Luego de que la justicia federal determinó que no hay delito en la ocupación de los terrenos del Ex Club de Planeadores, oposición y oficialismo local repartieron culpas. Mientras tanto aumenta el número de familias que sobreviven en el lugar sin luz, agua ni atención médica
La Justicia Federal decidió el pasado viernes archivar la causa por la ocupación de terrenos de Los Hornos al considerar que no hay delito. Según lo expuesto por el Poder Judicial “al momento de los hechos, el predio se encontraba en estado ocioso y carecía en la gran mayoría de su extensión de un cerco o alambrado perimetral que lo protegiera de posibles intrusiones”.
“La propiedad en cuestión se trataba de un terreno descampado que adolecía de cualquier elemento de protección para impedir el ingreso de terceras personas -tales como candados, alambrados, cercos, obstáculos o barreras- sobre los que los ocupantes pudieran haber ejercido algún tipo de fuerza o violencia, como medio para consumar el despojo”, expresó el fallo del Juez Alejo Ramos Padilla.
En tal sentido, manifestó que “el ingreso a los terrenos se produjo a plena luz de día -a las 16:15 horas- y que la delimitación informal de lotes con sogas, palos y alambres también ocurrió a la vista de todos”.
El magistrado argumentó al cerrar la causa que la actual toma no generará “perjuicio de eventuales acciones civiles y/o administrativas que pudieran resultar necesarias en el futuro para llevar a cabo el proyecto de urbanización en curso, de conformidad con los estándares de seguridad y habitabilidad que deben regir este tipo de acciones”.
Ramos Padilla sostuvo además que “las familias que ocupan las parcelas en conflicto no cuentan con posibilidades económicas y políticas públicas de acceso al suelo”
Cuestionamientos desde el Municipio
Desde la Comuna consideraron que existe una inacción judicial y piden que se retome la denuncia y se efectué el desalojo de las viviendas en el Ex Club de Planeadores, ya que las mismas fueron levantadas en una zona inundable y representan un riesgo para los vecinos de la Ciudad.
En este sentido, el intendente de La Plata Julio Garro salió a repudiar la situación: “La decisión judicial es alarmante y sienta un precedente preocupante. Solicitamos a la Nación y Provincia la inmediata intervención, que apelen la medida y que se avance con el desalojo del predio ilegalmente ocupado, que genera un riesgo hídrico para toda la zona”, manifestó.
Al respecto, la secretaría de Planeamiento del Municipio, María Botta, remarcó que “desde la gestión municipal, no cesaremos en nuestro pedido de que las tomas de tierras, sean sobre terrenos privados o públicos, son un delito que no debe ser permitido bajo la premisa del déficit habitacional”.
La ocupación de los terrenos del Ex Club de Planeadores comenzó en febrero del 2020 y creció exponencialmente con más de 3000 personas viviendo allí. Ante los riesgos hídricos que presentaba esa situación, el Municipio de La Plata solicitó a la Justicia Federal demoler las viviendas.
La oposición apuntó a las responsabilidades del intendente
El bloque de concejales del Frente de Todos emitió un comunicado tras conocerse el fallo y la reacción del Ejecutivo local, en el que afirmaron que “el intendente Julio Garro se lava las manos”.
Según señalaron, la justicia exhortó al jefe comunal “a que asuma la responsabilidad respecto al Proyecto Urbanístico Integral acordado entre el gobierno nacional, provincial y municipal”.
“El intendente Julio Garro culpa a los sectores vulnerables de la sociedad por las inundaciones y las tomas, cuando en realidad ello sucede por la depredación inmobiliaria y los negociados con los desarrolladores por él representados en la Mesa Judicial”, aseguraron desde el bloque que conduce Yanina Lamberti.
“El proyecto urbanístico de Los Hornos está pensado en zonas no inundables y busca dar respuesta a cientos de familias. El Municipio cortó todo tipo de colaboración impidiendo el desarrollo de un barrio digno con servicios. Esa es la triste realidad”, señaló Lamberti en sus redes sociales.
¿Y ahora qué?
Según pudo saber Pulso Noticias, pese al fallo judicial y la preocupación manifestada por la dirigencia local y las autoridades municipales, el número de familias viviendo allí en condiciones de precariedad sigue en aumento.
Lo paradójico es que mientras no están garantizados los derechos básicos para los vecinos y vecinas, siguen instalándose gendarmes en containers con muy buenas conexiones de luz y agua. Tampoco está asegurada la atención médica.
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