El denominado “Acuerdo de Escazú”, firmado por 24 países, entrará en vigor desde el 22 de abril. Permitirá mayor participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente
La cancillería argentina depositó ante el secretario General de las Naciones Unidas, en nombre del Gobierno nacional, el instrumento de ratificación del denominado “Acuerdo de Escazú”, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, lo cual posibilitará una mejor defensa de los ecosistemas y la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente.
El mismo acto diplomático realizó en el día de la fecha el gobierno de México, con lo cual se completó el número de países requerido en el Acuerdo para que pueda entrar en vigor, circunstancia que se producirá el 22 de abril próximo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, informó la cancillería argentina en un comunicado.
De este modo, la Argentina “muestra el firme compromiso del país con los derechos humanos y el desarrollo sostenible”, señala el comunicado, en el que además se “agradece y congratula al hermano gobierno de México por concretar también su correspondiente depósito en la misma fecha”.
Conocido como el “Acuerdo de Escazú” por el nombre de la ciudad de Costa Rica donde se firmó, establece normas regionales para el ejercicio de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Además de promover la creación y fortalecimiento de capacidades y la cooperación internacional en la materia, en su artículo 7 instaura el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existan acciones que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente.
Firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, el acuerdo se origina como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en 2012, y la Decisión de Santiago adoptada en 2014, y tras un proceso de negociación fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú.
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