Mientras 12 provincias presentaban grandes focos de incendio, el gobierno nacional anunciaba una reducción de las retenciones para la exportación de soja. Fue un paso más en la dirección de un modelo de producción y negocios que arrasa con los recursos naturales, que está detrás de los incendios y que no ha generado mayor igualdad ni menor pobreza. Por el contrario, ha profundizado esos indicadores
Por Walter Amori
Hace apenas unos días el reconocido abogado ambientalista, Enrique Viale, volvió a expresar en sus redes sociales un mensaje al que ha recurrido en más de una oportunidad en lo que va del año: “Otra noche para preguntarnos ¿por qué en Argentina nunca se prenden fuego plantaciones de soja o maíz transgénico y sólo se incendian humedales y bosques?, escribió.
El propio Viale, junto a la doctora en Sociología e investigadora del CONICET, Maristella Svampa afirman en el libro “El colapso ecológico ya llegó” (publicado hace un mes atrás) que el agronegocio es “nuestro Chernobyl Criollo, que ilustra como pocos uno de los temas más obturados por los gobiernos y los actores económicos involucrados”.
“Las cosechas récord y el boom de la carne argentina en el mundo han venido de la mano de la destrucción masiva de bosques nativos, de la degradación acelerada de los suelos, de la contaminación del agua y de los pueblos fumigados con agrotóxicos” señalan los autores, a lo que agregan que el agronegocio “se ha convertido en el mayor problema socioambiental de nuestro país por su extraordinaria extensión y proporción de ocupación territorial”.
Además, tanto Svampa y Viale, como muchos especialistas en la materia no dudan en indicar que los mapas de la degradación ambiental son totalmente coincidentes con los de la desigualdad y la pobreza.
Pese a estas reflexiones tan concluyentes y en el contexto de un incremento descontrolado de los incendios en nuestro país (aumentaron los focos en un 171% respecto del año pasado y afectaron ya a 12 provincias), producto en buena parte de los intereses económicos del agronegocio, el gobierno anunció esta semana un plan económico que vuelve a beneficiar al negocio de la soja transgénica.
“Los anuncios tienen que ver con la hoja de ruta que venimos marcando para propiciar la recuperación económica de nuestro país” dijo el ministro Martín Guzmán al confirmar que, entre otras medidas, se reducían transitoriamente las retenciones para las ventas al exterior de granos de soja y para sus principales derivados.
Según analizó el periodista y economista, Alejandro Bercovich, en su programa Pasaron Cosas, esa “hoja de ruta” de la que habla Guzmán, “tiene como base un pacto con los granes pulpos exportadores”.
Bercovich indicó que estos pulpos son grandes compañías multinacionales que manejan entre una tercera y una cuarta parte de las exportaciones en Argentina y que controlan el comercio mundial. Hablamos de Cargyl, Dreyfus, ADM, Nidera, Cofco, entre las principales, las cuales pactaron con el gobierno a través de una nueva entidad llamada Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).
“Estos grandes pulpos exportadores van a liquidar una parte de sus tenencias y van a embolsar la diferencia entre el precio de la soja al que le compraron a los productores y el precio al que ahora van a vender. Claro, ahora la soja subió, el dólar subió y además les van a cobrar menos retenciones. Entonces estos grandes pulpos van a tener a su favor una transferencia que se calcula entre 200 y 300 millones de dólares”, detalló el periodista en el aire de Radio con vos.
Además, afirmó que “estas grandes empresas son las grandes ganadoras y las que el gobierno aspira a tener como aliadas en la estabilización del dólar”.
Esta trascendental decisión económica, sumada a otros gestos como el retroceso en el decreto de intervención de Vicentín; la intención de instalar una factoría de chanchos para China; la falta de avances en una ley de acceso a la tierra para la agricultura familiar; el sostenimiento de una escaso presupuesto para ley de bosques y el beneficio para las exportaciones mineras contenido en el mismo paquete informado por Guzmán, no hacen más que pensar que no existen intenciones de modificar la matriz de producción que es funcional a los descontrolados incendios.
Así se advirtió desde Greenpeace: “La disminución de los impuestos a la exportación de soja dará impulso a más deforestación, teniendo en cuenta que el avance de la frontera agropecuaria es uno de los principales responsables de la pérdida de 8 millones de hectáreas de bosques en las últimas tres décadas”, señaló el organismo en un comunicado.
