Ignacio Porras, nutricionista y referente de la Fundación Sanar, destaca en esta entrevista las bondades de la norma que entró en vigencia el último sábado en todo el país y está intimamente ligada a nuestra alimentación diaria
Desde el sábado 20 de agosto, algunos alimentos y bebidas exhibidos en supermercados cuentan con un etiquetado frontal que advierte al consumidor sobre el exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio, tal como establece la Ley 27.642 sancionada en octubre de 2021.
En una entrevista con el programa Primera Maraña, que coproducen Pulso Noticias y Radionauta, el Licenciado en Nutrición Ignacio Porras aporta su punto de vista sobre este momento sumamente esperado por las organizaciones que luchan por una alimentación sana, segura y soberana, como es el caso de SANAR, fundación de la que es su Director Ejecutivo.
—¿Qué nos viene a aportar esta ley?
—Nos trae el acceso a tres derechos fundamentales: el derecho a la información, a la alimentación adecuada y a la salud, los cuales se vienen vulnerando desde hace varias décadas en la Argentina por la industria alimentaria. Estamos comiendo cosas y no comida, estamos comiendo diseños industriales que tienen exceso de nutrientes críticos. Se los llama así porque están vinculados con el desarrollo de las principales causas de muertes en nuestro país, que son las enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, hígado graso, problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2. Esta ley viene a dar claridad e información para que la compra de las y los consumidores sea consciente. Cuando hablamos de etiquetado frontal hablamos de un octogono negro con letras blancas en forma de advertencia sobre el exceso de estos nutrientes. Por ejemplo, en la tabla nutricional los azúcares serán declarados, algo que hasta ahora no era obligatorio.
—El otorgamiento de prórrogas está contemplado en la ley. Según información oficial, se presentaron 2.658 solicitudes de prórrogas para la implementación de los sellos, de las cuales fueron aprobadas alrededor del 35%. ¿Se conocen los motivos por los que se dio via libre a estas prórrogas y de qué productos se trata?
—Lo que ahora se empieza a vivir es una transición, no pensemos que vamos a ver todas las góndolas con etiquetas negras porque hay un montón de factores que hacen a una cierta gradualidad para la aparición de los sellos. Hay productos que tienen que empezar a mostrar los sellos desde ahora; hay productos que están en stock y esta ley no es confiscatoria. Por otro lado, los productos que sean elaborados por pequeñas y medianas empresas la obligación recien la tienen en febrero del año que viene. No es el grueso del mercado, porque el grueso del mercado está representado por grandes empresas pero también está este factor de las prórrogas que le da a estas empresas el margen de hasta 180 días para mostrar los sellos. Hoy no tenemos acceso para saber con nombre y apellido cuál es el producto que tiene prórroga. Y eso de alguna forma complica esta transición. Me parece que cuanto más sepamos es mejor para poder comunicar a la gente y hacerla parte, porque así se logró la ley: por la lucha del colectivo de la sociedad civil, por gente que se puso la camiseta para hacerle frente a los grandes lobbies.
—¿Qué trabas debieron sortear para lograr la aprobación y -finalmente- la implementación de la ley?
—En Argentina el lobby fue incansable, en la instancia legislativa en ambas cámaras. En la Cámara de Diputados fue terrible, se hizo muy largo el tratamiento, la reglamentación también lo fue. El año pasado la ley fue una moneda de cambio, fue una forma de ejercer presión para ver desde dónde se trataba, cómo se generaba, parecía que avanzaba por el ejecutivo o avanzaba por el legislativo en función de si las empresas se sentaban a discutir los precios máximos de los productos. Y la verdad que eso de alguna manera es siniestro porque lo que están en juego son los derechos. Y hoy en día tenemos ocho grandes empresas y cuatro grandes supermercados que son los creadores de precios.
—Incluso la iniciativa tuvo varixs detractorxs que, en nombre de la pobreza que padece el país, sugirieron que no era una ley realmente inclusiva…
—Es esa falacia que plantea que ‘con el hambre que hay en Argentina no nos podemos poner a pensar en etiquetar productos’. En realidad esta ley viene a darles respuesta directamente a las personas de bajos recursos, porque justamente son las personas más expuestas a este tipo de productos. Quisieron ponerla en un lugar de ley elitista, como para quienes pueden elegir, y en realidad no es así. Se trata de articular una ley para que el Estado no llene panzas sino que nutra cuerpos. Que en definitiva se mejore la asistencia alimentaria.
—¿Cual es el mayor desafío en materia alimentaria a partir de la implementación de la ley?
—Es totalmente necesario comer mejor, que se transformen los sistemas alimentarios y que se tomen políticas públicas que acerquen a la gente a los alimentos de verdad y la alejen de estos productos que nos enferman.
ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA CON IGNACIO PORRAS EN “PRIMERA MARAÑA”
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