Este fin de semana se cumplieron dos años de la histórica media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. La regional La Plata de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito explica por qué el grito colectivo está más vigente que nunca
Por Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito – Regional La Plata, especial para Pulso Noticias
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito es una articulación federal que se inició en el año 2005 en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres. Desde ese momento, y a lo largo de sus 15 años de lucha, seguimos organizades bajo la consigna “Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”; exigiéndole al Estado la implementación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral, la implementación efectiva del Protocolo para la atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) -que contempla causales a partir de las cuales el aborto sí es legal actualmente- y la aprobación de nuestro proyecto de Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, siendo estas leyes necesarias para que todas la personas con posibilidad de gestar tengan el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
El patriarcado es parte de un sistema de relaciones de poder, cuya organización social reserva el uso de la autoridad, el control y el ejercicio de la violencia al varón heterosexual y a las mujeres y personas con capacidad de gestar las tareas de producción y reproducción de la vida. En esta visión del mundo el Estado es el que garantiza a través de políticas públicas, en sus instituciones, que la designación de los roles específicos por géneros se cumpla. ¿Qué tiene esto que ver con el Aborto? dentro de algunos de los roles establecidos, las personas con posibilidad de gestar hoy se encuentran con la imposición de no poder definir sobre el propio cuerpo, no poder decidir si tener hijes o no, cuándo, cuántos, en qué momentos de nuestras vidas, y en qué condiciones. Quienes en este sentido, nos encontramos bajo tutela del Estado, tenemos condicionadas nuestras posibilidades de desarrollo de autonomía. Esto se complejiza si tenemos en cuenta que aquello que concierne a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, a las decisiones y cuidados de nuestros cuerpos, se encuentra específicamente entrelazado con la edad que tenemos, la procedencia de clase, nuestra identidad de género, el lugar en el que vivimos, si somos o no personas con alguna discapacidad, etc. En este entronque, las responsabilidades sólo recaen sobre las personas con posibilidad de gestar, profundizando así las desigualdades sociales, económicas, y culturales, pues el Estado, o bien no responde a nuestras necesidades garantizando derechos, o bien nos somete a decisiones arbitrarias que muchas veces, ponen en riesgo nuestras vidas.
En nuestro país se realizan más de 350.000 abortos anuales, de los cuales por lo menos 50.000 terminan en internaciones producto de infecciones graves provocadas por las condiciones inseguras en las que se realiza la práctica, esta situación pone de relieve tres cuestiones. La primera es que las personas abortan aunque el Estado patriarcal quiera impedirlo, la segunda es que las personas cuyas interrupciones inseguras terminan en internaciones suelen ser parte de sectores sociales vulnerados económicamente, esta exposición profundiza las desigualdades de clase y viola el derecho a la Salud. Por último sostener la prohibición de la práctica voluntaria del aborto, promueve el negocio clandestino que beneficia a mercenarios que lucran con la desesperación de las personas que no quieren continuar con la gestación.
La falta de perspectiva de Género del Estado pone en riesgo a niñas/es y adolescentes que hoy son forzades a gestar, en nuestro país más de 3000 niñas y adolescentes son obligadas a maternar bajo la idea romantizada de que ser “madre” es lo mejor que puede pasarles; se divulgan sus historias clínicas y se espectacularizan sus vidas privadas con la complicidad de los medios de comunicación. La realidad es que estas situaciones incrementan la posibilidad de muerte y los riesgos para su salud, vulnerando así todos sus derechos; a pesar de que, desde el año 1921, existen dos causales por las cuales tendrían que tener derecho a una ILE, que la Corte Suprema obligó en el año 2012 a cada provincia a adecuarse a las normativas vigentes, y a no judicializar los casos, y que durante este año, el Ministerio de Salud de la Nación realizó una actualización del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a una ILE. Por esto y para construir una sociedad más justa, desde la Campaña gritamos bien fuerte ¡Niñas no Madres!
Foto: Nicolás Braicovich (Pulso Noticias)
El Estado tampoco contempla dentro de sus líneas de intervención una política que respete y promueva la ley de Identidad de Géneros, hoy además de ser expuestos a la prácticas inseguras los varones trans, no binaries, lesbianas, bisexuales e intersexuales sufren el maltrato por tener identidades sexogenericas no hegemonicas. La falta de formación en les mediques o el acto discriminatorio deliberado en la atención que brindan impactan en todas las identidades y disidencias sexuales. La falta de investigación científica que provea datos claros acerca del impacto de la hormonización en el cuerpo, hace que los varones trans no acceden a información segura acerca de los cambios emocionales y corporales que van a atravesar, no se les pregunta si saben si en algún momento de sus vidas tendrán el deseo de gestar y cómo sería ese proceso, a veces se infiere que por sentir pertenencia a una identidad masculinizada se descarta el deseo de gestar, no se respeta la identidad autopercibida. Estas acciones dejan al descubierto la falta de escucha y de respeto por la voluntad de les otres. No contar con protocolos que permitan el acceso, el respeto y la garantía de los derechos de la comunidad profundiza la desigualdad social, jurídica, política, económica y cultural.
Por otro lado lado, las personas con discapacidad que llegan a acceder a la práctica en el ámbito de la salud pública son también sometidas al tutelaje por parte del Estado, que a partir de políticas públicas con perspectivas capacitista, no permiten que se garantice el andamiaje necesario para brindar la información de un modo accesible, para que puedan definir sobre su futuro gestacional. Si bien en nuestro país, la Ley 26.378 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, sancionada en el 2008 establece sus derechos, aún hoy no se garantizan. Siendo muchas veces, sometides a esterilizaciones forzadas, y a la infantilización -despojándoles de la capacidad política del hacer sobre su autonomía corporal-. Las prácticas jurídicas, médicas y sociales vulneran uno de los derechos principales de todas las personas, el de consentir qué deseamos que ocurra o no sobre nuestro cuerpo.
Foto: María Paula Ávila (Pulso Noticias)
Para poder transformar esta realidad tan adversa construimos herramientas desde el activismo militante junto a más de 500 organizaciones feministas, sociales, políticas, culturales, gremiales y sindicales, que trabajamos por la despenalización social de la práctica, construimos la Red de Docentes por el Derechos al Aborto, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, la Colectiva de Disidencias SexoGeneroPoliticas, la Red de Cátedras Universitarias (RUDA), la Red Federal de Radialistas, Comunicadoras y Multimediales, y la Red de Socorristas. Esta gran articulación horizontal, federal, transgeneracional y autónoma sigue exigiendo que el Congreso trate nuestro proyecto de Interrupción Legal del Embarazo, presentado por 8va vez consecutiva, que recupera el debate de todos los sectores sociales que llevaron adelante las jornadas históricas del 13 y 14 de Junio y el 8 de agosto al calor de la Marea Verde durante el 2018. Los feminismos nos han permitido cuestionar todas las estructuras de poder desde una mirada integral, aportando a la construcción de nuevos lazos y realidades sociales, que nos permitan seguir luchando por una humanidad que sea cada día más respetuosa de los derechos humanos de todas y todes.
Somos un medio de comunicación cooperativo que se conformó luego de los despidos ilegales en el diario Hoy y en la radio Red 92 de La Plata, sucedidos a principios de 2018.
Sin laburo y con la intención de mantener nuestros puestos de trabajo, un grupo de periodistas, correctorxs, fotógrafes, locutorxs, productorxs audiovisuales y diseñadorxs decidimos organizarnos de forma colectiva.
