La medida alcanza a las máximas autoridades de la Unidad 51 y a integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias. La decisión se tomó mientras avanza la investigación por torturas, vejaciones y abusos sexuales contra mujeres detenidas
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires dispuso la disponibilidad preventiva de diez agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La investigación apunta a su presunta participación en graves hechos de tortura, vejaciones y abusos sexuales contra mujeres alojadas en la Unidad 51 de Magdalena.
En comunicación con Pulso Noticias el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, consideró que la decisión de apartar preventivamente a diez agentes penitenciarios, incluida la cúpula de la Unidad 51 de Magdalena, constituye “una señal importante” por parte del Ministerio de Justicia bonaerense frente a hechos de extrema gravedad. Según señaló, entre los agentes separados se encuentra la jefa del penal que, de acuerdo con la investigación, habría dirigido las distintas acciones que integraron la secuencia de torturas y abusos contra mujeres detenidas durante varias horas.
Cipriano destacó que la medida envía un mensaje claro hacia el interior de la fuerza penitenciaria para desalentar la repetición de estas prácticas. En ese sentido, recordó que la CPM viene denunciando desde hace años situaciones sistemáticas de torturas y malos tratos en cárceles bonaerenses. Asimismo, reclamó que la Justicia penal avance “con la misma celeridad y profundidad” en la investigación de los hechos y adopte rápidamente medidas respecto de los agentes involucrados.
Los avances registrados tanto en la causa penal como en el expediente que tramita Asuntos Internos del SPB llevaron al Ministerio de Justicia a tomar esta decisión.
Tal como lo informó Andar, la agencia de noticias de la CPM, entre los funcionarios separados preventivamente se encuentran las máximas autoridades del penal.
Por un lado, Carlos Miguel Tocci, subdirector del Área de Seguridad a cargo de la Unidad 51 y Juan Manuel Villena, subdirector de Régimen. Tambiñen Daiana Balmaceda, jefa de Vigilancia y Tratamiento; Daiana Villafañe, coordinadora del régimen abierto; y María Belén Toledo, subjefa de Vigilancia.
El Ministerio de Justicia también desafectó a integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) que habrían participado en los hechos denunciados. La medida alcanza además a la enfermera Raquel Noemí Boccardo, cuyo accionar también es objeto de investigación.
Según distintos testimonios incorporados a la causa, la profesional habría presenciado las agresiones, aunque el informe de enfermería confeccionado ese día no registró las lesiones sufridas por las detenidas.
Los hechos denunciados
La investigación se originó a partir de los hechos ocurridos el 3 de junio en la Unidad 51 de Magdalena.
Según la denuncia, tras una pelea entre dos detenidas, personal penitenciario ingresó a un pabellón de la planta alta arrojando gas pimienta y encerró a las mujeres en sus celdas.
Posteriormente, agentes penitenciarios intentaron requisarlas y les exigieron que se desnudaran frente a integrantes masculinos del Grupo de Intervención ante Emergencias. Ante la negativa de las detenidas, les arrojaron gas pimienta directamente al rostro, las golpearon y las trasladaron a distintos sectores de la unidad.
De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, agentes penitenciarios golpearon, amenazaron, asfixiaron y sometieron a inmersión forzada de la cabeza en agua —práctica conocida como submarino húmedo— a las mujeres mientras permanecían esposadas y semidesnudas.
En este video lo relatan las propias detenidas.
La denuncia señala además que la jefa de Vigilancia y Tratamiento, Daiana Balmaceda, dirigía las agresiones y ordenaba a las detenidas que le besaran las botas mientras continuaban los tormentos. En ese contexto, dos mujeres habrían sido víctimas de abuso sexual.
Luego de varias horas de agresiones, durante la madrugada del 4 de junio tres de las detenidas fueron trasladadas a otras unidades penitenciarias con sus pertenencias destruidas.
La única mujer que permaneció en el establecimiento intentó suicidarse horas después, afectada por las secuelas de lo ocurrido y sin haber recibido asistencia psicológica. Según consta en la investigación, ese mismo día otra mujer también habría sido víctima de torturas dentro de la unidad.
Respaldo judicial a la investigación de la CPM
Mientras avanza la instrucción, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata revocó una resolución del juez de garantías Juan Pablo Masi. Fue él inicialmente había rechazado por considerarla prematura la presentación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como particular damnificado institucional.
Con los votos de los jueces Fernando Mateos y Juan Benavides, la Cámara sostuvo que los hechos denunciados revisten gravedad institucional. Y que se encuentran dentro de las competencias legales de la CPM como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
En su voto, Benavides señaló que los elementos aportados en la denuncia no describen un mero exceso en el uso de la fuerza durante un operativo, sino que permiten advertir la posible existencia de “un esquema sistemático y deliberado de vejaciones, tortura y abuso sexual utilizado como mecanismo de castigo, humillación y sometimiento por parte de las autoridades y agentes de la Unidad Penitenciaria”.
Por su parte, Benavides destacó la importancia de la intervención temprana en este tipo de causas.
“La recolección temprana de la prueba es vital para evitar la frustración del proceso, la alteración de evidencias o la consolidación de dinámicas de encubrimiento u omisión institucional”, sostuvo, según la nota de Andar Agencia.
Tras el pronunciamiento de la Cámara y ante la cantidad de pruebas reunidas, el propio juez Masi terminó aceptando la participación de la CPM en la causa.
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