¿Cuál es el rol que deben cumplir los bancos?, ¿debe haber un cambio en la legislación para que sean considerados un servicio público?, ¿existe un consenso social para alcanzar esto?, ¿cómo se vincula ello con la atención al público y con los intereses de la ciudadanía? Sobre todo esto dialogamos con el profesor de Economía y Doctor en Ciencias Sociales, Julio Gambina
Por Walter Amori
Cuando el viernes por la mañana largas colas de jubilados se desplegaban por todas las sucursales bancarias del país, en medio de bajas temperaturas y de la pandemia mundial del coronavirus, hubo señalamientos de todo tipo acerca de los responsables de que ello ocurriera.
Entre la búsqueda de culpables de esas larguísimas colas, existió el señalamiento de la responsabilidad primaria que tuvieron los funcionarios del gobierno nacional en la mala organización de los pagos y la responsabilidad de los gremios. Como suele suceder en este tipo de conflictos, fueron invisibilizados los bancos.
Pero esa situación, que llegó hace 48 horas a un extremo, en el marco de una situación extraordinaria, es también una consecuencia de un largo proceso en el funcionamiento del sistema bancario en la Argentina. De Bancos (y banqueros) al servicio del sistema financiero y no del desarrollo productivo de la población.
La piedra fundamental para que ese proceso se desencadene en nuestro país, ocurrió en 1977, con la instauración de la ley de Reforma Financiera. Así lo explica Julio Gambina: “Yo siempre recuerdo que a José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de la dictadura desde 1976 hasta 1981, cuando termina su mandato le preguntan qué es lo más importante que hizo en su gestión. Y él contesta que lo más revolucionario que hizo fue la reforma financiera, que es una ley que todavía está vigente. En ese marco, la ley de entidades financieras no ha sido esencialmente modificada. Entre fines de los 60 y principios de los 70 se produjo un cambio sustancial en el capitalismo mundial que tiene eje en las finanzas. El eje de las políticas neoliberales es la liberalización de la economía, especialmente la liberalización del movimiento internacional de capitales. Hasta la llegada de Martínez de Hoz, el sistema financiero argentino tenía unas 800 entidades financieras, existían cajas de crédito cooperativas, que estaban en todo el país y eran muy exitosas, que quisieron ser eliminadas en la década del 60’ durante la dictadura de Onganía, y una resistencia muy importante de las propias cooperativas de crédito y de los pequeños y medianos empresarios impidió que eso ocurriera. Pero Martínez de Hoz lo resolvió desde el poder político del terrorismo de Estado”.
-¿Cuál era el rol que cumplía el Banco previo a la dictadura de 1976, fundamentalmente en la última etapa de gobierno de Juan Domingo Perón?
“Antes de la dictadura militar lo que había en la Argentina era un régimen de nacionalización de los depósitos. Eso quiere decir que cada entidad financiera no podía usar o disponer libremente del dinero que depositaba la sociedad. El Banco Central decidía a quién había que prestarle, definía la política de uso del dinero depositado en las entidades financieras. Eso servía para promover determinados sectores de la economía. A partir de la reforma financiera cada banco podía disponer el dinero para lo que quisiera. Por ejemplo, en estos días, se habla de la gran masa de dinero que ganaron los bancos en la Argentina. ¿Y por qué ganaron tanto los bancos en 2018 y 2019? Porque le prestaron el dinero de los ciudadanos, depositados en los bancos, se los prestaron al Estado, para que el Estado pueda cancelar deuda pública, para que sostenga la situación del déficit fiscal, a tasas del 80%, haciendo unas diferencias gigantescas. Pero no es una banca que sirva para el desarrollo de la Argentina, sino para ganar dinero”.