En ese documento, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace afirmó: “La baja a las retenciones a la exportación de soja es una mala noticia para los bosques. Junto a la ganadería, la soja es uno de los principales motores de la deforestación, y la expansión de estas actividades para exportar a China y Europa ahora será aún más negocio que antes”. “Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más”, aseguró Giardini.
En diálogo con Pulso Noticias, el doctor en Ciencias Sociales y profesor de Economía Política (UBA), Julio Gambina, remarcó que “en los incendios está claro que hay una intencionalidad para ganar territorio que es funcional al modelo productivo que se viene generando en la Argentina desde hace 40 años. El modelo productivo argentino, sobre todo vinculado al agronegocio, tiene que ver con los cambios que tuvimos en 1975-76 y que se consolidaron en los 90, donde Argentina no produce y vende alimentos, sino que produce o vende commodities”.
“Ese cambio de modelo productivo no es sólo del agronegocio, también incluye a la megaminería a cielo abierto y los hidrocarburos. Los que dominan ese modelo productivo son grandes trasnacionales”, asegura Gambina.
También señala que “por eso tiene lógica, en el marco del mantenimiento del modelo de acumulación, la baja transitoria de las retenciones. Son definiciones asumidas con mucha fuerza y convicción de que se está privilegiando la continuidad de la lógica del modelo productivo”.
Por otra parte, respecto del argumento que indica que estas medidas responden a una necesidad urgente de ingresos de dólares, Gambina afirma que “no es cierto que no hay dólares en la Argentina. El proyecto de Presupuesto dice que entre este año y el 2022 va a haber entre 13.000 y 15.000 millones de dólares anuales de superávit comercial”.
Además, explica: “Si los exportadores no liquidan las divisas, es una responsabilidad del Estado hacer que las liquiden. De hecho, hay unos 3.000 millones de dólares que no se liquidan por ventas ya realizadas. No se puede permitir, porque la exportación no es del exportador, la exportación es derivada de un proceso social de producción que termina vendiéndose al exterior. Por lo tanto, aunque la propiedad de la venta esté en manos del último eslabón del proceso productivo, corresponde al conjunto de la economía”.
Socios inconducentes
La decisión adoptada por el gobierno nacional tampoco se comprende desde el punto de vista de la estrategia política. Por un lado, no despierta la simpatía del núcleo más sólido de su electorado, mientras que, por otra parte, despertó críticas rabiosas de parte de los ganadores de la medida.
En este sentido, desde la mesa de enlace Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina dijo que “no hay una baja real de las retenciones”. Y en algunos lugares, como en Saliqueló, pidieron a muchos los productores retener los granos. En tanto, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) consideró “insuficientes” las medidas anunciadas por el Gobierno
Desde la CIARA remarcaron que “el sector agropecuario necesita una señal clara y contundente, un cronograma de baja gradual (permanente, no transitorio) hasta la eliminación definitiva de los derechos de exportación”.
Las críticas de las entidades agropecuarias también tienen que ver con que el gobierno eligió al CAA y no a estas entidades como interlocutor principal en las decisiones económicas. Más allá de las diferencias al interior del complejo sojero y agroindustrial, el costo político lo asumen Alberto Fernández y compañía.
Así lo analiza Gambina: “Desde el lado de la Sociedad Rural, de las confederaciones rurales, está claro que no están conformes y lo que piden es devaluación, lo que quieren es un tipo de cambio muy elevado. Y con la base propia hay un descontento grande, ayer hubo una movilización de estatales en la puerta del Congreso, todas organizaciones vinculadas al oficialismo. Por lo cual está claro que en la tropa propia empieza a haber un descontento. Estas medidas de reducción de retenciones, por más que incluyan segmentaciones, no benefician a los sectores más desprotegidos, es una medida orientada a un sector del capital. Está claro que el gobierno no atina a cambiar el rumbo del modelo productivo”.
Negocios irresponsables
En lo que va del año se quemaron en el país más de 600.000 hectáreas, lo que equivalen a unas 840.000 canchas de River o más 30 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Y esos focos de incendio se desarrollaron en 12 de las 24 provincias argentinas.
El licenciado en Ciencias Ambientales, Inti Bonomo expuso en el portal La Vuelta al Mundo que las razones de las quemas son diversas, pero a muy grandes rasgos hay dos focos de una magnitud terrible. El del Delta del Paraná, donde se queman humedales y el del centro del país con epicentro en Córdoba, donde se queman zonas boscosas.
