron en el último fin de semana otras graves violaciones a los derechos humanos en el marco de una violenta represión que encaró el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a las protestas que se realizaban por la negativa de la Provincia a restituir el régimen de visitas.
Precisamente, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió una declaración en la que denuncia este accionar tras haber intervenido en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y habiendo estado presente en los hechos ocurridos en las unidades penitenciarias 1, 9, 10, 24, 31, 37, 40, 45 y 48.
“Por todas estas unidades se presentaron habeas corpus colectivos y se reclamó la presencia de los jueces y fiscales en los lugares, aportando para lograr una solución pacífica de las situaciones que se generaron. También se presentaron centenares de habeas corpus individuales y denuncias penales, dando cuenta de las torturas, malos tratos y graves lesiones que provocaron discapacidades temporales y permanentes”, afirmaron desde la CPM.
En ese sentido, indicaron que “los hechos se originaron por responsabilidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que informó el reinicio de las visitas luego de ocho meses de ASPO y un día antes dio marcha atrás con la medida. Está resolución sumada a la nula respuesta judicial frente a justos reclamos y pedidos de las personas detenidas, la demora en resolver morigeraciones y libertades, la suspensión de salidas transitorias y laborales, la nula atención sanitaria y de medidas adecuadas frente al COVID-19 explican lo ocurrido”.
Además, denunciaron que, durante el conflicto, “agentes penitenciarios quemaron las aulas universitarias en las unidades 31 y 48, y trasladaron a estudiantes universitarios de manera arbitraria; este acto demuestra que, en la práctica, no existe la decisión del SPB de promover el acceso a la educación. La CPM presentó habeas corpus reclamando se garantice el reintegro de estas personas a las unidades donde estaban alojadas”.
“Luego de controladas las situaciones en los penales, ocurrieron golpizas gravísimas y se iniciaron traslados violentos donde sacaron a los detenidos ‘capeados’ o sin sus pertenencias, medida solo justificada en una decisión arbitraria de provocar el castigo. Fuimos testigos e impedimos la concreción de estos traslados, pero sabemos que ocurrieron otras decenas de traslados en estas condiciones, incumpliendo con el fallo de la Suprema Corte provincial que regula los mismos”, remarcaron.
A su vez, desde el organismo provincial manifestaron que hubo graves arbitrariedades de la cartera que conduce Julio Alak: “sólo en la Unidad 31, el día domingo, la directora provincial del Ministerio de Justicia presente en lugar impidió el ingreso del equipo de la CPM para entrevistar a los detenidos del pabellón universitario esgrimiendo razones de seguridad. No obstante, la funcionaria sí habilitó el ingreso de integrantes de la subsecretaria de derechos humanos dependiente del mismo Ministerio. Este hecho fue puesto en conocimiento del Ministro de Justicia, para que se tomen las medidas del caso, toda vez que implica una grave violación a la ley nacional 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura en Argentina”.
Violenta represión
Por otro lado, expresaron que “afortunadamente hasta el momento no hubo que lamentar muertes en los conflictos del fin de semana, aunque si decenas de heridos graves por la violenta represión penitenciaria; se disparaba con postas de goma a quemarropa y a partes vitales del cuerpo, ojos y cara, incumpliendo los protocolos que prohíben disparar a menos de 10 metros de la persona. También agentes penitenciaros utilizaron ‘facas’ o cuchillos carcelarios para agredir a detenidos y disimular así su responsabilidad por estos hechos”.
La CPM requirió al gobierno provincial “que se tramiten estos reclamos en el marco del respeto de los derechos humanos de las personas detenidas y se suspendan los traslados compulsivos sin autorización judicial, promoviendo el diálogo para la resolución de los conflictos”.
“También los jueces provinciales deben resolver las morigeraciones y libertades solicitadas apegándose a la ley. Gran parte de la responsabilidad debe atribuirse a jueces que no contemplan la grave crisis que se vive en los lugares de encierro al momento de resolver”, señalaron.
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