-La orientación de los bancos estaba íntimamente vinculada a la política del Estado
“La gran diferencia del régimen de nacionalización de depósitos y lo que vino después, es que antes el Banco Central orientaba el crédito, según la política económica, era una política de Estado la que definía el rumbo del crédito. En cambio, en la actualidad es el mercado, y se mueve por la lógica de la ganancia. Antes de 1977 los bancos eran considerados una actividad de servicio público, eso se eliminó. A partir de episodios como el que ocurrió el viernes, se piensa considerar a la actividad de los bancos como actividad esencial, queda claro que la Argentina necesita volver a la categoría de servicio público de la banca, volver al régimen de nacionalización de los depósitos”.
-¿Qué pasó con ese banco, que nació en 1977, en las décadas subsiguientes en las que aumentaron los intercambios, las tecnologías y la economía nacional pasó a ser más de servicios?
“Esencialmente, el objetivo de Martínez de Hoz era pasar de 800 bancos a 80 bancos. Bueno, eso en 40 años se cumplió. Lo que ha habido es una mayor concentración y extranjerización de la banca. La única diferencia fue que en los tiempos del kirchnerismo hubo un cambio en la carta orgánica del Banco Central, lo que implicaba generar mejores condiciones para que el BCRA estuviera en sintonía con la política económica. Pero no hubo una modificación esencial a la ley de entidades financieras. Desde el punto de vista nodal del régimen financiero no ha habido cambios. Por eso en los últimos 4 años del gobierno macrista, bajo el mismo régimen, continuó el sistema financiero al servicio de la concentración y la extranjerización. La banca ha favorecido la entrada de capital especulativo. Lo que Argentina generó es una inmensa apertura económica, favoreciendo el libre movimiento de capitales, por eso se destaca la fuga de capitales”.
-¿Cuál es el rol que deben cumplir los bancos? ¿Qué implicaría que se los considere servicio público?
“La definición tradicional de cualquier manual de economía plantea que una entidad financiera es un intermediario entre la oferta y la demanda de dinero. Quién demanda dinero en la Argentina y el mundo. Yo te diría que hay muchas necesidades de pequeñas comunidades, de empresas recuperadas, de pequeñas empresas, de cooperativas de producción, de organizaciones de la economía popular, que no tienen capital para contratar fuerzas de trabajo, materias primas, medios de producción diversos. Lo que hay que hacer es acercarles préstamos a esas organizaciones populares para que puedan funcionar y mejorar el nivel de actividad económica. O sea que la banca debe ser un servicio público para apuntalar el proceso de inversión productiva. En la Argentina no hay inversión productiva, lo que hay es una orientación a la inversión especulativa, por eso la propia banca mejoró su tasa de rentabilidad”.
-El banco, en términos de servicio público, ¿podría pensarse para resolver necesidades básicas de la población?
“Pensando en términos de una nacionalización de la banca, si desde el Banco Central se promoviera la producción alimentaria, sustentada en soberanía alimentaria, eso requiere que la banca central disponga de una masa de la capacidad prestada de los bancos orientada a producir alimentos para que coma nuestra gente. Argentina hoy no produce alimentos para la gente. Argentina produce, sobre todo, soja transgénica para alimentación de animales asiáticos. Argentina produce commodities, no produce alimentos. Si se generara desde la planificación estatal crédito para orientar la actividad productiva, para que se alimente a la población más necesitada de la Argentina, la banca cumpliría un servicio público espectacular. Y digo en materia alimentaria porque es algo esencial, pero también podría orientar el crédito a resolver la cuestión energética, lo que iría a contramano de la privatización de la energía. O sea, servicio público quiere decir al servicio de quién está la banca. Hoy está al servicio de un núcleo muy reducido de especuladores”.
-¿La idea de servicio público implicaría también cambios para mejorar de la atención de la gente?
“Los bancos privados ni siquiera se predisponen a resolver el pago de jubilaciones y pensiones. Parte de lo que aconteció el viernes es que no todos los bancos pagan jubilaciones, porque es costoso, por eso el tema recae más en la banca pública, el Banco Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires son los que más jubilaciones y pensiones liquidan. La Argentina es un país con bajo nivel de bancarización, mucha gente que se agolpa en los bancos está vinculado a que vive al contado, no utiliza los medios de pago del servicio financiero”.
