Los Hornos: un proyecto de urbanización que preocupa a 1.000 familias

Pulso Noticias recorrió el barrio de Los Hornos donde el gobierno provincial de Kicillof y el municipal de Julio Garro pretenden desarrollar un proyecto de urbanización. Se trata del predio del ex Club de Planeadores: 160 hectáreas pertenecientes al Gobierno Nacional, donde hoy viven alrededor de 1.000 familias en situación de precariedad

Por Estefanía Velo
Fotos: Nicolás Braicovich

En época de pandemia y crisis económica se pusieron en evidencia las miserias generadas durante décadas por este sistema desigual. Los problemas habitacionales de nuestra región no son la excepción, en la Provincia de Buenos Aires el déficit asciende a un 35% y se registran 1.726 barrios precarios mientras que en el Gran La Plata hay alrededor de 200.

En ese marco, el Gobierno nacional, el Gobierno de la Provincia y el Municipio de La Plata pretenden urbanizar unas 160 hectáreas en el predio del ex Club de Planeadores de Los Hornos, lo equivalente a la superficie del bosque platense. El proyecto abarca el tramo de calle 76 a 90 y de 141 a 153.

Es el primer plan de vivienda tan ambicioso de la gestión de Axel Kicillof, en coordinación con el intendente de La Plata, Julio Garro. También participa el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Pero, ¿qué sucede con las familias que allí viven?

En febrero de este año cientos de personas con problemas habitacionales de la ciudad se organizaron para habitar esas tierras del Gobierno Nacional, abandonadas durante más de una década. Rápidamente, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) judicializó a esas familias, y las denunció penalmente ante el Juzgado Federal N° 1 a cargo de Ernesto Kreplak quien ordenó el desalojo en un primer momento, y dispuso la custodia del predio por parte de Gendarmería, que actualmente sigue apostada en los accesos.

En paralelo, comenzaron las reuniones entre funcionarios del Gobierno Nacional, la Provincia y el Municipio de La Plata para coordinar el Plan de Urbanización Integral de Los Hornos. Allí se plantea iniciar un plan de viviendas para 2.400 familias, construir un centro de salud, escuelas, un mercado regional de alimentos, un mega parque recreativo y un polo productivo agroecológico de 23 hectáreas.

Sin embargo, actualmente en el predio viven alrededor de 1.000 familias en situación de precariedad que reclaman urgentemente mejoras en el barrio. A medida que avanzaron los meses, de a poco, las familias fueron construyendo su casilla, delimitando los terrenos y colocando como pudieron algunos de los servicios básicos que necesita cualquier ser humano para vivir dignamente. Las bajas temperaturas y las lluvias traen una complejidad aún más grave en este contexto de pandemia mundial. Sin embargo, las autoridades gubernamentales no dan respuestas ni asistencias ante las necesidades de los más olvidados.

La luz eléctrica fue colocada en algunos sectores del predio, con postes de madera puestos por los mismos vecinos y algunos pocos cables que pudieron comprar entre los aportes que hicieron cada uno de ellos. Aún así, sufren los cortes por la baja tensión y pasan noches enteras a oscuras entre la niebla platense. Lo mismo sucedió con el agua, que hasta hace dos meses –en plena pandemia- no tenían, y pudieron comprar mangueras para que lleguen hasta sus casas.

“No tenemos lavandina, alcohol, nada de limpieza”, manifiestan las vecinas. La asistencia sanitaria más cercana está a más de 10 cuadras, que es el UPA de Los Hornos. Según relataron los vecinos a Pulso Noticias se hace imposible que una ambulancia pueda entrar para atenderlos.

Entre Gendarmería que atraviesa su camioneta y se forma sobre los accesos al predio controlando los ingresos de materiales de construcción sumado a las malas condiciones de las calles, ruegan que nunca suceda una urgencia muy grave porque correrán entre la vida y la muerte. “Queremos que nos mejoren las calles y también instalen un centro de atención primaria en la zona”, dicen.

