La sobrepoblación carcelaria en la Provincia de Buenos Aires está en su máximo histórico y la situación es cada vez más crítica. La construcción de más unidades penales lejos de ser una solución, no resuelve el problema. Reclaman cambios concretos en las políticas de Estado
“Estamos en un nivel absolutamente irracional de encarcelamiento”, describió a Pulso Noticias Mariano Lanziano, coordinador del Equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la hora de referirse a la situación carcelaria de la Provincia de Buenos Aires.
El sistema provincial registra en este momento el nivel de sobrepoblación más alto de la historia. Según los datos difundidos por el CELS, hay 51.240 personas alojadas cuando la capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Bonaerense es de 24.000.
Pero además, de estas personas hay 4.700 que están detenidas en comisarías. “Son quienes se encuentran en las peores condiciones. El 40% está alojada en calabozos que fueron clausurados judicialmente”, remarcó Lanziano.
Estos datos fueron aportados por el CELS en la audiencia convocada por la Suprema Corte bonaerense el pasado 16 de febrero, en función del pedido de la Corte Suprema de la Nación efectuado en mayo del año pasado en donde insta al tribunal provincial a tomar medidas concretas ante este escenario.
Aquel pedido de la Corte nacional, fue una respuesta a la presentación realizada en 2014 por el Consejo de Defensores Generales de la Provincia de Buenos Aires ante el incumplimiento del fallo “Verbitsky” dictado por la Corte Suprema en 2005.
En dicha sentencia, el máximo tribunal había dado instrucciones para terminar con las múltiples violaciones a los derechos humanos que el hacinamiento provocaba. Diecisiete años después la situación no sólo no mejoró, si no que empeoró con creces. Según los datos del CELS, entre el 2012 y el 2020 la población penitenciaria total pasó de 30 mil personas detenidas a casi 50 mil.
“Esto a su vez repercutió sobre el uso de las comisarías como espacio de encierro permanente: la cantidad de personas alojadas en comisarías aumentó un 426% en ese lapso, y alcanzó un pico de 5.661 en noviembre de 2020. Hoy se mantiene en niveles intolerables”, remarcaba el organismo en mayo del año pasado.
A la espera de un nuevo fallo de la Corte bonaerense
En la mencionada audiencia convocada por la Suprema Corte Bonaerense a mitad de febrero se comunicaron las conclusiones realizadas por distintos grupos de trabajo integrados por todas las partes involucradas en el habeas corpus que había dado lugar al fallo Verbitzky.
“Ahora lo que quedaría es que la Corte provincial resuelva en una sentencia qué medidas va a tomar para reducir efectivamente la superpoblación y sobre todo dejar de utilizar las comisarías como lugares de detención permanente”, afirmó Lanziano.
El encierro como única respuesta
“La sobrepoblación es la consecuencia de un montón de otras violaciones a los derechos humanos. Violaciones al debido proceso, el uso indiscriminado de la prisión preventiva como regla y no como excepción, el encierro como única respuesta del sistema a cualquier demanda de inseguridad de la sociedad. No hay otra respuesta que da el Estado que no sea encerrar a las personas, no hay medidas alternativas, no están ni siquiera pensadas”, explicó el integrante del CELS.
En ese sentido, agregó: “eso tiene como consecuencias la acumulación de personas en lugares que no están en condiciones mínimas. Pensemos que una comisaría no tiene ni infraestructura ni los espacios de educación, de descanso, ni los espacios abiertos, ni la ventilación, ni los sanitarios, ni el sistema de comida, ni el sistema de visitas. Eso es un problema de violación de derechos de las personas que están alojadas ahí, y de problemas que le genera incluso a la Policía que no tendría que estar vigilando personas detenidas, si no trabajando de policías en términos de prevención”.
“Una comisaría tiene una infraestructura para tolerar una demora de una persona previo a ingresar al sistema penal de tres horas. Pero no está preparada para alojar permanentemente 40 personas como está pasando en algunas comisarías del conurbano”, remarcó.
Medidas para revertir el problema
Sobre las acciones que podrían modificar la situación, Lanziano señaló: “las principales tienen que ver con revisar las razones por las cuales las personas ingresan al sistema, y las razones por las cuales egresan del sistema. En los últimos años hubo una mirada muy punitiva de tratar de reducir cualquier tipo de salida alternativa a la prisión, incluso para pulseras electrónicas”.
“Nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales dan la posibilidad de reinserción social, otorgando la posibilidad de salir un poco antes con determinados controles. Pero como los controles no funcionan del todo bien, directamente se opta por restringir absolutamente todas esas posibilidades. Entonces ahí tenés un problema: hay que repensar la política criminal”, aseguró.
El otro problema, detalló, es el abuso de las prisiones preventivas: “tenemos un 50% de presos preventivos en la Provincia de Buenos Aires, que no sabemos si son responsables o no, si son culpables o no. No hay medidas alternativas, y eso es en todos los eslabones en donde se tiene que decidir”.
“La idea es tratar de reconstruir ese camino, pensando en un camino que garantice una evaluación seria de las posibilidades de riesgo que pueda tener esa persona. Y a partir de eso decidir si esa persona tiene que estar privada de la libertad o no, y sobre todo pensar si hay alternativas como prisiones domiciliarias, que requieren un control sobre las personas y no sobrecargan el sistema”, indicó.
La pandemia potenció la situación
En abril del 2020, al comienzo de la pandemia de COVID-19, teniendo en cuenta la situación de sobrepoblación y hacinamiento, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia había ordenado el arresto domiciliario de las personas privadas de su libertad que estén condenadas por delitos leves, en respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por defensores generales.
Pocas semanas después la Suprema Corte bonaerense revocó ese fallo. “Lo que sucedió fue un efecto inverso: se dejó de liberar incluso a quienes se liberaba normalmente. Entonces lo que tenemos es por ejemplo datos que indican que durante 2020, que fue el primer año de pandemia, hubo menos libertades aún, en contra de todo lo que se dijo mediáticamente que se había liberado un montón de gente. Hubo menos libertades aún en Provincia de Buenos Aires que durante 2019, que fue un año donde no había pandemia”, señaló el integrante del CELS.
“La sentencia de la Corte que revirtió el fallo Violini generó un efecto incluso negativo respecto de las libertades que normalmente se daban. Tenemos un escenario de más restricción aún que previo a la pandemia”, apuntó.
Lanziano insistió en que la respuesta no puede seguir siendo la construcción de unidades carcelarias: “ya lo decía el primer fallo Vertibzky en 2005: con este nivel de encarcelamiento no hay inversión en cárceles que alcance. Estamos en un nivel absolutamente irracional de encarcelamiento que no piensa de ninguna manera en la efectividad de la persecución penal, ni siquiera en la efectividad de la seguridad de los ciudadanos. Lo único que se piensa es, desde lo demagógico, buscar encarcelar al extremo. El Poder Judicial responde únicamente encarcelando. Si esa es la tendencia, no hay presupuesto que alcance”.
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Periodista y Licenciado en Comunicación Social. Sagitario en casa diez, ascendente en Piscis y luna en Capricornio. Buena mano para el mate. Trabajó en Infoanpress; diario Hoy; Agencia La Provincia; revista Avanzada Sindical; revista La Tecla y colaboró en ANRed. Escribe en secciones como Política, Derechos Humanos, Interés General y Socio Ambiental. Un poco sindicalista. No es tímido, nomás le cuesta entrar en confianza.
