Integrantes de asambleas de inundados y familiares de víctimas del trágico temporal del 2 de abril de 2013 le apuntaron al fiscal como principal responsable de que el proceso judicial pueda terminar en la nada. Si avanza la intención de hacer un juicio abreviado, se bloquearía la posibilidad de ampliar las imputaciones a partir de los testimonios de testigos y especialistas. “Se perdería una oportunidad histórica para saber la verdad”, señaló una de las abogadas
El juicio oral y público por la trágica inundación ocurrida el 2 de abril de 2013 -en la que fallecieron al menos 89 personas y fueron damnificadas alrededor de 300 mil- podría quedar en la nada si avanza el pedido de la defensa del único imputado -el ex director de Defensa Civil de la Municipalidad Sergio Daniel Lezana- de realizar el proceso judicial de forma “abreviada”. Si esto pasa se bloquearía, entre otras cosas, la posibilidad de ampliar imputaciones a partir de las declaraciones de las decenas de testigos que iban a prestar testimonio. Es decir, los responsables políticos que nunca fueron citados a declarar podrían respirar tranquilos y la verdad de lo que sucedió quedaría enterrada sin ningún tipo de comprobación judicial.
Esta mañana integrantes de las asambleas de inundados y de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inundación (AFAVI) realizaron una conferencia de prensa junto a sus representantes legales para denunciar esta situación así como también la impunidad que rodea la causa. En ese marco, focalizaron en quien consideran es el principal responsable de haber llegado a este punto: el fiscal Jorge Paolini.
Las críticas a su desempeño vienen desde la etapa de instrucción de la causa y la posterior elevación a juicio. Tal como había adelantado Pulso Noticias, después de analizar los 12 cuerpos del expediente, Paolini decidió imputar sólo a dos personas: el mencionado Lezana, y el ex titular de Defensa Civil Provincial de ese entonces, Miguel Ángel de Lorenzo. Pero este último falleció a principios de este año, por lo que en el banquillo de los acusados sólo habrá una persona.
“En el 2015 hicimos una presentación judicial exhaustiva donde analizamos las responsabilidades y pedimos se cite a indagatoria al ex Gobernador Daniel Scioli, al ex intendente Pablo Bruera, al ex Ministro de Infraestructura Alejandro Arlía, al ex Ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, al ex Ministro de Salud Alejandro Collia, al ex Jefe de Gabinete Municipal Santiago Martorelli y al ex Secretario de Gestión Pública Enrique Sette. Nosotros le dijimos a Paolini por qué había pruebas para imputarlos. Pero no tomó nada de todo eso porque trabajó concienzudamente para garantizar la impunidad. Ese camino de impunidad lo empezaron a transitar en abril mismo de 2013”, explicó Sofía Ballesteros, integrante del Colectivo de Abogados/as Populares La Ciega, patrocinante de AFAVI.
La semana pasada las abogadas querellantes se presentaron en la sede de la fiscalía, esperando ser recibidas por la fiscal María Victoria Huergo, quien había sido sorteada para ocupar ese rol en el juicio, ya finalizada la etapa de instrucción. Sin embargo, se llevaron una sorpresa: el que las atendió fue el propio Paolini. Huergo declinó la posibilidad de tomar el cargo alegando que tenía mucho trabajo, y el fiscal que instruyó la causa vuelve a tomar otra vez ese lugar.
“No es casual que para aceptar o no este juicio abreviado, ha vuelto a tomar las funciones de fiscal el mismo Paolini. Se había sorteado a una fiscal que ahora se apartó. Acá la impunidad tiene que ver con una ejecución desde arriba, de todo el Ministerio Público Fiscal. Paolini viene acá a terminar su trabajo de encubridor”, señaló la abogada Claudia Ferrero de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), patrocinante de las asambleas de Tolosa, Parque Castelli y otros vecinos particulares damnificados.
El juicio abreviado implica que Lezana tiene intenciones de manifestar su culpabilidad por el irrisorio cargo que se le imputa: incumplimiento de funcionario público. “Se lo acusa de ser negligente en todo el periodo en que ejerció su funciones, pero no hay una imputación directa sobre las acciones de ese día”, explicó Ferrero. De esta forma, el ex funcionario podría ser penado con una multa de hasta $12.500 y a inhabilitación para ejercer cargos públicos de hasta un año.
Pero el verdadero peligro de que el juicio sea abreviado es otro. “Más allá de que sea una burla que se haya imputado por un hecho tan terrible y dramático solo a dos personas, lo cierto es que la realización del juicio oral y público era una oportunidad histórica para que en el mismo aparecieran nuevas responsabilidades” remarcó Ballesteros, e indicó que al abreviarse el proceso los testigos no podrán declarar, por lo que “se pierde la posibilidad de brindarle la voz a las personas que sufrieron en carne propia las consecuencias de esta inundación”.
A su vez, aseguró que se bloquea la chance de que “todas las personas interesadas puedan ir a escuchar este juicio oral y público. De hecho habíamos hablado con la jueza (Claudia Grecco) para que buscara una sala grande y poder garantizar así que todas las personas que quisiesen pudieran estar presentes ahí, escuchando a los testimonios, porque iban a estar ahí también las personas que realizaron los distintos informes que fueron muy importantes para ver qué había sucedido y para poder deslindar responsabilidades”.
“Lo que les interesa es eso, que él asuma la culpa y no se abra la causa a prueba. No quieren ser evaluados públicamente por la sociedad, porque el juicio en algún punto abría esa posibilidad de que las víctimas hablen. Porque lo que pasó tiene responsables de carne y hueso, no fue sólo una catástrofe natural como nos quiere convencer el fiscal Paolini”, concluyó la abogada integrante de La Ciega.
En el mismo sentido, Ferrero fue tajante: “Se ha completado un plan criminal de encubrimiento que termina posiblemente con la asunción de responsabilidades del ahora único imputado, con una pena irrisoria”. En tanto, detalló que una de las formas en que esto podría modificarse “es que el fiscal Paolini sea apartado asumiendo su falta de objetividad, y que el Ministerio Público Fiscal tenga realmente la decisión de investigar. Hay una base para hacer una imputación que cualquier fiscal que tuviera la voluntad de abocarse a la causa podría avanzar. La fiscalía general tendría que abocarse a estudiar el expediente y expedirse si coincide con el criterio del fiscal Paolini o no”.
Tanto las abogadas como las integrantes de las asambleas de inundados no dejaron de mencionar su rechazo a la participación de la Municipalidad de La Plata como querellante en la causa. En ese sentido, mencionaron las dos muertes ocurridas durante el temporal de enero de 2018 y que todavía no existe un plan de evacuación y contingencia ante este tipo de hechos, como parte de las continuidades entre las políticas de la gestión anterior y la actual de Julio Garro en la Intendencia y María Eugenia Vidal en la Gobernación.
Hasta el momento no está definida aún la forma en que se realizará el proceso judicial, decisión que está en manos de la jueza, por lo que las letradas querellantes adelantaron que estarán realizando presentaciones durante los próximos días para buscar que se lleve a cabo el ansiado juicio oral y público.
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