En diálogo con Pulso Noticias, el Subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Pascolini, asegura que se trata de “un proyecto integral que va a mejorar la zona”. En cuanto a la situación actual relata que están informando a las familias que tendrán que reubicarse, pero sin más precisiones, lo que genera aún una mayor incertidumbre en esta crisis económica y sanitaria.

En el díptico informativo entregado a los vecinos, la Provincia afirma que el plan de urbanización está dirigido en esta primera etapa a “las familias debidamente censadas por la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y que cumplan con los requisitos y normativas vigentes de los programas en el que soliciten acceder”.

Según confirmó el titular de Hábitat, registraron unas 200 familias viviendo en el predio. Sin embargo, el relevamiento realizado por este medio calcula unas 1.000 familias tal como se puede observar en las fotos aéreas del lugar. ¿Por qué no hay una atención directa a esos pobladores?

Pascolini resalta que “sería un desastre convertirlo en un barrio sin agua, sin papeles, sería uno de estos barrios que hoy estamos lamentando, donde se reproduce el coronavirus con mucha más facilidad porque hay hacinamiento, hay densidad, estamos convocando principalmente a esa población, a la que el gobierno provincial y el ministro Andrés Larroque está absolutamente comprometido con la ayuda”. Y aclara: “Hemos hecho alguna asistencia pero no para consolidar la ocupación”.

Existe una brecha importante entre lo planteado por los funcionarios y los vecinos, quienes confirman que no se ha realizado ningún tipo de testeo de Covid-19. “Necesitamos atención médica, necesitamos un lugar digno para vivir. No nos dejan entrar para armar una casita”, manifiestan los vecinos.

Además, recuerdan que ese predio estaba abandonado, con pastizales enormes donde se produjeron varios robos y violaciones hasta que ellos mismos se decidieron a limpiarlo y ordenarlo. “Fuimos los mismos vecinos que juntamos una moneda para traer la luz, el agua, abrir las calles, mejorarlas. Queremos vivir bien”, aseguran.

Mientras tanto, las autoridades municipales preparan convenios de planes de vivienda con Cáritas La Plata, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia y unos 25 sindicatos. El intendente Julio Garro ya participó de una reunión para avanzar en los proyectos de financiamiento. Mientras que la Provincia evalúa delimitar terrenos para la nueva formulación del Procrear. Pero nadie aclara la situación de las mil familias que hoy viven en el predio.

Los vecinos también relataron que el gobierno de la Provincia les propuso instalar un contenedor para que haya una oficina de la Subsecretaría de Hábitat en la zona, sin embargo, ellos reclaman sillas y mesas para el comedor que funciona allí, alimentos, abrigo y una salita de atención médica. “Si nos cortamos un dedo, no podemos salir de acá”, afirman.

Historias en primera persona

Jaqueline tiene 33 años, tres nenas, y desde febrero está viviendo en la zona de 150 y 78. Una de sus niñas, la más pequeña de dos años y medio tiene una enfermedad de desarrollo madurativo por lo cual debe ser medicada con pastillas para la tiroides y debe usar hormonas diariamente.

“Estaba en la calle, a través de unas amigas me trajeron acá para poder armarme esta casita, pero bueno, como ves las maderas están rotas, agujeros por todos lados, el techo se me llueve, me pusieron una lona los vecinos, en esta situación no puedo estar con las nenas, necesito una ayuda”, relata la joven de ojos claros llenos de lágrimas.

La rabia de vivir en esas condiciones estalla, aunque resisten a lo que fuere por sus vidas. Todos los días debe inyectarle las hormonas a su niña, una droga que necesita resguardarse en un lugar frío y allí aparece la solidaridad de los vecinos. Noche tras noche busca de la casa de su vecina, quien cuenta con heladera, la droga necesaria para la niña.

