Una investigación, llevada adelante por el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario, constató un alto número de enfermos y muertos por cáncer en ocho localidades de Santa Fe expuestas a los plaguicidas. Reclaman políticas públicas y mayores controles. Hablamos con Facundo Fernández, uno de los responsables de este trabajo
¿Cuántos dólares vale la vida de una persona? ¿A cuántas toneladas de soja, maíz o trigo equivale el padecimiento de poblaciones expuestas a las fumigaciones con plaguicidas?¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar para sacrificar nuestra salud y nuestros territorios? Son preguntas que se repiten y que se tornan mortificantes ante la reproducción de un modelo productivo (con la agroindustria como nave insignia) que genera cada vez mayores desigualdades, no reduce los niveles de pobreza, contamina y provoca la muerte.
En relación a ello, vale la pena traer una vez más a estas páginas las consideraciones del abogado ambientalista Enrique Viale y la socióloga Maristella Svampa, quienes en su libro “El colapso ecológico ya llegó” definen al agronegocio como “nuestro Chernobyl Criollo, que ilustra como pocos uno de los temas más obturados por los gobiernos y los actores económicos involucrados”.
“Las cosechas récord y el boom de la carne argentina en el mundo han venido de la mano de la destrucción masiva de bosques nativos, de la degradación acelerada de los suelos, de la contaminación del agua y de los pueblos fumigados con agrotóxicos” señalan los autores, a lo que agregan que el agronegocio “se ha convertido en el mayor problema socioambiental de nuestro país por su extraordinaria extensión y proporción de ocupación territorial”.
En ese marco se inscriben los alcances de la investigación realizada por los profesionales del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (INSSA-UNR), quienes a principios de febrero publicaron un trabajo científico que confirma que la población expuesta a la fumigaciones aumenta el riesgo de padecer cáncer.
El trabajo, realizado por los investigadores Damián Verzeñassi, Facundo Fernández, Alejandro Vallini, Lisandro Ferrazini, Marianela Lasagna, Anahí Sosa y Guillermo Hough, abarcó un total de 27.644 personas, aproximadamente el 68% de la población total de ocho distritos rurales de la provincia de Santa Fe.
A través de la modalidad de los “campamentos sanitarios” (Ver aparte: De la experiencia exitosa al silenciamiento), realizados entre 2010 y 2019 como Examen Final de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, se recogió la información en las localidades de Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes y Villa Eloísa.
Se trata de poblaciones que se ubican a una distancia de entre cero y 500 metros de los campos donde se realizan las aspersiones, en una zona en la que el 80% de la superficie se encuentra sembrada por maíz, soja y trigo.
Las resultados alcanzados, publicados en la revista Clinical Epidemiology and Global Health (Epidemiología Clínica y Salud Global), son contundentes: “Vivir en pequeñas ciudades rurales cercanas a las aplicaciones de Plaguicidas Agrícolas tiene un impacto negativo en la salud, es decir, en los resultados del cáncer”, afirman los investigadores.
En diálogo con Pulso Noticias, Facundo Fernández, médico, e integrante del INSSA y uno de los responsables de este trabajo, se refiere la importancia de los resultados obtenidos: “A nivel internacional hay mucha información vinculada a distintos pesticidas a través de pruebas en el laboratorio con líneas celulares, con animales, con embriones, que tenían impacto negativo en la salud. ¿Qué ocurre? Todo ese tipo de muestreo no se puede hacer con seres humanos, entonces parte de los argumentos de quienes defienden este tipo de tóxicos liberados al ambiente es que todo eso no está demostrado en humanos y que los venenos no llegan a las comunidades. Pero nosotros sabemos, porque en la Argentina hay múltiples estudios, que los plaguicidas se encuentran en muestras de aire; en muestras de suelo; en muestras de agua, de la lluvia, de los ríos, de lagunas; en nuestra propias comidas”.
