Durante los 20 días que viene durando el Aislamiento Obligatorio fueron 17 los presos por delitos de lesa humanidad a los que le fue otorgada la prisión domiciliaria. La abogada Guadalupe Godoy explicó a Pulso Noticias la situación de privilegio en la que viven estos detenidos en sus unidades carcelarias y qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto
Tal como expresó Pulso Noticias el pasado 30 de septiembre, cuando la justicia federal le dio prisión domiciliaria a tres expolicias de la policía bonaerense, en esta semana se supo que son 17 las personas condenadas por delitos de lesa humanidad que, durante el mes de cuarentena, les fueron otorgados los beneficios de Prisión domiciliaria.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, concedió el beneficio de prisión domiciliaria a Juan Nazareno Risso, Walter Omar Ale y Ramón Carlos Velasco, de manera velocísima –en dos días obtuvieron respuestas- sin consultar la opinión de la querella.
De acuerdo a un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde el inicio de la cuarentena, hubo 104 pedidos de prisión domiciliaria por parte de represores detenidos por asesinatos, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad en la dictadura, según consigna el sitio web oficial fiscales.gob.ar.
De ese total fueron 41 los pedidos rechazados y 17 quienes fueron beneficiados con esta medida. De este total, resta resolver el planteo de 46 detenidos y, en muchos de los casos, se pidió informes al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación previo a tomar una determinación.
El contexto en el que viven los genocidas
Guadalupe Godoy, abogada querellante por parte de la Liga por los Derechos Humanos, explicó a Pulso Noticias que centralmente la oposición a esta medida tiene en su formulación dos argumentos: el primero tiene que ver con “las condiciones de detención de las que gozan los genocidas no son las mismas que la del resto de la población carcelaria”. Respecto a esto agregó que “mientras los presos comunes soportan condiciones de hacinamiento y falta de acceso a la salud, entre otras cosas, los pabellones de lesa humanidad tienen otras condiciones, atención medica adecuada, cercanía a hospital de alta complejidad, etc”.
En el informe Servicio Penitenciario Federal al que accedió la querella que responde Godoy, consta que la U34 Instituto Penal Federal Campo de Mayo donde está alojado, entre otros, “El Indio” Castillo, uno de los detenidos que pidió la domiciliaria, posee una capacidad de 112 internos pero a la fecha tiene ocupadas solamente 72 plazas, con una tasa de ocupación del 64%, la segunda más baja de todo el sistema carcelario federal. Además en el pabellón B, por caso, de una capacidad real de 48 personas se encuentran alojadas 17. “Tienen celdas individuales, con visitas en espacio separado del espacio de alojamiento”, se explica en el escrito de la querella y se agrega que cada detenido cuenta con un área de sanidad a disposición dentro del penal y en caso de urgencia, dentro del mismo predio, el Hospital central de Campo de Mayo: “A todas luces una situación privilegiada en relación a otras personas, en especial a la totalidad de las y los detenidos por delitos comunes en las cárceles federales”, agregó Godoy.
Delitos de Lesa Humanidad
Por otro lado, las recomendaciones internacionales plantean ademas de los criterios de grupo de riesgo, el del tipo de delitos. En el informe del Comité Nacional contra la Tortura se recomienda “tomar en cuenta prioritaria a las personas que se encuentran privadas de su libertad por delitos menores: “No serían los casos por delitos de lesa humanidad los indicados entonces para acatar las recomendaciones”, agregó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca que dada la gravedad de estos crímenes internacionales y la obligación de investigar, procesar, sancionar y reparar, los Estados deben cooperar a fin de evitar la impunidad de los perpetradores de estos crímenes.
“Por eso esperamos que esta situación no sea una excusa para que se vayan todos a su casa. La totalidad de los presos comunes están en condiciones de alojamiento y sanitarias infinitamente peores que los genocidas”, opinó Godoy.
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