La medida judicial responde a una acción colectiva presentada por La Ciega y el CELS ante el desmantelamiento de políticas públicas y la falta de provisión de medicamentos esenciales para garantizar el aborto legal en todo el país
La Cámara Federal de La Plata ordenó al Ministerio de Salud de la Nación habilitar en su página web oficial un espacio específico para registrar a todas las personas que hayan tenido obstáculos para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
La decisión judicial surge de una acción colectiva impulsada por el colectivo de abogades La Ciega y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organizaciones que vienen denunciando la falta de medidas concretas del gobierno nacional para garantizar la ley sancionada en diciembre de 2020.
“Desde que asumió Milei, el Ministerio de Salud no impulsó los mecanismos administrativos necesarios para adquirir dos medicamentos fundamentales para la práctica de la IVE y la ILE: el misoprostol y la mifepristona”, explicó a Pulso Noticias Estefanía Gelso, integrante de La Ciega.
“Desde principios de 2024 esos procedimientos no se movían, y eso inevitablemente genera el riesgo de desabastecimiento. Si faltan los medicamentos, se bloquea el acceso al derecho”, señaló.
Ante esa situación, ambas organizaciones decidieron presentar una acción preventiva de carácter colectivo ante el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo del juez Ramos Padilla. El magistrado dio lugar al reclamo, pero el Ministerio apeló.
La apelación fue rechazada y la Cámara Federal confirmó la sentencia: el Ministerio deberá publicar un banner en su sitio web para informar la existencia del proceso judicial y permitir que quienes hayan tenido obstáculos para acceder a la práctica puedan presentarse en el expediente.
Acciones colectivas: una herramienta de defensa de derechos
Gelso destacó la importancia de este tipo de procesos judiciales. “Las acciones colectivas aparecen en nuestro derecho con la reforma constitucional del 94. Permiten identificar a un grupo afectado y exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones. En este caso, las personas que no pueden acceder a la práctica de aborto legal pese a que la ley lo garantiza”, explicó.
Desde 2007, La Ciega viene impulsando litigios vinculados a los derechos sexuales y reproductivos, la violencia de género y la igualdad. “Tenemos experiencia en este tipo de procesos. Lo interesante es que deben hacerse públicos: el fallo ordena al Ministerio poner un banner para que todas las personas que hayan tenido trabas puedan sumarse al expediente”, agregó.
Desigualdades y obstáculos en todo el país
Las dificultades para acceder a la interrupción del embarazo son muy dispares según la provincia. “En nuestro relevamiento vemos realidades muy distintas. En Buenos Aires hay muchos centros de salud que garantizan la práctica, pero en provincias del NOA o NEA todavía hay lugares donde sólo dos hospitales la garantizan”, señaló Gelso.
La abogada recordó que la ley establece un plazo máximo de diez días para que el sistema de salud garantice la práctica una vez solicitada. “Ese límite fue clave para que se cumpla, pero todavía hay equipos médicos que incumplen o dilatan los procedimientos”, dijo.
Un contexto de regresión
La integrante de La Ciega remarcó que el gobierno actual desmanteló políticas públicas claves, como el Plan ENIA, orientado a prevenir embarazos no intencionales en la adolescencia.
“Desde que asumió esta gestión hubo un desmantelamiento sistemático de las políticas de género. Incluso hay persecución simbólica hacia profesionales que garantizan la práctica, pese a que la ley los respalda”, afirmó.
Un granito más a la lucha colectiva
La acción judicial, en ese sentido, tiene un carácter preventivo. “Lo que intentamos es evitar un daño futuro: que haya personas que no puedan acceder a la práctica por falta de medicamentos. Pero claro que siguen existiendo obstáculos hoy. La gestión de los cuerpos de las personas gestantes sigue siendo un terreno de disputa permanente”, sostuvo.
“Los frentes son muchos, la embestida es fuerte. Los feminismos no sólo defendemos los derechos reproductivos, sino la sostenibilidad de la vida. Esta sentencia es un granito más en esa lucha colectiva”, reflexionó.
Para Gelso, el fallo de la Cámara Federal es una conquista más dentro de una pelea más amplia.
Y cerró: “Es importante que el Ministerio tenga que hacerse cargo, que haya un costo político y administrativo. Porque mientras arremeten contra nuestros derechos, nosotras seguimos visibilizando, litigando y estando en las calles. Que se sepa que las personas que encuentran obstáculos pueden presentarse. Que el Estado tenga que responder una por una”.
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