En el marco de la marcha nacional en defensa de la Universidad Pública, en “Malos perdedores” dialogamos con Juan Pedro Massano, docente de Humanidades de la UNLP y miembro del laboratorio del salario de la docencia universitaria
Este martes 23 de abril quedará como un hito en la historia de la defensa de la educación pública en el país. Cientos de miles de personas se movilizarán a lo largo y a lo ancho del país en contra del ajuste y el desfinanciamiento de la universidad pública y gratuita.
Estudiantes, docentes, rectores, decanos, se movilizarán en distintas ciudades del país sosteniendo el reclamo. Además, junto a ellos marcharán colectivos de artistas, de derechos humanos, representantes de partidos políticos, organizaciones sociales, junto a la CGT y las dos CTA.
En ese marco, en “Malos perdedores” -programa coproducido por Pulso Noticias y Radionauta FM– dialogamos con Juan Pedro Massano, docente de Humanidades de la UNLP, integrante del cuerpo de delgados de la facultad y miembro del laboratorio del salario de la docencia universitaria.
– ¿En qué situación se encuentra hoy la educación universitaria y cuáles son los principales reclamos de cara a la marcha del 23?
“En cuanto al presupuesto universitario según el informe que sacó hace poco la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, estamos en una situación presupuestaria crítica. El presupuesto universitario está prorrogado, es el mismo del año pasado en términos nominales, pero con el impacto de la inflación desde el año pasado hasta hoy. Eso implica que es, por lo menos para los registros que se tienen, el menor presupuesto universitario desde 1997 hasta la fecha. Estamos hablando de una cosa así como un poco más de 1,5 billones de pesos, pero tengamos en cuenta que el presupuesto universitario del año pasado, del 2023, a precios de hoy, sería casi el triple, o más del triple, más de 4.000 billones de pesos”.
– ¿Cuál es la situación salarial de las y los docentes?
“Lo que mencionaba anteriormente implica que se afectan de manera severa las actividades universitarias normales y por supuesto el salario docente, que es otra de las aristas de la cuestión. Específicamente en cuanto a esto, el pasado 12 de abril el INDEC publicó la variación del Índice de Precios al Consumidor, que mide la inflación para todos los que vamos al supermercado, que resultó ser del 11% mensual. Y la variación interanual fue del 287%. La acumulada de estos meses del año ya alcanza 51,6%. El salario de la docencia universitaria, en cuanto a esos tres ítems se modificó durante el mes de marzo 12%. Es decir que estuvo un 1% por arriba de la inflación. Esto es raro para los últimos meses, tiene que ver con una actualización particular, de una cuota de aumento salarial que hubo en febrero, pero a nivel interanual está 109,6 puntos por debajo de la inflación, explicada sobre todo por los meses que siguieron de diciembre a marzo. Y en términos de los tres primeros meses de 2024, el salario docente está 21,7 puntos por debajo de la inflación. Es decir que hay un deterioro bastante importante del salario docente.
– Ha habido intentos del Gobierno de desactivar la movilización, diciendo que habían actualizado en 140% el presupuesto universitario, cuestionando los motivos de la marcha. ¿Cómo interpretás esto? ¿Cuánto pueden tirar de esa cuerda teniendo en cuenta el peso histórico que tiene la educación pública en la sociedad argentina?
“En primer lugar, acerca de los números que menciona el Gobierno, ese 70% de aumento o 140% porque se daría en dos veces, afecta solamente al 5% del presupuesto total, porque se trata del presupuesto que tiene que ver con el mantenimiento y funcionamiento de instalaciones edilicias. Pero el presupuesto universitario consta de varios ítems. El más grande son los salarios, casi el 90%, y ese 70% se aplica sólo a un pedacito de todo el presupuesto. Estamos hablando de un aumento en términos del presupuesto universitario real del 4%, más o menos. Está muy lejos de satisfacer las necesidades de las universidades. Por supuesto, además, ese presupuesto que se estaría aumentando, no se aplica a la masa de dinero que iría a salarios docentes, tareas de investigación y otras, por lo tanto, tampoco significa una evolución en el proceso de negociación salarial, paritario, con los gremios tanto docentes como no docentes. Y por supuesto las universidades en todo el país tienen un gran predicamento a nivel social tanto por la movilidad social como por su presencia a la hora de satisfacer necesidades sociales, mediante proyectos de extensión, de investigación, hospitales universitarios, etcétera, y creo que eso se va a ver reflejado en el nivel movilización”.
