Luego de que el gobierno nacional anunciara la implementación de un “protocolo para el mantenimiento del orden público”, en la “Primera Maraña” dialogamos con María del Carmen Verdú, referente de CORREPI. “Bullrich lo dijo en campaña, vamos a hacer lo mismo pero más rápido y más profundamente. Ahora tiene las condiciones para hacerlo”, afirmó
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el último jueves “un protocolo para el mantenimiento del orden público”, más conocido como “protocolo antipiquetes” con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos.
“Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple”, dijo Bullrich.
La funcionaria indicó que “si hay un delito flagrante” las fuerzas federales podrán intervenir “de manera inmediata” de acuerdo con “los códigos procesales vigentes”. “Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal”, sostuvo.
Ese artículo establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Distintos dirigentes y organizaciones políticas repudiaron el protocolo al considerarlo como una amenaza a gremios y movimientos sociales en un contexto en donde las brutales medidas de ajuste de Milei avizoran un incremento de la conflictividad social.
En ese contexto, desde la “Primera Maraña” dialogamos con María del Carmen Verdú, abogada y una de las fundadoras de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
Respecto de los alcances que puede tener esta medida lanzada desde el gobierno, para Verdú “basta con recordar lo que ocurrió con la anterior gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad”. “En febrero de 2016 hubo un anuncio casi idéntico a este, con los mismo argumentos, con esa misma voz haciendo referencia a escarmentar a quienes se atrevan a protestar, a salir a la calle a reclamar un derecho, que justamente también se lo llamó protocolo antipiquete”, indicó.
“Bullrich lo dijo en campaña, vamos a hacer lo mismo pero más rápido y más profundamente. Ahora tiene las condiciones para hacerlo porque tiene un gobierno nacional todavía más reaccionario que el que ella integró”, afirmó la militante antirrepresiva en el aire del programa coproducido por Pulso Noticias y Radionauta.
Acerca de la legalidad del protocolo, señaló: “Legal es lo que dicen las leyes que es legal, pero otra cosas es si es legítimo, otra cosas es si es justo, otra cosas es si violenta otros principios superiores”.
Consultada sobre la inclusión del Servicio Penitenciario Federal, como una de las fuerzas que podrían tomar intervención, dijo que “lo del SPF es una novedad” y remarcó “lo que acaba de suceder a través de un decreto presidencial, de reestructuración del gabinete del presidente, donde el SPF pasó del área de Justicia, donde estuvo siempre desde 1983, al área de Seguridad, donde nunca estuvo”.
“Eso lo estuvimos advirtiendo, señalando la enorme gravedad de que, si bien nadie discute que es una fuerza de seguridad, al pasar de cartera lo que se está abandonando es la función propia que es la custodia, cuidado y guarda de las personas privadas de la libertad dentro de lo que no deja de ser una expresión de deseo más que algo práctico, que es la resocialización y rehabilitación”, manifestó Verdú.
“Por lo menos al estar en Justicia podés reclamar algo, al pasar a seguridad esa impronta desaparece por completo, se la equipara a cualquier otra fuerza cuyo objetivo es el orden interno y no el cuidado de una persona”, agregó la referente de CORREPI.
Por último, se refirió a qué estrategias pueden adoptar las organizaciones populares, políticas y sociales, para quienes la calle es el espacio donde manifestarse frente a la profundización de las políticas de ajuste. “Lo primero que tenemos que pensar es que no tiene mucho sentido salir con declaraciones rimbombantes y de mucho impacto, de ‘si tengo que dejar la vida en la calle la dejo en la calle’. Acá de lo que se trata es de que el epitafio que nos toque en el cementerio no diga ‘fue por boludo’”, aseguró Verdú.
“Entonces hay que revisar los protocolos de seguridad, hay que ser serios, hay que organizarse bien, hay que eludir riesgos, hay que prevenir riesgos, hay que asegurar la asistencia posterior, ahí es donde juega un rol CORREPI, como siempre. Y, por sobre todas las cosas, responder de conjunto, de manera organizada y coordinada para tener mucha mayor fuerza”, concluyó.
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