La lucha contra las llamas en Córdoba 
Los incendios del Delta vistos desde Rosario
Roberto Bo, director del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, explica a Pulso que “lo que es común tanto en Córdoba como en el Delta es que en lo ambiental estamos viviendo un año seco, que va a continuar porque se está formando una ‘niña’, que para nosotros genera condiciones más frías y más secas”. “Eso es más dramático en un lugar árido o sub-húmedo, como las sierras cordobesas, que un lugar húmedo. Pero, por otro lado, están las prácticas humanas de hacer fuego”, aclara.
En ese sentido indica: “Algo que para mí favoreció que haya más fuego fue el Covid, por la menor circulación de gente y el menor control. Hay gente que aprovecha eso en los distintos lugares, con una mirada de corto plazo. Puede haber algunas situaciones accidentales, pero claramente hay grandes intereses que tienen que ver con grandes lobbys inmobiliarios, agrícolas y ganaderos, gente que quiere hacer grandes negocios. Y también, dependiendo del lugar, hay intereses mineros, intereses energéticos, intereses portuarios”.
“En enero de este año ya había fuego en distintos lugares, habría que haber tenido más presencia en territorio. Vos me podés decir ‘pero se vino esto de la cuarentena, y además no hay plata, y además estoy priorizando los recursos para salud’, y bueno, así todo se desbordó. Ahora es increíble lo que se está gastando con cada uno de los aviones para poder apagar el fuego. Esa misma plata se podría haber usado para hacer una campaña más preventiva o para tener un sistema de alertas. Con el tema del cambio climático esta realidad no nos puede sorprender”, sostiene el biólogo.
Desde el Ministerio de Ambiente, su titular Juan Cabandié asegura que “el 95% de los fuegos son por intervención humana” y se queja de la falta de accionar de la justicia.
¿Y ahora qué?
En los primeros días de agosto comenzó a debatirse nuevamente en el Congreso (luego de haber sido dos veces boicoteada, en 2013 y 2015) una ley de humedales. La norma busca principalmente realizar un inventario de los mismos, controlar que se haga uno uso sustentable y aplicar fuertes multas para quienes la incumplan.
Roberto Bo participó de las intervenciones en el marco de la discusión del proyecto de ley. Dos meses más tarde del inicio de esas exposiciones manifiesta a este medio que “hay un planteo genuino de darle al medio ambiente el peso que se merece, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que pasa en los papeles”, y que su “sensación” es que “está todo trabado”.
Respecto a ello, la periodista Noelia Barral Grigera, publicó en El Cohete a la Luna una nota titulada “El Lobby del Fuego”, en la que indica que “el conglomerado de lobbistas que busca obstaculizar la iniciativa es nutrido y muy poderoso. Lo integran los productores sojeros, arroceros, forestales y ganaderos, las empresas mineras, los desarrolladores inmobiliarios y varios gobiernos provinciales de todos los colores políticos”.
Por otra parte, distintos sectores vinculados al ambientalismo están intentando implementar cambios en la Ley de Bosques, aprobada en 2007, al señalar que la norma tiene dificultades para dar respuesta al avance de la deforestación y degradación de los bosques nativos.
Los desmontes no sólo no se detuvieron, sino que se profundizaron durante la cuarentena en las provincias del nordeste del país. Por ello se busca incluir a la destrucción de bosques como un delito penal y lograr una mayor transparencia tanto en la ejecución como en la asignación de las partidas destinadas la conservación de bosques nativos.
Asimismo, el pasado viernes el presidente de la bancada de Diputados del oficialismo, Máximo Kirchner, propuso un proyecto para modificar la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa busca prohibir la venta, la construcción o el desarrollo de actividades económicas distintas al uso al que estaba abocada una superficie antes de ser afectada por un incendio, por un plazo de 30 a 60 años, según se trate de zonas agrícolas, humedales o áreas naturales protegidas.
Así como se promueven distintas iniciativas destinadas al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente, el lobby (impulsado por los ganadores del modelo de producción dominante) que busca desarticularlas está a la orden del día.
Volviendo al inicio, como preguntan Viale y Svampa en su reciente publicación, “¿no será entonces que llegó el momento de debatir seriamente los modelos de (mal)desarrollo en América Latina, en vez de insistir con ‘soluciones’ que profundizan más de lo mismo?”.
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