Autoridades de la Marina dieron la orden de iniciar una selección para la “trituración” de documentos preservados en el Archivo General de dicha fuerza. Archivistas, abogados, activistas y organismos empezaron a presentar sus denuncias. Los archivos son esenciales para causas como ESMA, Bahía Blanca y Mar del Plata
La reciente orden emitida por la Armada Argentina para la depuración y posible destrucción de documentos preservados en el Archivo General de la Armada ha generado una (nueva) profunda preocupación entre archivistas, especialistas en derechos humanos, organizaciones, activismo y juristas.
Según la nota oficial GDE NO-2025-02875814-APN-SGNA#ARA, la medida afecta a los documentos almacenados en la sede de la calle Bolívar 1622, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se resguardan más de ocho kilómetros lineales de documentación histórica y judicialmente relevante.
La Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA) manifestó su preocupación e instó a las autoridades de la Armada a cumplir con los procedimientos archivísticos estandarizados internacionalmente, además de la normativa vigente en nuestro país, como el Decreto N° 1131/16, que regula la evaluación documental. La AFPA enfatizó la necesidad de preservar documentos de valor permanente, especialmente aquellos vinculados a la memoria institucional y a graves violaciones a los derechos humanos.
En la misma línea, la periodista Luciana Bertoia, en su nota “Los Archivos del Terror” publicada en Página/12, advirtió que esta medida podría comprometer pruebas fundamentales para las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Organismos de derechos humanos y abogados alertaron en la nota que la eliminación de documentos podría afectar el avance de causas judiciales clave, como las que investigan los crímenes perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se estima que alrededor de 5000 personas estuvieron cautivas.
Según informó Página/12, la cúpula de la Marina decidió, mediante una resolución reservada, trasladar el Archivo General de la Armada al Garage Central, ubicado en Retiro, cerca del Edificio Libertad y de los tribunales de Comodoro Py. Algunas fuentes sugieren que esta reubicación podría estar relacionada con intereses inmobiliarios vinculados al gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Las tareas de “depuración” comenzaron en los primeros días de enero, y el traslado de la documentación estaría previsto para febrero.
El abogado querellante Pablo Llonto presentó una solicitud en el marco de la megacausa ESMA para que, de manera urgente y aún en feria judicial, se dicte una medida de no innovar sobre todo el archivo de la Armada. Además, reclamó que se cite al ministro de Defensa, Luis Petri, y al jefe de la Marina, Carlos María Allievi, para que brinden explicaciones. Llonto advirtió que está en peligro todo el archivo de la fuerza: legajos, documentos de inteligencia, reglamentos, fotografías, planos, organigramas e informes del período 1976-1983 y posteriores. “De impedirse el acceso a las y los trabajadores de dicho archivo y paralizarse el trabajo del mismo a raíz de esta orden arbitraria e ilegal dada por parte del ministro y el jefe de la Armada, ello producirá un claro perjuicio en los derechos de las víctimas”, señaló el abogado a Bertoia.
También el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anticipó al diario que realizará una presentación de denuncia y para preservar esta documentación.
Los archivos en poder de la Armada también son esenciales para otras causas judiciales, como las que investigan delitos cometidos en Bahía Blanca y Mar del Plata, donde la fuerza naval tuvo un rol central en secuestros, torturas y desapariciones. Cualquier alteración o eliminación indebida de documentos podría generar “baches” en estos expedientes y dificultar el acceso a la verdad y la justicia.
La comunidad archivística, organismos de derechos humanos y especialistas en la materia reiteraron la necesidad de garantizar la conservación y acceso a la documentación histórica, en resguardo de la memoria y la justicia. La memoria de la sociedad y la lucha serán clave para evitar la pérdida de documentos fundamentales para la historia reciente del país.
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