Critican al nuevo Código de Convivencia por beneficiar al sector empresarial

El concejal Gastón Castagneto publicó un informe sobre el anteproyecto presentado por el Intendente Julio Garro, en el que señala la existencia de reducciones de multas a industrias que contaminan el ambiente y de una quita de sanciones a empresas por retrasos en la obra pública

El anteproyecto de Código de Convivencia presentado por el Intendente Julio Garro, que ya comenzó a cosechar rechazos de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y gremios, empezó también a ser analizado esta semana por los concejales opositores. El presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Gastón Castagneto, difundió hoy un informe sobre la iniciativa, en el que -entre otras cosas- critica la existencia de “beneficios para la especulación empresarial”.

En ese sentido, el concejal remarca que en el artículo 84º de la iniciativa impulsada por el Municipio, se multa con penas de entre 100 y 3.000 módulos a las empresas o industrias que produzcan un exceso de gases, humo u hollín superiores a la normativa existente, cuando el Código vigente en la actualidad establece una pena máxima de 5.000 módulos (también en el artículo 84º).

Cada módulo se calcula con la equivalencia al 2% del salario de un trabajador municipal, siendo hoy equivalente a alrededor de $173. De esta forma la sanción máxima para estos establecimientos se estaría disminuyendo de $865.000 a $519.000.

Por otro lado, el edil señala que también se reducen las penas para “la ejecución de obras o instalaciones sin permiso municipal”, que actualmente van de “10 a 15.000 módulos y/o inhabilitación de hasta 90 días”, mientras que el anteproyecto propone disminuirlas al rango de “30 a 2.500 módulos y/o inhabilitación de hasta 45 días”.

Además, destaca la eliminación del artículo 151º de la normativa vigente, que dice: “El incumplimiento por parte de entes oficiales u organismos prestatarios de servicios públicos del plazo de finalización de los trabajos de construcción de calzadas, veredas, ramblas, plazas o parques (…) será sancionado con multas de 10 a 1.000 módulos”.

En otro orden, el informe de Castagneto remarca la preocupación por las reformas referidas a “la regulación de la protesta social”, señalando que “esta medida tiene como objetivo generar un marco legal que permita aumentar las acciones represivas en las manifestaciones dirigidas sobre todo hacia el Gobierno de María Eugenia Vidal cuyas medidas antipopulares han despertado el repudio de gran parte de la ciudadanía que se expresa en nuestra ciudad al encontrarse aquí los principales edificios administrativos de la Provincia”.

Así se refiere el edil al artículo 141º, que es el que establece que las manifestaciones deben realizarse por las veredas, además de prohíbir expresamente cortar totalmente la circulación de autos, y exigir que en caso de que la protesta se dirija a la Municipalidad tenga que realizarse con un aviso previo de 48 horas. El incumplimiento de estas normas puede tener una pena de entre $8.650 y $173.000, o también el arresto de hasta 30 días.

Además, el concejal asegura que el nuevo Código de convivencia establece “un avance contra formas laborales no formales como lo son el trabajo sexual, el reciclado de residuos a través de los llamados ‘cartoneros/as’, el lavado de autos en la zona céntrica a manos de jóvenes desempleados/as, la venta ambulante y la limpieza de vidrios en los semáforos”.

También critica el hecho de que el anteproyecto imponga multas al lavado de autos en la calle: “pareciera querer criminalizar a quienes lavan coches en la vía pública como sustento económico o a aquellos/as vecinos/as que no tienen posibilidad  de pagar un lavadero o lavar sus vehículos dentro de sus hogares”.

De la misma forma impugna los artículos que penan la publicidad política en la calle afirmando que no se busca regular la misma si no “prohibirla”. Y finaliza resaltando que el nuevo Código tiene como forma primordial de penalización de las contravenciones el aumento de los montos de las multas mientras que no incorpora otros elementos “que eviten la discriminación monetaria tales como cursos de capacitación o servicio a la comunidad”.

 

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