Vecinos de los barrios donde se desarrolla la ocupación de tierras en Presidente Perón exigen su derecho a la vivienda digna, y además temen una feroz represión por parte de las fuerzas represivas comandadas por el ministro Sergio Berni, encargadas del desalojo por orden del juez. Mientras tanto, desde el ministerio de Desarrollo aseguran que mantienen el diálogo para que sea “pacífico”. ¿De quién será la decisión final?
A horas de que comience un desalojo con 500 efectivos de la Policía Bonaerense en las 100 hectáreas de Guernica –Pte. Perón- donde habitan unas 2500 familias desde hace dos meses, las vecinas temen por su vida. La pandemia las corrió de sus viviendas precarias, de sus trabajos precarios, y ahora quieren echarlas a la calle. Todavía no hay ningún proyecto concreto sobre qué pasará con esas infancias y sus familias.
El juez de Garantías del Departamento Judicial La Plata con asiento en Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, fue quien dispuso la orden de desalojo de las tierras para los días 23, 24 y 25 de septiembre.
El 31 de julio, a diez días del inicio de la ocupación de las tierras, el fiscal subrogante Juan Cruz Condomí Alcorta de la UFI N° 1 descentralizada (Pte. Perón) partido judicial de La Plata, ordenó el desalojo en la causa por usurpación denunciada por los empresarios de la inmobiliaria El Bellaco S.A. Rizzo acompañó ese pedido y luego de que los abogados de las familias presentaran un recursos de apelación, la Cámara de Apelación de La Plata convalidó dicha medida de desalojo.
La situación mundial de crisis sanitaria y económica es histórica. Los niveles de desocupación crecen, los salarios decaen, y las muertes por Covid-19 aumentan en nuestro país a pasos agigantados. La situación social debe ser atendida por el Estado a través de sus instituciones.
Tal como lo indicó el fallo judicial se conformó una mesa de articulación interministerial de la provincia para abordar la complejidad de la situación. La orden indica que la Policía Bonaerense será la fuerza encargada de llevar a cabo el desalojo en el predio de 100 hectáreas, ubicado a unos 56 kilómetros de La Plata.
Cabe mencionar que el ministro de Seguridad Sergio Berni, a principio de mes, durante sus visitas televisivas aseguró: “el que toma tierras va a preso”, pidiendo celeridad en la justicia.
En tanto, las familias junto a sus abogados presentaron el último viernes un recurso en el juzgado Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata, donde se solicita el cese del desalojo. Allí establecen que el “ El Estado no puede ser indiferente, ni mucho menos atropellar los derechos de tantos/as niño/as en pos del mercado inmobiliario y los countrys como lo afirmó la intendenta –Blanca Cantero- de Presidente Perón. Debe garantizar el derecho a la vivienda digna”.
Las y los vecinos de los cuatros barrios -La Unión, 20 de Julio, la Lucha y San Martín- los cuales los han dividido en esas 100 hectáreas están organizados en asambleas. Ellos mismos tienen su propio proyecto de urbanización pensando la construcción de una salita, una escuela, espacios verdes, y muchos más para vivir dignamente en este contexto de crisis sanitaria y económica.
Son horas decisivas. Este lunes se desarrolló una reunión entre funcionarios de la mesa de articulación, el juez y los abogados de las familias donde “no hubo propuesta alguna que prevea una solución de parte de Provincia”, aseguró Yamila, una de las delegadas de la ocupación a Pulso Noticias. “Estamos muy de cara al 23,24 y 25, y la verdad es que nos estamos preparando para un mal escenario”, agregó.
En tanto, Laura Tafetani, integrante de la Gremial de Abogados, en declaraciones a La Izquierda Diario manifestó: “hoy tuvimos la audiencia, muy dura porque la actitud del fiscal sigue siendo que no es negociable la fecha. Quedó claro de parte del gobierno provincial que no tiene nada para ofrecer, o sea que vamos a llegar al miércoles sin ningún tipo de alternativa que garantice una salida pacífica y también que se garantice que esos niños y niñas no terminen institucionalizados o encarcelados porque no sé dónde piensan que van a terminar después del desalojo”.
Por su parte, según pudo averiguar este medio, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia intenta negociar una prorroga. “No está claro que vaya a haber desalojo el miércoles, el dialogo viene muy bien”, aseguraron fuentes oficiales de la cartera de Desarrollo.
Asimismo informaron que desde el ministerio, encabezado por Andrés “cuervo” Larroque, están garantizando la distribución alimentaria para las familias del predio. Otro de los trabajos realizados desde este organismo, es el censo llevado a cabo el último viernes para saber concretamente la cantidad de familias, sus condiciones y así poder dar respuestas a los pobladores. Cinco días antes del desalojo, a pesar de ser un reclamo de los pobladores desde el inicio de la ocupación.
La solidaridad crece
Mientras los funcionarios, jueces y abogados se reunieron, cientos de personas, organizaciones sociales y políticas se movilizaron del Obelisco a Plaza de Mayo acompañando a las familias de Guernica para pedir “tierra para vivir” y “basta de desalojos”.
El domingo pasado realizaron un festival solidario en esas tierras. Aunque como ya vienen sucediendo amenazas y persecuciones a los pobladores de la toma, al llegar el camión con el escenario fueron increpados por personal policial para prohibirles la descarga, pero finalmente sonaron más de 10 bandas durante la tarde del domingo y tuvo más de 20 mil reproducciones.
Este mediodía se realizará una conferencia de prensa en el Obelisco porteño donde informaran las próximas medidas, y los apoyos recibidos de organismos de derechos humanos, organizaciones, referentes gremiales, y mucho más. Resisten por las tierras para vivir.
Durante los últimos meses crecieron las ocupaciones en territorio bonaerense debido a la crisis sanitaria y económica, y al gran déficit habitacional que atraviesa la provincia más grande del país. Actualmente hay más de 1.800 asentamientos populares. Algunos fueron desalojados de manera brutal como en Ciudad Evita; o bien, en otros lugares como sucede en el barrio Los Pinos de Los Hornos donde las familias viven atemorizadas por inminentes amenazas de desalojo, amedrentamiento de la Gendarmería que prohíbe el ingreso de materiales de construcción y los constantes “verdugueos” en las entradas y salidas del predio.
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