Caso López: piden elevación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La exigencia fue formalizada por colectivo Justicia Ya! La Plata, en busca de una sanción al Estado argentino por la falta de respuesta a 15 años de la segunda desaparición del testigo clave en el emblemático juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz en 2006

Este sábado se cumplirán 15 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, militante social en los años ’70, vecino de Los Hornos, sobreviviente del genocidio de la última dictadura y testigo clave en el emblemático juicio contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz en 2006.

Ocho años y ocho meses después de aquel hecho, la responsabilidad del Estado en el empantanamiento de la investigación judicial era evidente y ya había sido señalada en reiteradas oportunidades por organismos de derechos humanos. Ante el estancamiento del proceso y la imposibilidad de acceder a la verdad, la querella del colectivo Justicia Ya! presentó en mayo de 2014 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Según explicaron desde el mencionado colectivo querellante, dicha denuncia solicitó que “se investigue la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en el caso Jorge Julio López, desaparecido por segunda vez, en las vísperas de los alegatos del primer juicio oral en el que fue condenado (con sentencia firme) por primera vez el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, Director General de Investigaciones de la policía bonaerense durante la dictadura”.

El 5 de septiembre de 2017 la CIDH dio traslado de la denuncia al Estado argentino, que pidió una “solución amistosa” en el marco del artículo 48 (inciso 1,F) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Se trata de una especie de mediación, en la cual se puede arribar a algún acuerdo entre las partes.

“Durante la gestión de (Mauricio) Macri aceptamos ese ámbito pero sólo para denunciar frente a frente a los funcionarios del ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso López. El macrismo jamás se presentó a dar la cara. Llegado ya el gobierno de Alberto Fernández la Comisión insistió con el mecanismo de la ‘solución amistosa’ a lo que respondimos que no vamos a negociar con ningún funcionario la vida del compañero y vamos a seguir interpelando al Estado Argentino para que dé una respuesta a tantos años de impunidad y retardo de justicia. No puede haber solución amistosa cuando no sabemos qué pasó con López y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes”, señalaron desde Justicia Ya!.

En una reciente entrevista con la CIDH, y ya cerrado el capítulo de la “solución amistosa”, el colectivo querellante expresó su exigencia de que el caso sea elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca de una sanción al Estado argentino por la falta de respuesta.

Según explicó la abogada integrante de Justicia Ya! Pía Garralda a Pulso Noticias, ahora “la Comisión decidirá si toma resoluciones, que son indicaciones para el Estado Argentino, o envía el caso a la Corte para que se sancione al Estado Argentino por incumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos”.

¿Por qué se piden sanciones al Estado?

El mencionado colectivo querellante es tajante a la hora de hablar de las responsabilidades del Estado, en particular del Poder Ejecutivo: “durante estos 15 años de impunidad en el caso los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, con sus gobernadores Felipe Solá y Daniel Scioli, el de Mauricio Macri con María Eugenia Vidal y el de Alberto Fernández con Axel Kicillof, nunca impulsaron políticas concretas que permitieran el  avance en la investigación”.

Consultada sobre cuáles son las acciones que debieran impulsar los Gobiernos en la causa, Garralda remarcó: “El Ejecutivo tendría que impulsar la investigación de la causa federal. A través ya sea de la Fiscalía, que depende directamente del Ejecutivo o de las querellas tanto de Provincia como de Nación que responden directamente a ellos. No tienen ninguna intervención en ese sentido para hacer avanzar la causa”.

“En la causa no hay ninguna persona imputada, ninguna línea de investigación, está llena de denuncias falsas que vienen del 911, del Ministerio de Seguridad, con lo cual está muy empantanada la causa, desde el Estado argentino o de los Gobiernos no se ha impulsado una política clara para esclarecer qué fue lo que pasó y que se investigue la responsabilidad de las personas que actuaron tanto material como ideológicamente en el caso”, afirmó.

En un comunicado de prensa publicado este jueves, sintetizan algunas de esas falencias: “Durante los 3 primeros meses la Jueza de Garantías Marcela Garmendia y los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri investigaron la causa como si se tratase de un extravío o una ausencia voluntaria, desconociendo el planteo de los organismos, que señalamos que se trataba de un secuestro político”.

“Cuando por fin logramos que se reconozca que hubo una desaparición forzada, la causa, pasó en distintas etapas a manos de los jueces federales Manuel Humberto Blanco, Arnaldo Corazza y ahora (Ernesto) Kreplak.  La ‘investigación’ federal solo agregó miles de fojas inconducentes en la causa: realizaron allanamientos pre avisados y con el tiempo suficiente para hacer desaparecer cualquier pista útil para hallar a López, o dar con los instigadores y autores materiales de su desaparición, promovieron búsquedas alocadas inducidas por videntes, apuntaron al entorno de la víctima y a los organismos que habíamos acompañado al testigo. Pero esencialmente jamás profundizaron las pistas que iban hacia la propia Policía Bonaerense o el Servicio Penitenciario y mucho menos indagaron a los policías de la bonaerense, retirados y en actividad, del entorno de Etchecolatz”, expresaron.

En este marco, Garralda afirmó que la expectativa del colectivo querellante es “que se sancione al Estado argentino por el incumplimiento de los tratados internacionales y que sea un impulso para que se investigue seriamente. Como decía Nilda Eloy, la causa Julio López es un ‘manual de la impunidad’, porque está completamente contaminada y se hace lugar a esa contaminación en vez de investigar qué fue lo que pasó, el derecho a la verdad, y lógicamente dar con los responsables y que se haga justicia”.

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