El gobernador de Santa Fe dijo que pedirá a la Justicia que le dé a la Provincia la intervención de la compañía y adelantó que “no hay expropiación”
Tras el revés judicial sufrido este viernes, el Gobierno anunció una “intervención sin expropiación” de Vicentín, la empresa agroexportadora de Santa Fe que se encuentra en concurso de acreedores.
Así lo confirmó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien quedó al frente de las negociaciones tras las duras críticas que recibió el presidente Alberto Fernández luego de anunciar que impulsaría la expropiación de la firma. “No hay expropiación. El juez tiene en sus manos esta decisión que ha acompañado el Presidente”, sostuvo.
Según adelantó Perotti en declaraciones televisivas, la nueva intervención sería a través de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe. En ese marco, señaló que “hemos pedido una intervención judicial de la empresa Vicentin en el marco del concurso. Esto lo trabajamos en conjunto con el Presidente de la Nación. Esto ya se lo hemos presentado al juez”.
“La propuesta es que la Inspección de Personas Jurídicas le solicita al juez que intervenga en el marco del concurso y le de la administración de la empresa Vicentin. Allí puede sustanciarse este proceso dentro del marco del concurso y dejando de lado la expropiación”, señaló Perotti, al tiempo que agregó que “hicimos esta presentación para que en el marco del concurso, dejando de lado el proyecto de expropiación, se genere allí la conducción de la empresa a través de tres personas que propone la Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe”.
El gobernador explicó que en la reunió que mantuvo la semana pasada con Fernández y los directivos de la empresa “el Presidente entonces dijo que estaba dispuesto a escuchar una alternativa. Eso no solo podía provenir de la empresa, sino también para nosotros”.
Revés judicial
Este mediodía el juez comercial de Reconquista Fabián Lorenzini ordenó restituir al directorio del Grupo Vicentin al frente de la cerealera y nombró a los interventores del Gobierno como simples veedores.
La medida cautelar es temporal, por un plazo de 60 días prorrogables. Se hizo lugar así a un reclamo de la compañía, para cuyos directivos “la irrupción de los interventores en dicha administración preexistente, de manera abrupta e intempestiva, impidió cualquier tipo de transición ordenada dejando a la empresa a la deriva”.
Al respecto, Perotti señaló que “justo cuando hicimos esa presentación había salido la disposición del juez para reponer a las autoridades de la firma. Eso nos llevó a pedir una suspensión de esa medida para que se pueda analizar este proyecto presentado, que es clave porque tiene el acompañamiento del Presidente a una propuesta que deja de lado el proceso de la expropiación”.
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