En la misma línea señala: “Lo único que nos quedaba por demostrar es lo que sucede en las localidades que están más expuestas, porque en realidad todos hoy estamos expuestos a estos plaguicidas, porque nos llegan de distintas maneras, pero para quienes viven en las poblaciones donde la distancia a los campos fumigados es menor a 500 metros en su mayoría y menor a 1000 metros en la totalidad, el nivel de exposición es mucho más alto. Entonces lo que nosotros hicimos fue poder tomar la información de lo que había sucedido durante esos años de los campamentos sanitarios y compararlo con lo que sucedía a nivel nacional. Y lo que confirmamos es que en esas localidades que están expuestas a plaguicidas, la gente y sobre todo la gente joven que era lo que más aparecía en el relato de la comunidad, enferma de manera distinta y muere de manera distinta que en el resto del país. Entonces, vivir en pueblos fumigados está confirmado que genera más posibilidades de enfermar y de fallecer por cáncer que si vivís en otra región del país. Esa es la confirmación, lo que sospechábamos, ahora podemos decir que sucede”, afirma.
Datos “expuestos”
Los índices comparados entre los ocho pueblos seleccionados y las cifras generales de Argentina en relación al cáncer fueron: la tasa de incidencia (cantidad de casos), las muertes por esta enfermedad cada 100 mil habitantes y el porcentaje de muertes por cáncer en relación a otras causas de fallecimiento En los tres ítems los resultados fueron concluyentes.
La incidencia de cáncer fue significativa, a partir principalmente de la población femenina. En la población femenina de estas ocho localidades fue 66% más probable sufrir algún tipo de cáncer durante el último año en comparación con la población general del país.
La presencia de los distintos tipos de cáncer también fue mayor en estas localidades que en el resto del país. De esta manera, la incidencia de cáncer de mama, colon, pulmón, útero, laringe, riñón e hígado, entre algunos de los ejemplos, fueron mayores que en la población general, con la excepción del cáncer de próstata que fue mayor a nivel nacional.
En cuanto a los decesos, los investigadores puntualizaron que para el análisis de los datos se estableció un período de nueve años, entre 2005 y 2013, por tratarse del período en el que se contaba con información de los campamentos de esas ocho poblaciones. También se buscó que las localidades sean similares en cuanto a la territorialidad y al modelo productivo.
Lo relevado durante ese período permitió determinar que en la población joven (15 a 44 años) la probabilidad de morir por cáncer en estas localidades fue mayor que en la población general del país. Se estima que la probabilidad de morir por cáncer es 2,77 (hombres) y 2,48 (mujeres) veces mayor para la población joven de estas localidades en comparación con la población joven del resto del país.
Además, al observar el porcentaje de fallecimientos por cáncer cada 100 mil habitantes, se observó que en las ocho localidades el 30% de los fallecimientos fue debido a cáncer, mientras que a nivel nacional la cifra fue mucho menor, 19,8%.
La mortalidad por cáncer en la población joven de estas localidades es 2,5 veces mayor que la del resto del país, y en adultos mayores 1,5 veces más que en la población general.
El número de muertes por cáncer en mujeres jóvenes representó el 49%, mientras que a nivel nacional es el 25,1% de las muertes totales. En cuanto a mujeres mayores de 45 años, en los pueblos expuestos a los tóxicos representa el 27,9% por ciento de las muertes totales. Mientras que la media nacional es de 18,6%.
Para varones de entre 15 y 45 años, los casos de cáncer registrados en los pueblos fumigados llega al 20% de las muertes totales, mientras que el índice nacional fue de 9,1%. En cuanto a los varones mayores de 45 años, el número en zonas alcanzadas por los pesticidas llega al 31,8%, frente al 20,8% a nivel nacional.
Además de los datos reflejados, Facundo Fernández, advierte que “la exposición no es sólo a un plaguicida, sino que los plaguicidas a los cuales están expuestas las comunidades son múltiples, muchas veces se potencian, lo que se llaman ‘sinergismos’. Entonces cuando estamos expuestos a dos, tres o más plaguicidas no sabemos si el efecto va a ser de tipo sumatorio o si vamos a tener un efecto muchísimo más ampliado, lo cual es imposible de determinar en las pruebas de laboratorio que se hacen para la aprobación de estos químicos, porque se prueban individualmente. Entonces cuando se liberan al ambiente no saben lo que termina pasando tanto en la salud de las comunidades como en la salud ambiental y de los animales”.