– Teniendo en cuenta que no hay previsto incrementar partidas para los salarios docentes y para proyectos de investigación ¿cómo interpretás esto? ¿Un ataque específico a los docentes, al sector docente de las universidades? ¿O más en el marco de una política general hacia la clase trabajadora?
“No escapa a lo general de la política de recorte del presupuesto, de gastos estatales. En ese sentido está siendo tan impactada como otros sectores como la salud pública, el resto de la educación pública no universitaria. En ese sentido, el recorte tiene un impacto global en toda la sociedad. Ese recorte tiene un diagnóstico por detrás definido por una posición técnica y política acerca de cuáles son los causantes de la situación económica y social general, que en particular la mayoría de los docentes universitarios no compartimos, que es que el presupuesto de gastos del Estado son parte importante que explica los niveles inflacionarios, la crisis económica, el estancamiento, etc. El hecho de que no haya presupuesto para ampliar las tareas de investigación implica no solamente recortar las carreras académicas de los individuos que están haciendo investigación o que están dando clases o que se están formando, si no también la aplicación de los resultados de esas investigaciones en vastas áreas de la cultura, la economía, la industria. Supuestamente todo ese sector de la universidad, del conocimiento, de la ciencia, de la técnica, que se retrae del presupuesto estatal, debería ser, según el gobierno nacional, ser reemplazado por la iniciativa privada, que a diferencia de las universidades y las universidades públicas tienen como finalidad primordial el lucro. Y por lo tanto estarían dispuestos a garantizar las partidas presupuestarias de actividades que les redunden en ganancias, por lo tanto estamos hablando de un giro copernicano en cómo se financia y se orienta la producción de conocimiento y la ciencia a nivel nacional”.
– Con respecto a la narrativa del Gobierno de decir que cada estudiante tiene que exigir a su rector saber en qué se gasta la plata y tratando de instalar esta idea de que las universidades vienen a ser como un agujero negro de gastos de recursos del Estado donde no hay control y que vienen a impulsar algún tipo de auditoría severa para ver dónde van destinados esos fondos. ¿Qué mecanismos de auditoría y control funcionan hoy?
“Las universidades tienen mecanismos de auditoría interna, que están sus resultados a disposición del público en la mayoría de las páginas oficiales de las universidades. Hay instituciones nacionales que no dependen del Poder Ejecutivo, como la Auditoría General de la Nación, que pueden auditar universidades y lo hacen. Y finalmente la Sindicatura General de la Nación también audita universidades. Hay toda una serie de mecanismos de auditoría funcionando en este momento, pueden tener imperfecciones e irregularidades, pero hay toda una serie de instancias para hacer los reclamos pertinentes. Nosotros como docentes universitarios e investigadores, por ejemplo, cuando se nos asigna una partida presupuestaria para un proyecto de investigación, tenemos que rendir hasta la más mínima factura de en qué lo gastamos, y en algunos casos como por ejemplo la compra de bibliografía actualizada, esa bibliografía queda a disposición de la universidad, no es que le queda al docente universitario. Y se tiene que rendir cada factura y donar cada libro por ejemplo a la biblioteca de cada facultad. Estamos hablando de sistemas complejos y verdaderamente amplios de auditoría y control de los gastos”.
– Da la sensación de que el gobierno cuando quiere justificar un recorte apela a decir que “hay irregularidades” y en este caso en un sector tan sensible como la universidad pública.
“Sí, totalmente. Eso quizás tiene que ver con los efectos de la palabra pública, de la agenda pública. Yo no soy un analista especializado en esos temas. Pero sí interpreto como ustedes que con el solo hecho de enunciar que hay una suerte de irregularidad, basta para deslegitimar posiciones generales sobre, por ejemplo, cómo es nuestro salario, cuánto está relegado con respecto a la inflación, cómo debe ser la negociación colectiva que canalice el conflicto salarial y por condiciones de trabajo. Frente a una denuncia vaga sin demasiado asidero, se termina deslegitimando todo el proceso de negociación colectiva. Eso verdaderamente es un problema de actualidad. Por el momento la respuesta que nosotros podemos dar es la organización y la movilización”.
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