Unos 40 detenidos compartían un espacio de 16 metros cuadrados, con letrinas improvisadas, ratas, sin ventilación y sin acceso médico; ante la falta de camas algunos dormían sentados en el piso. Ya se habían clausurado calabozos previamente. La violenta historia de la comisaría durante el genocidio
La Justicia provincial ordenó la clausura de la Comisaría 8ª de La Plata, a partir de una denuncia de la Comisión por la Memoria (CPM) sobre laa precariedad y hacinamiento en la que se encontraban los detenidos. El comunicado de prensa emitido por la CPM, a través de su agencia Andar, subraya la alarmante realidad de este establecimiento policial, donde las condiciones de detención fueron descritas como “lapidarias”.
La CPM, como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, recibió denuncias de familiares de los detenidos que relataron la angustiante situación que padecían sus seres queridos. A partir de eso, el organismo presentó un habeas corpus colectivo ante la Justicia provincial solicitando la clausura inmediata de la comisaría ubicada en la avenida 7 y 74, en el barrio Villa Elvira.
Condiciones de detención: un ambiente inhumano
El informe presentado por la CPM tras el relevamiento en la comisaría revela una serie de violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos. Entre 40 y 45 personas compartían un espacio de apenas 16 m², sin ventilación y sin acceso a baños adecuados. La superpoblación es uno de los factores que agrava las condiciones de hacinamiento.
El agua era suministrada de manera irregular, dependiendo de la disposición del personal policial o de los propios familiares. En algunos turnos, los guardias cortaban el suministro argumentando que el ruido de la bomba “molestaba”. Esta falta de acceso a un recurso esencial como el agua es una de las manifestaciones más crudas de la deshumanización a la que son sometidas las personas detenidas.
Las celdas, además, carecían de luz natural y ventilación, lo que generaba un ambiente opresivo e insalubre. Los detenidos no contaban con inodoros convencionales, siendo reemplazados por una improvisada letrina en el piso, que no daba abasto para la cantidad de personas hacinadas en el lugar.
La presencia de roedores, como ratas, complicaba aún más la situación, obligando a los detenidos a proteger sus alimentos de la contaminación, detalles que son manifestaciones claras de la tortura y el sufrimiento sistemático que sufren las personas privadas de su libertad,
Violencia policial y falta de atención médica: una violación al derecho a la salud
La denuncia de la CPM también apunta al trato cruel y violento que recibían los detenidos por parte del personal policial. El hacinamiento, la falta de higiene y la violación de su derecho a la salud son aspectos que configuran un cuadro de vulneración generalizada de derechos humanos.
La falta de espacio para descansar obligaba a algunos detenidos a dormir en el frío y duro cemento, y la carencia de atención médica era otra de las preocupaciones centrales de los familiares. Los detenidos no contaban con acceso a controles médicos ni a medicamentos, incluso quienes sufrían de enfermedades o dolores.
El informe de la CPM también señala que las condiciones descritas violan directamente el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, contrariando los estándares mínimos establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos.
La respuesta judicial: un paso, pero no la solución definitiva
La respuesta de la Justicia llegó tarde para quienes vivieron estas condiciones infrahumanas en la comisaría. El juez Martín Miguel Rizzo ordenó el traslado inmediato de todos los detenidos a establecimientos habilitados y prohibió el ingreso de detenidos hasta que se realicen las reformas necesarias. Además, el Ministerio de Seguridad de la Provincia deberá presentar un plan de reparación integral en un plazo de 15 días.
Se comprobó también que los calabozos ya habían sido clausurados por una orden judicial previa, como podés ver en esta entrevista en Radio Futura del 2020, lo que evidencia un incumplimiento sistemático de las normativas. Por eso juzgado ordenó investigar posibles delitos cometidos por los funcionarios policiales.
Un lugar con historia de represión: el oscuro pasado de la comisaría 8ª
El trasfondo histórico de la Comisaría 8ª de La Plata le da aún más gravedad a la situación. Este edificio no solo es un lugar de detención común, sino que tiene un oscuro pasado como Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura militar.
En 2023, comenzó el juicio unificado por los Centros Clandestinos de Detención de 1 y 60, y la Comisaría 8ª, que fue uno de los primeros eslabones de la represión, fue señalada como un lugar de “preblanqueo”, donde se alojaban a las personas detenidas antes de ser desaparecidas o asesinadas.
Durante el genocidio, la comisaría fue utilizada como un centro de custodia de los detenidos, tratados como prisioneros de guerra, custodiados por la Policía y bajo la tutela del Ejército. La conexión entre la Comisaría 8ª y otros Centros Clandestinos como el penal de Olmos, fue una de las características de la violencia sistemática en ese período.
Guadalupe Godoy, en su intervención sobre el juicio, relató cómo las víctimas provenientes de otros Centros Clandestinos de Detención, como La Cacha, eran llevadas a la Comisaría 8ª antes de ser “desaparecidas” o ejecutadas.
Algunos casos de nuestra cobertura del juicio
Uno de los testimonios, aunque en otro juicio de Lesa, fue el de Nestor Busso quien estuvo 18 días preso en la 8ª, entre golpes e interrogatorios. Podés leer la crónica de su testimonio acá.
O también el testimonio de un expolicía que estuvo desde 1978 destinado allí, que recordó la situación degradante de una “guerrillera” detenida que luego apareció muerta.
Finalmente recordamos el testimonio de Sofia Caravelos, cuyo papá y mamá estuvieron secuestrados en esta comisaria, apuntando la responsabilidad de Carlos Alberto Mayón, actual Director del Instituto de Derecho Constitucional y Político de la Facultad de Derecho de la UNLP.
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