Afirman que por negligencia del Estado los casos de Covid-19 aumentan en las unidades penales, donde las condiciones sanitarias son inhumanas. Piden el otorgamiento de libertad condicional y asistida en tiempo y forma a quien esté en condiciones de acceder, domiciliaria para mujeres embarazadas o con hijos y garantizar el acceso a la salud, entre otros puntos
Este lunes por la mañana el Colectivo contra el Gatillo Fácil (CCGF) de la ciudad acompañó a un grupo de familiares de personas privadas de su libertad en la realización de una manifestación frente a la sede del Ministerio de Justicia bonaerense en la Torre II de Plaza Moreno.
El reclamo concreto y urgente: piden que se implementen las medidas necesarias para garantizar la salud de las personas detenidas, que en este contexto de pandemia pasan centralmente por descomprimir el brutal hacinamiento que se vive en las cárceles bonaerenses.
“Esta semana detenidos del penal federal Marcos Paz confirmaron que hay personas alojadas en los Módulos 4 y 5 de esa cárcel con Covid-19, y que un joven tuvo que ser trasladado a un hospital extramuros. En Bahía Blanca internos de la Unidad 4 alertaron que el virus ingresó al penal por la vía de los agentes penitenciarios y por la falta de aplicación de los protocolos de rigor, y que hubo 4 penitenciarios y 7 internos que han dado positivo, con una situación en ascenso si no se actúa rápido”, informaron desde el CCGF.
En ese sentido, agregaron: “en varios penales se han denunciado situaciones similares y las han calificado como un liso y llano Genocidio: colapso del sistema sanitario de las unidades, convivencia directa de personas positivas confirmadas con el resto de la población, hospitales de campaña intramuros donde el único cuidado es pintar en el piso una línea amarilla para que caminen los positivos y otra blanca para que caminen los sospechosos, devolución a celdas de casos positivos por saturación de los espacios de aislamiento, hacinamiento generalizado con superpoblaciones de más del 100%, sellado de pabellones enteros con casos positivos o sospechosos que se convierten en trampas mortales. A todo esto no existen informes oficiales de la situación real del Covid en los penales federales y provinciales argentinos”.
Cabe recordar que tras las protestas registradas en distintas unidades penales que evidenciaron la complejidad de la situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado argentino analizar la prisión domiciliaria para personas detenidas que estuvieran dentro de grupos de riesgo, así como las progresiones al régimen abierto para quienes se encontraban cerca de recibir el beneficio legal.
Sin embargo desde el Colectivo afirman que sucedió todo lo contrario: “en la Provincia de Buenos Aires, salvo excepciones, se suspendieron los ingresos y egresos de la cárcel de las personas detenidas. En los casos donde por ejemplo la persona ya contaba con salidas transitorias, en vez de buscar una alternativa al aislamiento como podría ser la libertad condicional, los jueces, con el aval del Servicio Penitenciario Bonaerense, decidieron que esas personas continúen en contexto de encierro, esta vez recluidos sin contacto o asistencia de sus familias”.
Además, agregaron que “en el mes de abril, y con las protestas desatadas en varios penales del país, los medios hegemónicos informaron, en su mayoría sin citar la fuente de la que obtenían tal información, que en la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación de un número estimado de 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías y que el número de excarcelados se duplicó en un lapso de siete días. Acto seguido abandonaron la problemática de sus páginas y portales como si se hubiera resuelto mágicamente. Si tal dato fuera cierto, las 1.400 excarcelaciones representarían el 3% del total de los detenidos en el SPB, es decir de los más de 48.000 detenidos que en un 40% sufren el encierro con prisión preventiva como pena anticipada”.
“Se viene de una lucha desde diciembre ya, cuando se hicieron huelgas de hambre, se hicieron banderazos, y cuando empezó la cuarentena se agravó la situación por el COVID, se empezaron a organizar más, se generó un colectivo de detenidos y detenidas. Básicamente lo que piden es descomprimir las cárceles para que no sea un genocidio, porque es lo que estaba pasando de antes y ahora se agravó”, aseguró a Pulso Noticias una de las integrantes del CCGF.
En ese marco, afirmó que “se está pidiendo la libertad asistida y condicional a quien se lo merece, quien está en tiempo legal de salir, libertad a las mujeres embarazadas y con hijos, a las personas de riesgo y acceso a la salud, entre otros puntos”. El pliego de reclamos del CCGF incluye también: “efectivizar las libertades de las personas de riesgo; garantizar el acceso a la salud de lxs presxs; y la conmutación y compensación de penas”.
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