El Municipio busca que las manifestaciones dejen “un carril libre”

El bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante volvió a insistir en intentar regular la protesta social a través del nuevo Código de Convivencia. Además, plantea establecer sanciones ejemplificadoras a partidos políticos, gremios u ONGs que participen en acciones donde resulte dañado el espacio público

Por David Barresi

Este lunes por la mañana se reunió la Comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos del Concejo Deliberante, de manera virtual, para seguir tratando el polémico proyecto de Código de Convivencia que impulsa el intendente Julio Garro.

En este caso, el debate giró por las restricciones que plantea la iniciativa a las manifestaciones, a las que les exige dejar “un carril libre para la circulación”. Además se abordó la responsabilidad que se busca establecer sobre las entidades con personería jurídica (sean partidos, gremios, ONGs o clubes) a la hora de las actividades -sean protestas o festejos- en donde resultare dañado el espacio o patrimonio público; y sobre la posibilidad de incorporar la figura de la mediación.

“Estamos dando el mensaje de que hay cosas que queremos que funcionen de otra manera. Que nos acostumbremos a comportarnos de otra manera. Es un cambio cultural el que estamos proponiendo”, afirmó la concejala y presidenta de la comisión, Romina Cayón (Juntos por el Cambio), en referencia a los puntos planteados.

Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante Ileana Cid, reforzó: “Así como hay derecho a peticionar, también hay derecho a transitar. Planteamos la coexistencia de estos derechos”.

Como contraposición, fueron dos los concejales del Frente de Todos que participaron de la Comisión, Facundo Albini y Guillermo “Nano” Cara, quienes afirmaron que es “impracticable” una norma de este tipo en la ciudad.

“Es muy difícil sobre una norma de tránsito querer regular el conflicto social. La ciudad de La Plata, por ser capital de la Provincia, tiene movilizaciones que no son propias de la ciudad. Eso también complejiza el tema”, señaló Cara.

En tanto, Gastón Crespo, del unibloque del GEN, si bien no se mostró en contra de que la prohibición del corte total quede en la normativa, señaló que “no siempre conviene dejar un carril libre, sobre todo cuando hay movilizaciones de 15 mil o 20 mil personas, puede ser incluso un riesgo”.

En ese sentido, Cayón indicó que en caso de que la movilización fuera multitudinaria “el Municipio aceptaría el corte total”. A su vez, aclaró que el artículo que instaba a las organizaciones a “pedir permiso” al Municipio para realizar protestas, fue quitado del proyecto, ya que figura en otra ordenanza referida al uso del espacio público (aunque en los hechos se utiliza para los permisos a la hora de realizar una actividad en un parque o espacio público, y no para las movilizaciones).

Las personerías y las responsabilidades

El Subsecretario de Gobierno municipal, Nicolás Morzone, fue el encargado de explicar lo referente a la intención de generar un agravante en los casos en que se produzcan daños en el marco de festejos o movilizaciones, y estos puedan atribuirse a partidos políticos, gremios, ONGs, clubes y otras entidades con personerías jurídicas.

En primer lugar, señaló que en la nueva redacción del proyecto todo lo referido a las prohibiciones de realizar grafitis que afecten fachadas públicas o privadas, o al mobiliario urbano “se sustituyeron por trabajo comunitario o talleres de convivencia ciudadana ligados al espacio público”. Además, recordó que “muchas estas figuras ya están presentes en el Código de Faltas”.

Pero remarcó que en el caso de que estas acciones, así como también la quema de gomas, sean realizadas por entidades con personería jurídica, la pena es agravada. “Agregamos el agravante a la sanción cuando el daño es provocado como consecuencia a una acción ligada a partidos políticos, ONGs, gremios. Consideramos que hay un deber y un compromiso en cuanto al fortalecimiento ciudadano mucho más importante que un ciudadano de a pie”, afirmó.

Sobre este punto, el concejal Cara se manifestó en contra: “Me preocupa que se responsabilice a entidades legales por la actuación de particulares. Es muy complejo. Responsabilizar a un partido o sindicato por acciones de particulares es complicado porque ¿cómo podés establecer que esos particulares son la encarnadura de esa personería jurídica? Esto ya es muy complejo hasta para el Código Penal, excede a un código contravencional”.

A lo largo de la reunión, la forma en la que se identificaría a las entidades que serían responsables de “los daños” no quedó demasiado clara. A su vez, Crespo recordó que muchas veces no es posible identificar una organización o partido detrás de la convocatoria, como los casos de convocatorias multisectoriales o que reúnen a distintos gremios y sectores. “O las movilizaciones de los anticuarentena”, sumó Cara.

La mediación

Por último, el otro punto que quedó abierto fue el de la posibilidad de incorporar la figura de mediación. La dificultad radica en que muchas de las contravenciones tienen como actor central al Estado municipal, y el mismo no puede ser “juez y parte”. Entonces la mediación sólo podría figurar en casos de conflictos entre particulares.

Sin embargo, Crespo insistió con que un código de este tipo tiene que tener alguna figura de ese tenor: “Se da en otros lados que el área de mediación es auxiliar del Juzgado de Faltas. En ese caso puede mediar o prevenir ante los conflictos. Sobre todo por el espíritu que tiene el proyecto. Se podría agregar la figura de la mediación como auxiliar. Cada vez más municipios tienen área de mediación, la propia Provincia tiene un área de mediación”, señaló.

Tanto Cayón como Morzone afirmaron que realizarían una consulta a la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad, para llevar una propuesta a la próxima reunión de comisión.

Cabe recordar que los organismos de derechos humanos, organizaciones gremiales, políticas y sociales que vienen cuestionando la iniciativa del Ejecutivo han calificado a la misma como “represiva” y “punitiva”. El proyecto presentado en 2018, entre otras cosas, carga las tintas contra distintas expresiones en el espacio público como las manifestaciones sociales, el trabajo de feriantes, vendedores y vendedoras ambulantes, cartoneros y cartoneras, penaliza la oferta de servicios sexuales e impide directamente el trabajo de quienes lavan autos en la vía pública, por nombrar algunos de los puntos más importantes. Algunos de estos artículos ya se han abordado en la comisión, pero todavía hay otros que están en la agenda de los próximos encuentros.

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