Organizaciones de profesionales de la salud por el derecho a decidir, feministas y de género, entre otras, apuntaron contra el intendente Julio Garro y el secretario de Salud, Enrique Rifourcat. Señalan que no se respeta lo indicado por la norma “ni se garantizan los derechos sexuales de les platenses”
Un conjunto de organizaciones de profesionales de la salud por el derecho a decidir, feministas, de género, políticas y sociales, denunciaron por medio de un comunicado que el Municipio de La Plata no cumple con la Ley de Interrupción del Embarazo y no garantiza el acceso a métodos anticonceptivos en todo los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad.
Según señalan en el texto, “solo en 3 de 46 CAPS se realizan consultas de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, incrementando la demanda en los hospitales provinciales de la región, que no cuentan con el presupuesto suficiente para garantizar la práctica”. “Las personas que logran acceder recorren grandes distancias para llegar a la consulta, deben concurrir a diferentes lugares para realizarse los estudios previos, recibiendo atención fragmentada. En los CAPS donde no se cumple la ley las personas son violentadas, expulsadas sin información ni correcta derivación como lo indica la ley”, detallan en el documento.
Asimismo, indican que “existe el grave problema de acceso a métodos anticonceptivos de larga y corta duración: se piden requisitos innecesarios para empezar a utilizarlos, suele haber escasez de pastillas e inyectables, y la mayoría no cuenta con implantes subdérmicos (chip) ni DIUs”.
Por otra parte, el comunicado hace referencia a la situación de los trabajadores del Municipio, reflejando que “es muy precaria”, “con sueldos bajos” y “pocos insumos”. “Tampoco se garantizan profesionales básicos para el funcionamiento de cada centro de salud, no se permite, ni se logra el armado de equipos interdisciplinarios de atención, ni articulaciones entre efectores que no pertenezcan a la intendencia de La Plata”, aseguran.
“El intendente miente”
Además de la descripción de la situación en la ciudad y la actitud por parte de autoridades municipales, el comunicado difundido por las organizaciones manifiesta que la Municipalidad de La Plata “miente en una medida judicial iniciada con Organismos de Derechos Humanos al decir que este derecho está garantizado”.
Esa acusación hace referencia a una presentación efectuada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con Amnistía Internacional Argentina en la que se requirió información sobre el grado y condiciones de acceso a la Interrupción Legal o Voluntaria del Embarazo.
La respuesta del Municipio indica que el funcionamiento de las Consejerías se da en cinco CAPS de la ciudad, de la misma manera señala que “la medicación es provista para las prácticas por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires” y se resalta que en los CAPS y en el Centro Integral de la Mujer se realizan las ecografías.
Por otra parte se afirma que “en todos los CAPS funcionan Consejerías en Salud Sexual Integral” desde donde se aborda la salud sexual reproductiva y no reproductiva, “brindando información oportuna y precisa sobre los derechos de los y las usuarias con respecto a su salud”.
El informe, que que lleva la firma del Secretario de Salud, Enrique Rifourcat, asegura también que “se articula con cada uno de los Hospitales Provinciales de referencia correspondientes a la georreferencia de los CAPS para la derivación oportuna y adecuada cuando la situación, ya sea por semana de gestación o por complejidad de la salud, amerite la intervención a esos efectores”.
A contramano de lo que se comunica desde el Municipio, las organizaciones advierten que “el 80% de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), como otros problemas de salud, pueden resolverse en los CAPS municipales cuando la gesta es menor a las 13 semanas” y en ese sentido afirman: “el intendente Julio Garro y el Secretario de Salud Enrique Rifourcat no cumplen con la ley, ni garantizan los derechos sexuales de les platenses. Esto trae como consecuencia la demora en acceder a los turnos, angustia y ansiedad de las personas consultantes que pueden exponerse a riesgos y recorridos innecesarios”.
“Con esta situación, los abortos que no resuelve el Municipio son absorbidos por los equipos provinciales de salud pública, que se encuentran colapsados en la atención para acompañar las situaciones, en un contexto general de falta de infraestructura, falta de equipos con exclusividad en estas tareas, merma en el ingreso post residencias para consejerías, pocos insumos y falta de personal administrativo”, concluyen.
El documento lleva las firmas de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. La Plata, Berisso y Ensenada; la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito Regional La Plata; Cátedra Libre Aborto: Un problema de salud pública FCM-UNLP; la Red de mujeres y diversidades en clubes deportivos. Regional La Plata; Triperxs en Manada – colectiva feminista, Agrupación Pan y Rosas; Misión de Salud Irma Carrica del Frente Patria Grande; Secretaría de Género – Asociación de Profesionales de la Salud Provincia de Buenos Aires CICOP; Marabunta – Corriente Social y Política, el Frente de Organizaciones en Lucha, Desobedientes Socorristxs La Plata; Frente Popular Darío Santillán – Corriente Plurinacional; Venganza Afectiva. Articulación lgtttbiqpnb, la Coordinadora por el Cambio Social, Marcha Mostridisidente La Plata; Aquelarre Marica VLA; El colectivo del barrio FPDS CP y XMaternidades Transfeministas La Plata
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