Se inicia una semana compleja para las familias que reclaman “tierra para vivir”. El último censo reveló que hoy habitan unas 4400 personas. No hay acuerdo pero sí sigue vigente la orden de desalojo con fecha límite del 30 de octubre. ¿El gobierno evitará la represión? Un ministro negocia a la baja, mientras otro prepara su armamento
“Es imprescindible destacar la necesidad de una respuesta habitacional, social, integral, concreta y urgente”, afirma el informe enviado al gobierno de la Provincia por parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), quienes participaron como veedores del último censo. Ese relevamiento confirmó que actualmente residen 1400 familias en las 100 hectáreas de Guernica.
A pesar las negociaciones llevadas adelante por funcionarios del gobierno bonaerense de Axel Kicillof y delegadas de los cuatro barrios de Guernica durante varios días, todavía no han llegado a un acuerdo de solución habitacional. Mientras tanto, la orden de desalojo dispuesta por el juez Martín Rizzo sigue vigente hasta el 30 de octubre.
Durante el viernes, según pudo conocer este medio, el gobierno provincial a través de su ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque acercó un acta acuerdo a los vecinos donde proponían garantizar a partir de este domingo el traslado de las y los vecinos a “dispositivos de transición”, equivalentes a unas 6,5 hectáreas. Y en un plazo de seis meses, aportaría 650 lotes en el partido de Presidente Perón.
Dicha propuesta fue rechazada por las y los vecinos de los cuatro barrios de Guernica debido a la escasez de la negociación. “No contempla por lejos las necesidades elementales de tierra para vivir por las que venimos luchando hace más de 100 días”, aseguraron las y los delegados a través de un comunicado de prensa.
La misiva continua: “Mostrando voluntad negociadora y de diálogo los vecinos y vecinas elaboramos una contrapropuesta votada en las asambleas, que permitiría solucionar el conflicto y que consiste en la entrega de 30 hectáreas o 1400 lotes para que las 1400 familias que fueron censadas esta semana bajo supervisión de organismos de Derechos Humanos puedan tener un lugar donde vivir”.
“Hay aquí una propuesta concreta para evitar la represión que no logrará resolver la grave situación habitacional de miles de familias, y llamamos al Gobierno a que atienda esta propuesta”, expresaron.
En ese sentido, los funcionarios bonaerenses de la mesa interministerial comandada por el “Cuervo” Larroque convocaron a una reunión para este lunes 26. En paralelo, según afirmaron fuentes del ministerio de seguridad, Sergio Berni ya tiene preparado su “ejercito policial” para llevar adelante el desalojo cuando el juez Rizzo le dé luz verde. Se trata de unos 4000 efectivos de la Policía Bonaerense.
Sugerencias de los organismos de derechos humanos
Según lo recolectado en el marco del censo –realizado el lunes 19 y martes 20-, “les vecines y delegades han informado que las cifras registradas son: 1400 familias, compuestas por un total de 4417 personas. Si bien no nos ha llegado la información de los registros estatales, vemos que las cifras informadas son consistentes con la cantidad de personas visualizadas durante los dos días de actividades”, aseguraron desde el CELS y SERPAJ.
Tanto el CELS como el SERPAJ manifestaron las siguientes sugerencias para la continuación del proceso de búsqueda de soluciones y alternativas habitacionales para las familias que se encuentran en el predio. “Ello en función de las previsiones de la Resolución nro. 22/16 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Subsecretaria Social de Tierras Urbanismo y Vivienda, y la Resolución de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, del 17 de abril de 2019 que aprobó el Protocolo de Actuación Judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”.
-Sugerimos la conformación de una Comisión de Seguimiento o Mesa de Gestión Participativa por el plazo máximo de 180 días en la que el Estado presente un plan integral de respuesta habitacional.
-Esta Comisión de Seguimiento estará integrada por representantes del Gobierno Provincial, del gobierno municipal, de las organizaciones sociales que acompañan y delegades de la toma, de organismos de derechos humanos, del Consejo de Hábitat y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Estos dos últimos integrantes, además de participar de la gestión de búsqueda de soluciones, se constituirán como fiscalizadores de los acuerdos alcanzados.
-La Comisión tendrá como objetivo principal el análisis y discusión del plan de soluciones habitacionales definitivas que presente el Estado para todas las familias identificadas en el relevamiento realizado los días 19 y 21 de octubre y la fiscalización de la implementación de ese plan.
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