Presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para autorizar la compra de 20 pistolas, al igual que otros intendentes de Juntos por el Cambio. El Ministro de Seguridad Sergio Berni cuestionó esta iniciativa y recordó que las policías locales están a su cargo
El intendente Julio Garro anunció el envío de un proyecto al Concejo Deliberante para adquirir 20 pistolas Taser con fondos propios, en sintonía con los anuncios similares que realizaron otros intendentes de Juntos por el Cambio, como el caso de Néstor Grindetti de Lanús.
“Las pistolas Taser, que desde hace años son utilizadas en muchos países, son herramientas que permiten dar mayor seguridad a los agentes y protegen a terceros contra episodios delictivos. Elevamos al Concejo Deliberante un proyecto para incorporar dispositivos”, informó el Jefe Comunal platense desde su cuenta de Twitter y agregó: “El año pasado habíamos solicitado al Ministerio de Seguridad de la Nación que nos provea Taser. Es una tecnología de gran utilidad para quienes tienen que cuidarnos”.
El proyecto, que lleva la firma de la concejala y presidenta de la Comisión de Seguridad Romina Cayón, plantea autorizar al Poder Ejecutivo a realizar “las adecuaciones presupuestarias correspondientes” para la adquisición de estos dispositivos.
Además, indica que la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia, que conduce Darío Ganduglia, “establecerá y coordinará los protocolos correspondientes de acción y operatividad con la Mesa de Coordinación Local creada por resolución Ministerial N°341/2020 en el marco de la reestructuración orgánica funcional de la Policía dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires”.
De esta forma, la intendencia avanza un paso más en el abordaje del tema, teniendo en cuenta que hace cinco días la misma concejal había anunciado la presentación de otra iniciativa que le pedía al Ministerio de Seguridad de la Provincia la provisión de Taser para los efectivos que actúan en la ciudad. Ahora, directamente buscan avanzar en la compra desde el propio Municipio.
Ante este escenario, quien salió a responder fue el Ministro de Seguridad Sergio Berni, contestándole puntualmente a Grindetti, aunque su aclaración vale también para el caso de La Plata. El funcionario recordó que los municipios no tienen potestad de decisión sobre las policías locales, ya que las mismas dependen de la Bonaerense.
“Lanús no tiene Policía y si quieren comprar pistolas Taser, las podrán usar entre los funcionarios”, afirmó Berni y criticó que “no puede ser que los intendentes se apropien de la Policía local en las buenas, o para hacer campaña y demagogia, y después cuando tienen los problemas, la desconozcan”.
“Empecemos a clarificarle a la población cómo son las cosas”, sostuvo Berni y señaló que, al hacer una encuesta dentro de la Policía local, “los agentes no sabían si su jefe era el responsable de la Policía o el intendente y, si el propio efectivo tiene semejante confusión, menos la sociedad, que no conoce la orgánica policial”.
El funcionario agregó que “hay que dejar de hacer demagogia y pensar en cómo aplicar el Plan Integral de Seguridad, que se trabajó con el Gobierno nacional y para el cual el presidente Alberto Fernández destinó una partida para ese plan”.
El mito de la “no letalidad”
En este caso, el debate entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se establece en torno a quién compra las pistolas Taser y al control sobre las fuerzas de seguridad. Pero la discusión sobre el uso de este tipo de armas parece estar zanjada, al menos entre los actores que están interviniendo públicamente en el tema.
Cabe recordar que en enero del 2019 Amnistía Internacional (AI) advertía al país sobre los riesgos de la utilización de este tipo de armamento, analizando particularmente las políticas de seguridad impulsadas por la ex ministra Patricia Bullrich.
Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina, explicaba en ese momento que el organismo “hace años investiga el uso de armas de electrochoque (como las Taser) y destaca dos preocupaciones principales en materia de derechos humanos, que han sido compartidas por otros organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU. En primer lugar, se subestiman los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas. En segundo lugar, las armas de electrochoque presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera inapropiada y excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento en la persona”.
“Esto último es bien relevante. El punto es cómo el gobierno puede garantizar que las fuerzas de seguridad hayan sido capacitadas y estén preparadas continuamente para que no ocurran usos incorrectos”, señalaba.
En ese sentido, la Comisión Provincial por la Memoria recordaba también en enero del año pasado que “en un estudio realizado por Amnistía Internacional en 2007, se informa sobre 269 muertes —sólo en EEUU durante un periodo de seis años— ocasionadas por el uso de estas armas. En Canadá este estudio reflejó 15 muertes en 4 años. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha señalado que el uso de estas armas ‘provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura y, en algunos casos, puede incluso provocar la muerte’ (CAT, Portugal, pár. 14), razón por la cual solicita al Estado que considere renunciar al uso de las mismas”.
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