“La aprobación de los tóxicos que se liberan al ambiente se da por los estudios hechos por las propias empresas, estos estudios nosotros consideramos que no son estudios científicos porque siguen una metodología científica pero les falta algo que es central, que es la evaluación de estos estudios por pares. Hemos visto, a su vez, que hay estudios a nivel internacional, como se reflejó en el caso de Monsanto Papers, que han sido manipulados para que los resultados arrojen lo que las empresas querían que arroje. Nosotros consideramos que esos estudios evaluatorios no son suficientes, que además se testean en animales y que cuando se liberan en el ambiente no actúan solos sino que actúan muchas veces potenciándose”, remarca el investigador.
Cambiar el modelo
El estudio plantea la necesidad de llevar adelante políticas públicas que refuercen el control y la prevención sobre las fumigaciones y la aplicación de agroquímicos, y la urgencia de utilizar el principio precautorio. “Para evitar que esto genere daños en las comunidades necesitamos tener regulaciones estrictas. hoy por ejemplo, la provincia de Santa Fe tiene un ley fitosanitaria que data del año ‘95, para ese año en Argentina ni siquiera se había aprobado la soja transgénica y no se había maximizado el uso de glifosato como el que hoy tenemos, donde somos el país número uno en cuanto a cantidad de glifosato por hectárea a nivel mundial. Entonces claramente los marcos regulatorios tienen que cambiar”, señala Fernández a Pulso.
“En las comunas, en las localidades, hay movimientos sociales que están peleando por esto, pero muchas veces quienes son autoridades o desde las asociaciones de productores de las regiones evitan que estas medidas puedan ser llevadas adelante. Es necesario que a nivel provincial se legisle una nueva ley de fitosanitarios y después que se generen instancias de control más estrictas de las fumigaciones en lo periurbano pero también dentro de los campos, porque a 1000 metros de las localidades, dicho por los propios ingenieros agrónomos, ya nadie controla más nada y se hace lo que se quiere”, advierte.
Asimismo, considera que “necesitamos empezar a pensar políticas públicas que pueden ser provinciales o nacionales, que premien a aquellos productores que estén dispuestos a producir de otra manera. Hoy la experiencia en distintas regiones del centro del país con producciones que no dependen de plaguicidas son múltiples y son exitosas, y además van de la mano con otros beneficios, no sólo en la disminución del uso de plaguicidas o en el no uso de plaguicidas, sino en mayor utilización de mano de obra, en el repoblamiento de los establecimientos rurales”.
“Si nosotros pensamos en una agricultura al servicio de la comunidad y no en una agricultura al servicio de la producción de commodities para el mercado internacional, la política fiscal en ese sentido creo que juega un papel fundamental además del control y las regulaciones”, asegura.
Al ser consultado sobre la reciente designación de Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta (la mayor fabricante de agrotóxicos del mundo), como jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, el investigador expresa: “Hoy la matriz productiva argentina sigue una linealidad neo-colonial que no pone en discusión la explotación de nuestro territorio y el sacrificio de nuestras comunidades para seguir concentrando las riquezas cada vez en menos manos. Claramente que la designación de Aracre como jefe de asesores del presidente viene a confirmarnos que el actual gobierno, que también aprobó el trigo transgénico HB4 cuando ni siquiera el macrismo se había animado a hacerlo, piensa seguir profundizando este modelo y seguir ampliando la frontera agropecuaria en nuestro país”.
“Si nosotros no empezamos a pensar la justicia social de la mano, necesariamente, de la justicia ambiental, vamos a seguir profundizando las desigualdades y no vamos a terminar nunca de poner en discusión esta matriz productiva”, concluye.
Campamentos Sanitarios: de la experiencia exitosa al silenciamiento
El Instituto de Salud Socioambiental está conformado por profesionales de medicina, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En el año 2010 se decidió que el examen final de la carrera, la práctica final con la cual se termina la formación (que consta de un año de cursada, con una evaluación), no sea un examen oral o una prueba de múltiple choice, sino que los estudiantes fueran a pequeñas localidades de la provincia de Santa Fe -después se extendió a Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba- para, en conjunto con sus habitantes, construir los perfiles de salud de esas comunidades y que esa información sirva como una herramienta para la toma de decisiones.
Facundo Fernández refiere que “como hoy la mayoría de las estadísticas en Salud del país se construyen en base a formaciones urbanas de distritos mayores a 10.000 personas, la idea fue que el estudiante no sólo se recibiera de médico sino que en ese examen ayudara a construir una herramienta que le permitiera a la comunidad empezar a abordar las problemáticas de salud y definir políticas públicas en salud, acordes a su situación, a su particularidad. Ese proceso duró desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2019”.
