Organizaciones de profesionales de la salud por el derecho a decidir, feministas y de género se manifestaron frente a la sede municipal en el marco del Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir, organizaciones feministas, sociales y políticas se manifestaron hoy en la puerta de la Municipalidad con una denuncia clara: “Garro no cumple con la Ley de Aborto”.
En el marco de la convocatoria federal por el Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, decidieron visibilizar el reclamo que hicieron público a semana pasada donde relataban los incumplimientos de la Municipalidad en torno a la legislación vigente.
“Ya hace tiempo que le estamos presentando notas al intendente, a la Secretaría de Salud, porque antes de la Ley, ya no se aplicaba la ley con causales por aborto, y después de la Ley de Aborto voluntario tampoco se aplica”, explicó a Pulso Noticias María Julia Constant, integrante de la Campaña.
Según señalan el documento que difundieron, “solo en 3 de 46 Centros de Atención Primaria a la Salud se realizan consultas de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, incrementando la demanda en los hospitales provinciales de la región, que no cuentan con el presupuesto suficiente para garantizar la práctica”.
“Las personas que logran acceder recorren grandes distancias para llegar a la consulta, deben concurrir a diferentes lugares para realizarse los estudios previos, recibiendo atención fragmentada. En los CAPS donde no se cumple la ley las personas son violentadas, expulsadas sin información ni correcta derivación como lo indica la ley”, detallan.
En ese sentido, Constant remarcó: “Esto provoca que los hospitales provinciales, que tienen los mismos equipos de salud pre y post aborto tengan una mayor demanda, porque van todos a las consejerías de los hospitales provinciales, y no dan abasto, colapsan”.
“Esta ley es muy importante porque una vez que una mujer pide una interrupción voluntaria del embarazo, se necesitan 10 días corridos. Y cuando el plazo se extiende, la situación se complica mucho más”, afirmó.
Cabe recordar que un conjunto de organizaciones de derechos humanos, entre los que se encuentra el CELS, habían pedido formalmente a la Municipalidad que informara sobre el estado de cumplimiento de la legislación mencionada, y si bien la respuesta llegó con retraso, la información brindada era falsa, según denuncian las organizaciones especializadas que trabajan en el territorio.
“Tardaron un año y pico en informar. Hubo que presentar una instancia judicial que obligue al Secretario de Salud (Enrique Rifourcat) a informar y la respuesta fue que se aplica en todos los Centros de Atención Primaria a la Salud, así que Garro miente, y por eso estamos acá”, señaló la referente de la Campaña.
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