A su vez, necesita una leche especial que cuesta 2.500 pesos la lata. “Gracias a gente amiga, gente que se solidariza por Facebook puedo darle esa leche sino es imposible, no tengo trabajo”. Jaqueline asegura haber contado toda su situación al Hospital, principalmente la necesidad de una refrigeración para los medicamentos de la niña pero todavía espera una asistencia.

La vida de Gisela tiene semejanzas: sus hijas son las más afectadas. La más chica tiene cinco meses, apenas una sola vacuna porque los centros de salud de los alrededores no cuentan con los elementos suficientes para atenderla. Sumado a que todavía no pudo ser registrada oficialmente porque la pandemia también frenó el trabajo administrativo de distintos organismos gubernamentales. “Voy a la salita y no consigo turno, no me la quieren atender y darle las vacunas. Tampoco pude inscribirla en el registro nacional de las personas, no tiene documentos, solo la partida de nacimiento. Voy, no me atienden, me dicen que tengo que esperar y hoy en día ya tiene cinco meses”.

Gisela denunció hace pocos meses a su expareja por abuso sexual a su hija más grande, de 11 años. Él fue preso y ella quedó a cargo de sus cinco hijas. Hoy tiene su casita en el predio, y pide ayuda: “Una salita, alguien que venga a realizar controles, somos muchísimas familias las que vivimos acá, hay muchos niños con problemas, necesitamos que alguien venga a atenderlos. Necesitamos leche maternizada, abrigo, colchones, frazadas, calzado que es lo que más se usa acá por el barro”.

Otra de las vecinas, María, tiene su nieta con muy poca movilidad luego de sufrir una mala praxis. “Necesitamos que nos dejen entrar con vehículo al predio, porque ella no puede moverse mucho. Hay muchos niños con problemas bronquiales, asmáticos; tenemos que estar en el barro, en el frío y no te dejan entrar nada”.

María cuenta que se acercan funcionarios que les explican que en ese predio hay un proyecto de urbanización por lo cual no pueden entrar nada, “pero no sabemos cuándo van a hacer eso, cuándo van a acomodar a la gente que está viviendo acá dentro. Vienen y dicen una cosa, después otra. No nos dan ayuda. No tenemos una solución”.

Mucho palo, poca madera

La Gendarmería está apostada en cada calle de ingreso al predio las 24 horas del día. Los vecinos denuncian el hostigamiento que sufren los jóvenes, a quienes los requisan arbitrariamente o hasta los detienen. Al igual que aquellas personas que intentan entrar con un poco de madera, un inodoro, o chapas para terminar sus casitas.

Asimismo, las vecinas denuncian incendios de casas de manera intencional a muy poca distancia de donde se apostan los gendarmes, quienes hacen sus necesidades a pocos metros de donde están apostados enfrente de cualquier persona del barrio, sea un vecino, una vecino o une niñe.

En los últimos meses los abusos policiales en toda la Provincia aumentaron exponencialmente. Durante el mes de junio, según la Comisión Provincial por la Memoria se cometieron 18 asesinatos por gatillo fácil en territorio bonaerense por lo cual el temor a esas fuerzas de seguridad que tienen un arma colgando en sus cinturones es aún peor.

En estas últimas semanas circularon rumores de desalojos, versiones instaladas por diversos sectores de la sociedad. La ciudad tiene una amplía especulación inmobiliaria, tratándose de uno de los más grandes negociados de la región, que principalmente intenta sacar beneficios económicos para el empresariado local y además genera una estigmatización a esas familias que buscan un lugar para acceder al derecho de la vivienda digna, un derecho humano.

Transcurre el 2020, un año inesperado para el mundo. Unas mil familias (que pueden ser aún más) en La Plata se encuentran viviendo en una situación de precariedad y hacinamiento. Esperemos que la urbanización llegue a quienes les corresponda. El acceso a una vivienda digna y a un hábitat digno no es un delito, es un derecho humano.

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