Mientras se desarrollaba una masiva movilización fuera del recinto, el bloque de Juntos impuso su mayoría para sancionar la nueva norma, que contiene fuertes sanciones a trabajos precarios o de subsistencia que se desarrollan en el espacio público y además afecta el derecho a la protesta

El Concejo Deliberante convirtió en ordenanza la reforma del Código Contravencional (ahora denominado Código de Convivencia), que había sido impulsada hace cuatro años por el intendente Julio Garro.

El bloque de Juntos impuso su mayoría, de 13 bancas, y sumó además el voto del unibloque del GEN de Gastón Crespo (quien además es candidato a diputado en la lista del oficialismo). En tanto, el Frente de Todos rechazó de forma unánime la iniciativa. De esta forma, la votación final fue de 14 votos por la afirmativa y 10 por la negativa.

Afuera del recinto se desarrolló una multitudinaria movilización de diversos sectores que desde que fue presentado el proyecto venían realizando protestas para rechazarlo, ya que la nueva norma contiene fuertes sanciones a trabajos precarios o de subsistencia que se realizan en el espacio público y además afecta el derecho a la protesta al limitar los cortes de calle.

Precisamente, quienes se manifestaron fueron organismos de derechos humanos, gremios, vendedores y vendedoras ambulantes, trabajadores y trabajadoras cartoneras, trabajadoras y trabajadores sexuales, artistas callejeros, sectores de la cultura, la comunidad senegalesa, trabajadores y trabajadoras muralistas, y distintas organizaciones políticas y sociales.

El debate en el Concejo

La presidenta de la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos, Romina Cayón (Juntos), fue la encargada de defender en primer término el proyecto. Entre otras cosas, respondió las críticas a la escasa escucha hacia los sectores afectados y remarcó que “a nadie se le negó la participación”. En ese sentid, destacó a organismos que participaron de las reuniones de comisión como la Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Universidad Nacional de La Plata, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia, entre otros.

Más tarde, la concejala Ana Herrán Castagneto le iba a remarcar que justamente buena parte de los aportes de esos organismos no fueron tenidos en cuenta. Es decir, si bien las principales críticas de esos sectores habían sido hacia la pena de arresto -que figuraba en la versión original pero fue quitada luego-, y hacia otros puntos vinculados al derecho a la protesta y al trabajo sexual que en el texto final están matizados con respecto al primer proyecto, de todas formas los aspectos regresivos que señalaban seguían estando allí.

A su vez, Cayón hizo referencia la realización de “más de 36 talleres que hicimos en los 24 barrios de la ciudad, acercando propuestas y delimitando las problemáticas”. Sin embargo, aquellas supuestas “mesas de diálogo” realizadas en 2018 habían sido fuertemente cuestionadas por las enormes restricciones a la participación que tuvieron y la poca antelación con que se difundían los lugares en donde se realizarían.

En tanto, Cayón fue clara con respecto a la limitación del derecho a la protesta: “que yo tenga derecho a protestar no implica que cercene el derecho a circular de nadie”. Además también se refirió al objetivo final de los artículos referidos al trabajo sexual: “En este proyecto proponemos relocalizar la zona roja. Dar esta batalla es darle la batalla al narcomenudeo. Hay que dejar de negar los problemas”.

“Con respecto al trabajo sexual, este Código es menos prohibitivo que el anterior. Las saca de la ilegalidad”, agregó el edil Gastón Crespo, quien rechazó que este código sea “represivo” y hasta lo calificó como “progresista”.

Cabe recordar que a principios de este año la Municipalidad entró nuevamente en conflicto con las trabajadoras trans y travestis de la zona roja al intentar prohibir un carnaval que realizaron en defensa de sus derechos y en rechazo a la persecución estatal. La búsqueda de impedir la actividad había sido impulsada por la autodenominada Asamblea Vecinal del Barrio El Mondongo, cuyo principal referente Daniel Domínguez estaba presente en el recinto aplaudiendo la sanción de la norma, mientras que las trabajadoras sexuales -afectadas por el nuevo código- estaban formando parte de la protesta afuera del palacio municipal.

Por su parte, Yanina Lamberti, concejala del Frente de Todos, señaló que “las voces de las miles de personas que están protestando afuera son las que no fueron escuchadas por en este Código de Convivencia”.

En ese sentido, remarcó que la norma “profundiza desigualdades y tiene una profunda mirada cascocentrista (…) No es un código que garantice derechos para todos y todas por igual, cercena el derecho al trabajo, al esparcimiento y el derecho a la protesta. Tiende a criminalizar fuertemente las estrategias de supervivencia de un sector de la población que hoy la está pasando muy mal. Pienso en el decomiso de mercadería, en los artistas callejeros, vendedores de flores, en las manteras”.

El debate sobre el expediente duró alrededor de dos horas, pero la decisión del oficialismo ya estaba sellada de antemano. Ahora, el nuevo Código Contravencional y sus consecuencias empezarán a regir dentro de 180 días tras la promulgación de la ordenanza votada hoy.

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