Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante plantea reglamentar una serie de mecanismos para garantizar este derecho a nivel municipal. La ciudad fue catalogada entre las peores de la Provincia en términos de transparencia
Este miércoles ingresó en el Concejo Deliberante un proyecto que busca regular el mecanismo de acceso a la información pública en el ámbito de la Municipalidad de La Plata. Este derecho está regido a nivel nacional por la Ley 27.275 y en la órbita provincial por la Ley 12.475, pero no tiene hasta ahora una expresión concreta en el marco normativo municipal.
La iniciativa se presentó en medio del debate sobre la Rendición de Cuentas 2020, en el cual la oposición cuestionó duramente a la gestión de Julio Garro por haberles dado apenas 24 horas para analizar el expediente y porque además el mismo no contaba con información suficientemente detallada sobre los gastos realizados por la comuna durante el año pasado.
En ese marco, fue el concejal Guillermo “Nano” Cara (Frente de Todos) quien presentó este proyecto, que intenta dotar de mayor transparencia al funcionamiento municipal. “Buscamos dar solución al problema que arrastra la gestión de Julio Garro desde su inicio”, afirmó durante la sesión.
Además, el edil mencionó el informe de Transparencia Fiscal realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en el cual se analiza la información fiscal y presupuestaria publicada por los 135 municipios bonaerenses, calificando a las comunas según los grados de visibilidad y disponibilidad de la documentación en las respectivas páginas web oficiales de cada municipalidad.
Precisamente, La Plata se encuentra dentro del grupo de Municipios que arroja un nivel “nulo” en términos de transparencia de la información, junto a otras 31 comunas. La ASAP dividió a las municipalidades en tres grupos más: nivel “bajo o regular” de cumplimiento de las normativas de transparencia (70 Municipios); nivel “medio” (16 Municipios); y nivel “alto” (17 Municipios). Pero la gestión local quedó en el pelotón del fondo.
“No podemos seguir en el ranking de la peor ciudad en términos de acceso a la información pública”, afirmó Cara al presentar el proyecto de ordenanza en el Concejo. Esta iniciativa, en caso de aprobarse, alcanzaría no sólo a la Municipalidad, sino también al Concejo Deliberante; las empresas y sociedades del Estado Municipal; los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos; las organizaciones de la sociedad civil o empresas que hayan recibido subsidios o aportes del Estado Municipal; las instituciones o fondos que estén a cargo del Municipio; y los fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado local.
La iniciativa plantea que toda persona física o jurídica, pública o privada, “tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado”.
De esta forma, cualquier persona o entidad podría pedir acceder a información del Municipio (o de las entidades locales mencionadas) de forma gratuita, sin necesidad de expresar la causa o motivo de la solicitud, y en no más de 15 días hábiles debería tener obligatoriamente una respuesta a su petición con la información requerida.
Según se propone, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Modernización de la Municipalidad, la cual tras recibir el pedido, tendrá tres días hábiles para trasladarlo a la entidad que corresponda, que a su vez contará con 12 días hábiles para dar una respuesta formal (que pueden ser prorrogables por única vez por 15 días más, fundamentando las razones de la demora).
El Municipio, o el ente que corresponda, “no podrá negarse a brindar la información objeto de la solicitud, salvo que esté taxativamente prevista la excepción en la normativa vigente o por una decisión o resolución judicial”.
La transparencia en el ojo de la tormenta
Este proyecto no fue el único presentado en la semana vinculado a la demanda de transparencia. También la concejala Yanina Lamberti, del mismo bloque, presentó otro en el cual pide instalar una “terminal con el sistema RAFAM (Sistema de Reforma de la Administración Financiera Municipal) de consulta e impresión, en cada uno de los Bloques Políticos”.
Este sistema cuenta con un registro único de la información financiera del municipio, y las concejalas y concejales deberían tener acceso al mismo, pero hasta el momento el Municipio no les ha brindado la clave de acceso a pesar de los numerosos pedidos realizados en distintos expedientes.
“Durante los últimos años se han elevado diversos pedidos solicitando la clave RAFAM y cientos de pedidos de informe respecto a la ejecución de gastos en áreas claves que nunca fueron contestados. Lo que se tiene que entender es que a quienes se les niega la información y respuestas es a los vecinos y vecinas que aportan y son dueños del presupuesto de la ciudad. Es con ellos y ellas con quienes están en falta”, expresó Lamberti.
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