Los campamentos, además del relevamiento de los problemas de salud, incluían el registro de las condiciones sociosanitarias de las personas en los hogares, de las problemáticas ambientales y la realización de talleres de abordajes de problemáticas en salud en centros comunitarios, en las escuelas, en organizaciones sociales, entre otros lugares de esas localidades. También desde allí se constituía el perfil en salud de los niños y niñas en edad escolar.
“Se buscaba construir información lo más abarcativamente posible, nosotros hablamos de perfil de salud de la comunidad porque no solamente íbamos a buscar las muertes sino los problemas de salud agudos, los problemas de salud crónicos, qué problemas de salud en cuestiones de percepción veía la gente que había en la localidad. De hecho, el vínculo que terminamos trazando fuertemente con la exposición a plaguicidas, a las fumigaciones, es a partir de que en todos los campamentos sucedía lo mismo. En algún que otro campamento había alguna industria que era focalizada como problemática en la región, pero en la mayoría de los 40 campamentos que se realizaron eran las fumigaciones, los silos, los plaguicidas, lo que a la gente le preocupaba”, explica Fernández.
de la UNR trabajando en el procesamiento de datos
La exitosa experiencia de los campamentos sanitarios tuvo su abrupto final en 2019, cuando cambiaron las autoridades de la Facultad de Medicina de Rosario. Ello además trajo consecuencias sobre parte del equipo del INSSA. Así lo cuenta el médico: “En un primer momento nos suspenden las clases en las cuales nosotros hacíamos la preparación para esos campamentos. Nosotros compartíamos con los estudiantes un espacio semanal tutorial durante nueve meses, en ese tiempo abordábamos distintas problemáticas, dentro de las cuales trabajábamos el modelo productivo, la importancia de la construcción de la información y la importancia de la información epidemiológica para la Salud Pública. Entonces los estudiantes llegaban con todo ese recorrido a las localidades. Estuvimos entre tres y cuatro meses sin poder dar clases y después de un momento para el otro nos dicen que volvamos a dar las clases para organizar el último campamento sanitario”.
“A partir de ahí las autoridades decidieron suspender las actividades. A algunos nos reasignaron, después del reclamo de muchos meses, en otras funciones docentes, y a otros hasta el día de hoy no se les asignaron funciones. Esa es la situación de la Facultad y de parte de nuestro equipo hoy en día”, relata Facundo.
Pulso Noticias: ¿Fue un castigo por la información que estaban generando o produciendo en esos lugares?
Facundo Fernández: “Yo no puedo decir que fue un castigo por eso, lo que sí puedo decir es que claramente las autoridades de la Facultad no comparten este modelo de evaluación y esta función social que nosotros consideramos que tiene la Universidad Pública en la construcción de la información. De hecho hoy el exámen final de la carrera es un examen escrito o un examen oral virtual que dura 20 o 30 minutos y ahí termina”.
PN: ¿Recibieron presiones durante el proceso?
FF: “Sí, hemos recibido presiones y agresiones, tanto desde lo académico como lo no académico, por el trabajo que realizamos durante todos estos años. Yo creo que la facultad no tiene interés en que la Universidad Pública esté aportando a la construcción de conocimientos de este modo, con las comunidades, visibilizando las problemáticas. Y en 2021, como corolario de todo esto, el Decano de nuestra facultad firmó un comunicado en donde avalaba las ‘buenas prácticas agrícolas’, así que vemos que en esta problemática no tienen la misma visión que nosotros en cuanto al impacto que esto tiene sobre la salud de las comunidades”.
Periodista - Papá primerizo y asador de departamento.
Walter Amori nació en Villa Ramallo, en 1983, pero ya lleva más años transcurridos en La Plata que en su ciudad natal. Se recibió de Licenciado en Comunicación Social en la UNLP, lugar donde además fue docente de Opinión Pública. En la capital bonaerense trabajó en prensa institucional y desarrolló tareas periodísticas en medios privados y públicos. Desde 2018 forma parte de Pulso Noticias. Anda en eso de ver de qué se trata la vida después de empalmar paternidad primeriza y dos años de pandemia. Tiene una parrilla en el balcón con poco uso.
