Pasaron tres décadas de la detención, tortura y asesinato del joven de 17 años que marcó un precedente en el sistema judicial con respecto a las detenciones arbitrarias
El 19 de abril de 1991 la policía detuvo a Walter Bulacio de 17 años en una razzia policial en las afueras del recital de Patricio Rey y los redonditos de ricota en el estadio Obras Sanitarias. En la previa del show y durante el mismo hubo 73 jóvenes detenidos y trasladados a la comisaría 35ª de la Policía Federal.
Los testigos dicen que, ante las protestas de Walter por la arbitrariedad de esas detenciones, el comisario Miguel Ángel Espósito se ensañó con él y lo golpeó con su machete. Las torturas que sufrió derivaron en un coma de varios días que le produjo la muerte, el 26 de abril.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) recordó al joven a través de un comunicado de prensa donde solicitó la implementación inmediata de la sentencia Caso Bulacio.
Por su parte la CORREPI señaló que la detención, tortura y muerte de Walter puso sobre la mesa el tema de las detenciones arbitrarias y la tortura, al calor de manifestaciones juveniles multitudinarias que sacudieron el escenario de desmovilización de la época. Nació un grito colectivo: “Yo sabía que a Walter lo mató la policía” que perdura hoy, tres décadas después, en las marchas antirrepresivas, pero también –y sobre todo- en los barrios, las canchas y los recitales, en la garganta de jóvenes que no habían nacido entonces, pero hoy levantan la misma bandera porque siguen siendo víctimas de la misma violencia estatal.
Asimismo, resaltaron que a pesar de que la causa generó una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó al Estado argentino derogar todo el sistema de detenciones arbitrarias; del “tardío e incompleto juicio oral al comisario Miguel Ángel Espósito que recién llegó en 2013, a pesar de su ridícula condena”. A pesar de que no hay juez, fiscal o cámara que de vez en cuando no cite el Caso Bulacio y que se estudie en las facultades, lo cierto es que hoy, en 2021, no sólo estamos igual en materia de detenciones arbitrarias en Argentina. Así lo aseguró CORREPI y resalta: “Estamos peor, como lo demostró en enero de 2016, un fallo del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires que avaló con renovada legitimidad la facultad policial de detener personas para identificar, así pasa también en otras jurisdicciones”.
“El otro punto crucial de la condena, es que la CIDH consideró que el delito del que fue víctima Walter, y por extensión, todo crimen policial, es un crimen de estado, y como tal, es imprescriptible. Peligroso precedente para los casos de gatillo fácil, de tortura, de detenciones ilegales, que los tribunales argentinos se resisten a obeceder”, afirmaron.
A su vez, la CPM contó que desde el momento que mataron a Walter “la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) desplegó acciones de inteligencia y vigilancia sobre las movilizaciones y el reclamo de justicia; tomó registro de lo que se decía, lo que se cantaba, las frases que se escribían en las banderas y en las paredes”.
Por último, CORREPI manifestó que el sistema de detenciones arbitrarias, además de ser la puerta de entrada a la tortura, cuesta vidas. “Más de la mitad de las personas muertas en comisarías, desde 1983 a hoy, estaban detenidos por una contravención o ´para identificar´. No estaban aprehendidas o detenidas por orden judicial o delito flagrante. Eran, según el eufemismo policial/judicial, personas ´demoradas´ o ´contraventores´”.
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