Además de denunciar una extorsión para el debate en el Congreso, el organismo autónomo y autárquico que promueve e políticas públicas de memoria y derechos humanos advirtió: que favorece el desarrollo de organizaciones criminales complejas y una reforma constitucional encubierta, donde se ilegaliza la protesta y se justifica la violencia policial. “Estamos ante la conformación de un Estado Policial autoritario por sobre un Estado de Derecho.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó este viernes un informe sobre “los alcances regresivos” que contiene el proyecto legislativo de la denominada Ley Ómnibus, enviado a todos los diputados y senadores nacionales.
El detalle está explicado en un comunicado de prensa de la CPM que tiene su espacio central en La Plata, en el edificio donde funcionó durante más de medio siglo la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) en 54 entre 5 y 6.
El documento repasa los temas centrales que en el marco de las políticas desarrolladas por el organismo, constituyen “retrocesos en materia de derechos, como la criminalización de la protesta social, la reforma a la ley de salud mental o el régimen de niñeces entre otros temas”. También denuncia la imposición de una “dinámica extorsiva” para el debate: “la lógica del todo o nada propia de los regímenes autoritarios”, dice.
Se trata de unas 60 páginas que advierten sobre los alcances negativos que podría tener la aprobación de la denominada Ley Omnibus.
El derecho a protestar y el gatillo fácil
Señalan que existen en la ley “restricciones severas” respecto del derecho a la protesta social, la modificación que agrava penas a las figuras delictivas de atentado y resistencia a la autoridad o la ampliación de la legítima defensa para justificar que la policía mate sin límites. También en las reformas sustantivas vinculadas a la ley de salud mental, de niñeces, sociedades comerciales y organismos de control, todas quitando, limitando o eliminando derechos y garantías constitucionales. El debilitamiento de los controles estatales que se intenta, favorecerá el desarrollo de organizaciones criminales complejas vinculadas al narcotráfico y el delito complejo. Por un lado se anuncia la lucha contra el narcotráfico, y por otro se eliminan controles sobre operatorias comerciales o societarias que claramente le permitirán expandirse y crecer.
Para la CPM, la crítica situación actual que atraviesa nuestro país no justifica de ninguna manera esta avanzada contra garantías y derechos consagrados en la Constitución Nacional y los pactos y tratados internacionales a los que la Argentina adhirió hace décadas y hoy tienen jerarquía constitucional.
Por el contrario, “la crítica situación actual, es el resultado de la implementación de políticas de libre mercado ortodoxas que han prevalecido en una gran parte de los últimos 40 años de democracia, impidiendo que esta sea el régimen político que garantice el acceso a derechos de las grandes mayorías”.
Reformas estructurales
Además aseguran que con esta Ley se busca justamente legitimar y legalizar un orden jurídico que permita, sin ningún tipo de cuestionamientos, el regreso a la versión más salvaje y violenta de esas políticas.
Tal como se ha denunciado en los plenarios de comisiones de diputados, la CPM coincide en que la transformación que se impulsa promueve una serie de reformas estructurales a la Constitución Nacional, a centenares de leyes nacionales, incluyendo el nuevo Código Civil y Comercial, el Código Penal, el Código Aduanero y también de instituciones públicas, a fin de adaptar el país al paradigma y la perspectiva ideológica del libre mercado.
Pero estos cambios deben llevarse a cabo dentro de las reglas del sistema democrático vigente y la plena aplicación de nuestra Constitución Nacional, que establece como principios para el gobierno el sistema representativo, republicano y federal. Y aquí aparecen algunos problemas.
El primero es que para ejecutar su proyecto político, el presidente avanza por fuera del marco legal establecido, intentando poner en marcha esta reforma por fuera de los caminos previstos por la ley. El segundo es que no pretende consensuar ni discutir con otros sectores sociales que puedan tener otras perspectivas diferentes, mostrando una clara actuación autoritaria y antidemocrática. El tercero es que frente a las opiniones o planteos sectoriales que se le oponen, construye un dispositivo represivo estatal para criminalizar y acallar las opiniones diferentes, que lo pone en los límites del sistema democrático, iniciando un peligroso camino hacia el autoritarismo.
Sumado a esto, el apuro con que se pretende conducir el debate es extorsivo y no puede admitirse que se responsabilice a quienes disienten o piden más tiempo para debatir, de las consecuencias que ya provocaron y provocarán las medidas económicas adoptadas por el propio gobierno nacional.