-En ese sentido, algo que plantean desde el gremio de los trabajadores bancarios se refiera a los bajos niveles de inversión de los bancos en cuanto a cantidad de cajeros, personal adecuado e impresión de tarjetas, entre otros aspectos
“Los bancos como, otras actividades de servicio, tienden a resolver todo por internet y con menos personal. A su vez, no están motivados a poner cajeros automáticos en todo el país, algo que si ha hechos históricamente la banca pública. Abren cajeros o abren sus puertas en los territorios donde pueden tener mayor rentabilidad. Por eso la publicidad de los bancos que indican que si hacés el plazo fijo por internet te pagan mayores tasas de interés que si lo vas a hacer presencialmente al banco. Lo que la banca hace es trasladarle el costo al usuario”.
-Más allá del contexto actual de emergencia sanitaria, para llevar adelante un cambio en la dinámica de los bancos, ¿hace falta sólo una decisión política o son necesarias otras condiciones para que eso se produzca?
“Para que políticamente se produzca una medida primero hay que generar consensos en la sociedad. Si nos fijamos, en estos días el ministro de Salud (Ginés González García) sugirió centralizar en el Estado la cuestión sanitaria y hubo un revuelo inmenso, y en 24 horas se desmintió que se iba a actuar sobre las clínicas privadas. Uno podría pensar que así como se privatizó el sistema financiero desde la dictadura militar para acá, ha habido una creciente privatización de la salud, de la educación y de la energía. Para cambiar esto no sólo hace falta un decreto de necesidad y urgencia que lo modifique, hace falta un parlamento en sintonía y un consenso en la sociedad”.
-¿Cree que en lo programático o en las ideas centrales del gobierno hay una idea de generar consenso para eso?
“La coalición que ganó las elecciones tuvo mucho de confrontar con el gobierno anterior. Hay un debate dentro del gobierno sobre qué hay que hacer y hasta donde hay que llegar. Por ejemplo, en un tema tan condicionante como es el tema de la deuda, hay distintas lecturas dentro del gobierno. Están aquellos que hay piensan que renegociar y están los que dicen que hay que suspender los pagos ya. Esta semana se han pagado 250 millones de dólares, en medio de una emergencia gigantesca, con millones de personas que se inscriben para percibir 10.000, la Argentina destina 250 millones de dólares a los acreedores externos. Está claro que hay un debate al interior del gobierno y allí habrá que ver quien pesa más. También en ese debate es muy importante la presión que haga la sociedad, no es sólo lo que pase por la cabeza del presidente. Por ejemplo, en diciembre del año pasado, en Mendoza, la sociedad movilizada logró que se revirtiera una ley que permitía el uso del agua a favor de la megaminería”.
-¿Quiénes son los banqueros hoy en la Argentina? ¿Se pueden individualizar o señalar?
“Bueno, el Banco Central tiene información de los bancos, la Comisión de Valores muestra los datos de aquellos que cotizan en bolsa, están los balances. Se podría visibilizar muchos más esa situación. Hay condiciones más que suficientes para conocer a fondo la situación patrimonial de cada uno, quiénes son los principales accionistas, cuál es el destino de los recursos. Están todas las condiciones para que eso se visibilice al conjunto de la sociedad. Y un debate que debiera movilizarse hoy en la Argentina es qué tipo se sistema financiero necesita la Argentina. Si debatimos eso probablemente concluyamos con que no alcanza con un proceso de nacionalización de los depósitos, sino que hay que ir a un proceso de nacionalización o socialización de la banca. Digo socialización porque no es sólo que intervenga el Estado, sino que intervengan los trabajadores bancarios en la gestión de las actividades y, sobre todo, los usuarios. Que, en lugar de un directorio privado, sen los usuarios los que definan en cada territorio donde actúa el banco cuál es la política crediticia a desarrollar. No puede haber decisión privada de esos dineros del público”.
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