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martes 30-04-2024

La Corte bonaerense reconoció la crítica situación en cárceles y comisarías

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Así lo resaltó el CELS quienes también expresaron las limitaciones del fallo: “No dispone la implementación de medidas urgentes, que, en el corto plazo, puedan cambiar la tendencia instalada hace años”. Se refieren a que “la sobrepoblación sigue aumentando mientras se discute cómo bajarla”

En una nota que lanzamos el 14 de marzo entrevistamos al coordinador del Equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), para analizar la situación carcelaria de la Provincia de Buenos Aires.

Allí referíamos que el sistema provincial carcelario registra el nivel de sobrepoblación más alto de la historia. Según los datos difundidos por el CELS, hay 51.240 personas alojadas cuando la capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Bonaerense es de 24.000.

Ayer se conoció que a través de un fallo la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires reconoció esta afirmación crítica y confirmó el diagnóstico que se venía planteando respecto a las causas de la histórica sobrepoblación.

En un comunicado el CELS expresó: “El uso abusivo de la prisión preventiva y las modificaciones legislativas para restringir libertades entre otros factores, generaron en los últimos 10 años una sobrepoblación sin precedentes en el Sistema Penitenciario Bonaerense, lo que a su vez derivó en otro problema de extrema gravedad: el uso de las dependencias policiales como lugares de encierro permanente”. Esta situación actual es caracterizada por la Corte como un “estado de cosas inconstitucional” que debe ser remediado. 

En los últimos diez años la población alojada en el Servicio Penitenciario Bonaerense creció un 44%. Actualmente -indicó el organismo- supera las 50 mil personas, en un sistema que tiene capacidad para alojar algo más de 25 mil personas. Es decir, la ocupación se encuentra por encima del 200%. En las comisarías provinciales hay más de 4.400 personas alojadas, lo que representa un crecimiento del 397% en el mismo lapso de 10 años. En muchas dependencias policiales, la situación de hacinamiento y falta de condiciones mínimas implica una grave violación a los derechos humanos. 

Como análisis a la sentencia emitida por la Corte, el CELS resaltó la existencia de distintos procesos de trabajo para diseñar e implementar posibles soluciones a este escenario.

Limitaciones al fallo

En ese sentido expresaron que el fallo “no dispone la implementación de medidas urgentes, que, en el corto plazo, puedan cambiar la tendencia instalada hace años por la que la cantidad de personas que ingresan al sistema siempre supera la cantidad de personas que salen” destacaron y dijeron: “Así, la sobrepoblación sigue aumentando mientras se discute cómo bajarla”.

Desde el organismo se refieren a “cambiar la tendencia”: a saber: Según datos del Registro Único de Detenidos, en 2019 ingresaron 47.028 personas al sistema, un 57% más que en 2012. En el primer semestre del 2021, por cada egreso del sistema se registraron 1,21 ingresos lo que explica el crecimiento de la tasa de encarcelamiento provincial

“Es urgente modificar esa tendencia: tienen que salir más personas de las que entran, si no, no existe posibilidad de empezar a disminuir la sobrepoblación. Revertir este grave panorama requiere no solo una intervención activa por parte del Poder Judicial, sino un compromiso político por parte de los tres poderes del Estado”.

Antecedentes del fallo

El 14 de mayo de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había resuelto que las medidas ordenadas en su sentencia de 2005 en el marco del habeas corpus colectivo Verbitsky se encuentran vigentes e incumplidas y estableció explícitamente que, por estas razones, el caso no está cerrado. Luego de la reapertura formal a nivel provincial, se abrió una instancia de trabajo en la causa judicial con participación de múltiples actores, que se extendió de julio a diciembre de 2021. El 3 de mayo del 2022 la Suprema Corte dictó esta primera sentencia donde se posicionó sobre la situación estructural de violaciones de derechos humanos existente en el sistema de encierro provincial y reconoció tanto el grave escenario, como sus causas.

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