La decisión política de imponer una reforma y un cambio cultural sin consensuar ni escuchar a otros actores, echa por tierra los pilares sobre los que se sustenta la construcción democrática. Así no se gobierna en una democracia. La lógica del “todo o nada” es propia de los regímenes autoritarios.
Pero es aquí donde el proyecto de Ley Omnibus refleja su sentido más autoritario, previendo para quienes disientan y protesten, profundizar la criminalización, ampliando las conductas que pueden ser delitos y extendiendo excesivamente las penas.
Además de estas consideraciones generales, el documento presentado hoy por la CPM aborda algunos aspectos centrales propuestos por la normativa en discusión.
La constitución al tacho
En primer lugar denuncia una reforma constitucional encubierta y el incumplimiento de tratados internacionales con jerarquía constitucional, advirtiendo sobre la gravedad institucional que implica para el sistema representativo, republicano y federal la delegación extrema de facultades legislativas en el poder ejecutivo y la reforma electoral propuesta.
También se dedica un apartado especial al intento de ilegalizar la protesta social y limitar el derecho a peticionar a las autoridades, lo que constituye la base del sistema republicano de gobierno que establece nuestro ordenamiento jurídico.
La modificación del artículo 194 del Código Penal y la incorporación del 194 bis, amplia los sujetos alcanzados por estos, que ya no serán solo quienes marchan. Los organizadores y coordinadores de una marcha, las personas que difunden la convocatoria, quienes trasladan a la gente, quienes provean material logístico, los que pasen lista o registren por cualquier medio el evento, serán también alcanzados por el castigo penal.
Su aplicación produciría graves restricciones de derechos fundamentales en nuestro país, al ya mencionado de peticionar a las autoridades, se suman el de reunión pacífica y de libertad de expresión, derechos que se encuentran protegidos de cualquier injerencia arbitraria del Estado en la Constitución Nacional.
Esta idea de suprimir las protestas se completan con la modificación de los artículos 237 y 238 del Código Penal, agravando las penas del delito de atentado y resistencia a la autoridad. La escala penal anterior de 6 meses a 2 años de prisión, pasa a ser de 4 a 6 años, lo que implica que deja de ser un delito excarcelable.
Abusos de autoridad
Desde hace años la CPM viene señalando en sus Informes Anuales el abuso que se releva en la utilización de estas figuras por parte de las fuerzas de seguridad y el poder judicial, entre otras causas para justificar la violencia policial en la detención de una persona o bien como herramienta de regulación del delito para facilitar que algunos grupos se impongan sobre otros.
El proyecto también propone ampliar los márgenes de lo que la Ley considera cumplimiento del deber de los agentes de las fuerzas de seguridad. Se modifica uno de los elementos constituyentes de la legítima defensa, que es la proporcionalidad. Esto instituye que la proporcionalidad del medio empleado en la legítima defensa debe ser interpretada siempre en favor de quien actúa en cumplimiento de un deber, autoridad o cargo. Es decir que, en caso de duda, se debe favorecer al agente que decidió disparar al presunto agresor, para eximirlo de responsabilidad penal.
Todo el andamiaje jurídico propuesto en la Ley Omnibus pretende legitimar el uso de la violencia y el poder punitivo del Estado, promoviendo la conformación de un Estado Policial autoritario por sobre un Estado de Derecho.
Salud Mental y niñes
Finalmente el documento de la CPM incluye dos apartados especiales referidos a las modificaciones en la Ley Nacional de Salud Mental y el tratamiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, consagrando gravísimos retrocesos en materia de derechos.
El proyecto de Ley quiebra la armonía y equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la seguridad pública, infringiendo además las garantías de Derechos Humanos. La denominada “Ley ómnibus” al igual que el DNU puesto en vigencia el 29 de diciembre, son los instrumentos legales que buscan profundizar un modelo económico y político neoliberal que pretende legitimar una brutal transferencia de ingresos y riquezas desde los sectores populares hacia el capital concentrado, transnacional y a los sectores exportadores y financieros.
Para la CPM, a 40 años de ejercicio democrático, es necesario que todas las fuerzas políticas y sociales sean parte de estos debates, a fin de fortalecer y profundizar este sistema, en la convicción de que democracia y respeto de los derechos humanos son valores indisolubles que no existen por separado.
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