Organizaciones feministas y representantes de los distintos sindicatos rechazaron el proyecto elaborado por el oficialismo. Consideran que no busca resolver el problema de las brechas laborales sino que es una herramienta para “precarizar e intervenir los sindicatos”
Por Walter Amori
El gobierno nacional presentó los puntos principales del proyecto de ley de “equidad de género e igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo”, promovido con la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña. La iniciativa despertó un fuerte rechazo por parte de las organizaciones feministas, como de las trabajadoras de los distintos sindicatos.
La primera reunión informativa al respecto fue la plenaria de las comisiones de Legislación del Trabajo y Niñez, familia y adolescencia, que se realizó la semana pasada en la Cámara de Diputados. Contó con más de cincuenta sindicalistas que se manifestaron en contra. Las mujeres nucleadas en la CGT, las dos CTA, la CFT, la CTEP y la CNCT afirmaron que este proyecto se trata en realidad de una “reforma laboral encubierta”.
Quien más enfatizó en este aspecto fue la secretaria general del FESITRAJU (judiciales) y diputada de Unidad Ciudadana, Vanesa Siley, para quien “el problema de la brecha salarial y de la inequidad en el mundo laboral no tiene que ver con que hay una mujer que realizan el mismo trabajo del varón y cobra distinto”.
“La brecha salarial es fruto de la segregación ocupacional, o sea, cómo las mujeres nos incorporamos a las actividades laborales. Y aquí radica el punto, porque nosotras realizamos las tareas feminizadas en salud, educación. Somos las que ocupamos el mayor índice de trabajo no registrado. Por eso ganamos menos”, señaló.
“Además, esa segregación ocupacional se combina con lo que pasa al interior del trabajo, es decir, el techo de cristal. Nosotras ocupamos la base de esa pirámide laboral. Entonces, no es real lo que plantea el proyecto del Poder Ejecutivo, es algo meramente declamativo”, argumentó la legisladora.
Desde el oficialismo, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, quien realizó un discurso leído, dio cuenta de la desigualdad de género que existe en los ámbitos laborales, pero no explicó la raíz de esas diferencias ni la ausencia de políticas desde hace tres años en su organismo para contrarrestarla.
En diálogo con Pulso Noticias, la socióloga de la Cátedra Virginia Bolten, Flora Partenio, aseguró que “hay una apropiación de los lenguajes históricos del movimiento feminista, algo que ya se había planteado en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Se propone una instrumentalización de las mujeres, plantea una inclusión de las mujeres en el trabajo remunerado pero no se cuestiona las condiciones”.
En la misma línea, Claudia Lázzaro, responsable del área de Género del Sindicato de Obreros Curtidores, expresó a este medio que “a partir del pasado 8 de marzo, después del paro internacional de mujeres, el movimiento feminista ha tomado una impronta mucho más profunda y mucho más política”. “El gobierno, con el maquillaje de un lindo título, creyó que podía llegar a esquivar la mirada profunda de nosotras, las trabajadoras”, remarcó.
“Cuando leímos el borrador del proyecto del Gobierno con las compañeras, vimos que esto no era un avance, sino un retroceso. Que lo que buscaba era precarizar, despedir e intervenir sindicatos”, afirmó Lázzaro.
“Hay un carácter intervencionista en nombre de las mujeres”
Uno de los puntos más conflictivos del proyecto es el que establece que los sindicatos deben adoptar “las normas estatutarias pertinentes para garantizar el respeto a la igualdad de género en el interior de sus organizaciones”.
Desde los gremios señalaron que es una trampa para deslegitimar a los sindicatos. Al respecto Siley afirmó: “Acá no se le pone multa al empleador ni se le exige, pero a las organizaciones sindicales sí se les exige, se le pone plazo a su cumplimiento. Se le da facultades exorbitantes al Ministerio de Trabajo en relación con los sindicatos”.
Para Claudia Lázzaro, “el proyecto del oficialismo tiene una fuerte raíz anti sindical, se le quiere dar al Ministerio de Trabajo facultades extraordinarias que puede llegar a utilizar al momento de la homologación de los convenios colectivos de trabajo. Hay un carácter intervencionista en nombre de las mujeres”.
Asimismo, como se expresa en la cobertura de la reunión plenaria realizada por el portal latfem.com, la iniciativa no propone acciones concretas para la incorporación de las mujeres, lesbianas, travestis y trans al trabajo. Replica aquello que ya está determinado y protegido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la Ley 20744 de Contrato de Trabajo.
Desde Cambiemos las diputadas Silvia Lopesnato y Brenda Austin fueron quienes se expresaron, limitándosea seguir el guión del oficialismo y a cargar las tintas sobre los sindicatos. “El FPV tiene un planteo ideológico que hay que sancionar directamente a las empresas, y eso no tiene sentido”, manifestó Banfi. “Yo sé que la verdad duele pero son los sindicatos los que no cumplen el cupo”, agregó.
Como respuesta a la iniciativa del Gobierno, la diputada Vanesa Siley presentó una propuesta alternativa que tiene las firmas de diputados del PJ, del massismo y del Movimiento Evita, y que fue elaborada en conjunto con la CGT, con las dos CTA y con la CTEP. Su proyecto contiene profundas reformas en los regímenes de licencia de comaternidad y copaternidad, incluye géneros no binarios y la sanción para empleadores, entre otros puntos de diferenciación.
Esta semana, a requerimiento de la Comisión de Legislación del Trabajo, fueron convocados representantes de las principales centrales obreras. Participaron del encuentro el triunviro de la CGT, Héctor Daer; Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA de los trabajadores y Dora Martínez, secretaria adjunta de la CTA autónoma.
Los tres dirigentes gremiales enfatizaron en el carácter precarizador y flexibilizador del proyecto de Cambiemos y el intervencionismo que plantea sobre las organizaciones sindicales.
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