Comienzan a crecer las voces en rechazo al Código de Convivencia

Foto: Nicolás Braicovich (Pulso Noticias)

Colectivos jurídicos, movimientos sociales, cartoneros y trabajadoras sexuales ya empezaron a alzar la voz en oposición a la iniciativa. Afirman que lejos de apelar a la convivencia la propuesta propone resoluciones en base al “punitivismo”, además de criminalizar la protesta, la venta ambulante, la oferta de servicios sexuales, o expresiones de arte callejero

A dos días de que el intendente Julio Garro ingresara en el Concejo Deliberante el proyecto de nuevo Código de Convivencia, las voces que cuestionan varios de sus artículos comenzaron a hacerse oír, y se espera que en las próximas semanas haya una serie de presentaciones en el cuerpo deliberativo e incluso movilizaciones al Municipio en rechazo a la iniciativa.

Una de las organizaciones que ya esbozó desacuerdos es el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), desde donde se emitió una declaración afirmando que la propuesta del Ejecutivo comunal “confirma la segregación del espacio público del casco urbano, la gentrificación -ya avalada en el código urbano- que cierra la ciudad al usufructo de unos pocos. La convocatoria para su debate pretende clausurar la discusión social rápidamente, apoyándose en el consenso de la ‘vecinocracia’ y relegando a las muchas organizaciones sociales que hace décadas desarrollan estas temáticas”.

En ese marco cuestionaron la dinámica de “participación” propuesta por la intendencia, ya que si bien se insta a la sociedad a acudir a talleres en distintos barrios para participar en la elaboración del proyecto, las condiciones para hacerlo son dificultosas (prácticamente se desconoce con suficiente antelación dónde se realizarán los mismos), además de que la iniciativa ya fue efectivamente presentada. De hecho, en los dos talleres iniciales realizados -uno el martes en Club Asociación Claridad y otro ayer en el Centro Fomento Los Hornos- la participación vecinal fue mínima.

El CIAJ además de reclamar espacios reales de participación, señala una serie de problemas del proyecto presentado. En principio, afirma que “se propone como un código de convivencia y el único modo de resolución que propone es a través del punitivismo, sin siquiera pensar espacios de diálogos para la construcción de acuerdos sociales”.

A su vez, señala que se “vuelve a criminalizar la protesta social en contra de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y reunión, reponiendo figuras que ya fueron cuestionadas por el Consejo Deliberante en 2016 durante el debate por la ‘ordenanza antipiquete’”. De la misma forma, remarca que también se impugna a la “economía social”, en referencia a los artículos que sancionan con severas multas a vendedores ambulantes y manteros, “en un contexto de desarme de estructuras de contención de Estado, de avance del desempleo y pauperización del salario, de profunda crisis económica que arroja a cada vez más personas a la supervivencia y ni siquiera reconoce ni apoya la autogestión y organización colectiva de esos sectores”.

También critica las penas que el código establece para expresiones de arte callejero, carnavales barriales, ciclos de cine, fiestas en la vía pública, como también el hecho de calificar la prostitución como una falta. Sobre este último punto, se expresó el Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de Argentina (que integra la CTA de los Trabajadores), señalando su “total rechazo a las penalizaciones que se explicitan en el código”, en su articulo 206, que multa la oferta de servicios sexuales en la vía pública.

“La medida constituiría un retroceso en la legislación de Derechos Humanos y representa un menoscabo a las garantías constitucionales. Ya que expone a les compañerxs a situaciones de vulnerabilidad frente al avance policial y las políticas punitivistas de la Provincia de Buenos Aires”, señalaron y agregaron que “la derogación del artículo 68, que penalizaba la oferta de servicios sexuales en la vía pública mediante la ley 8031/76 caería en un sinsentido legal”, si esta norma se aprueba.

También pidieron ser incluidas en el debate de las políticas que afectan a su sector, y recordaron que “en las recomendaciones de Amnistía Internacional, en su informe ‘Lo que hago no es un delito’ del año 2015, solicita la derogación de las leyes que sancionan de manera directa o indirecta a les trabajadorxs sexuales, así como también insta a incluir al colectivo de trabajadorxs en el armado de normativas que afectasen a este sector”.

Por otro lado, organizaciones sociales están convocando a un encuentro la semana que viene ante lo que califican como “un avasallamiento sobre las libertades democráticas de la sociedad platense”, que podría derivar en una movilización al Municipio en rechazo de la iniciativa.

Cabe recordar que ya la semana pasada, antes de que el código se presentara, desde la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la ciudad habían rechazado la iniciativa porque también penaliza a quienes utilicen vehículos de tracción a sangre.

 

Comentarios