El gobierno oficializó un nuevo Estatuto para la Policía Federal Argentina. Organismos de derechos humanos advierten que se profundiza un modelo represivo sin límites, con mayor poder de fuego y menor rendición de cuentas.
Este lunes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 383/2025, que pone en marcha una profunda reforma en la Policía Federal Argentina (PFA). A través de un nuevo Estatuto, el gobierno redefine funciones, amplía capacidades operativas y habilita un proceso de reorganización interna bajo el control del Ministerio de Seguridad Nacional.
La medida forma parte del paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo nacional en el marco de la Ley de Bases 27.742, aprobada semanas atrás por el Congreso. Según los fundamentos oficiales, la decisión apunta a “modernizar y profesionalizar” la fuerza, orientándola a la investigación de delitos complejos y al combate del crimen organizado.
Sin embargo, organismos de derechos humanos alertan que el nuevo marco normativo fortalece el poder punitivo del Estado, habilita el uso ampliado de la fuerza por parte de la policía y reduce los controles institucionales sobre sus prácticas. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) sostienen que se consolida un modelo represivo que pone en riesgo derechos fundamentales.
Un nuevo Estatuto para una “nueva” policía
El decreto establece la creación del nuevo Estatuto Profesional para el Personal Policial de la Policía Federal Argentina, que busca consolidar una estructura federal enfocada exclusivamente en delitos de competencia nacional. Quedan sin efecto, así, las funciones locales y operativas que históricamente la PFA mantuvo en la Ciudad de Buenos Aires.
Además, se dispone la creación del Programa de Modernización Integral, que permitirá reorganizar jerarquías, suprimir cargos, reasignar funciones y exceptuar del retiro obligatorio a oficiales superiores. También se promueve la incorporación de profesionales universitarios y se prevén incentivos especiales por especialización o destino.
Desde el Ministerio de Seguridad destacan que se trata de “una transformación profunda de la cultura institucional de la fuerza”. En ese sentido, apuntan a reducir el “perfil militarizado” del escalafón, aligerar la carga burocrática y centrar los esfuerzos en tareas de inteligencia e investigación criminal.
CORREPI: “Se amplían las facultades de uso de la fuerza sin controles”
La reforma, sin embargo, no establece límites claros al uso de la fuerza policial, ni menciona expresamente los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos. Este punto es clave para CORREPI, que advierte sobre los efectos concretos que estas reformas pueden tener en el accionar cotidiano de las fuerzas de seguridad.
“La resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y específicamente a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios”, señaló la organización. Y alertó que esto se hace “sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supraconstitucionales, que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado”.
Para la Coordinadora, el decreto “se suma al conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes”. Entre los resultados visibles, mencionan el crecimiento de casos de gatillo fácil, detenciones arbitrarias y represión a la protesta social.
Un modelo represivo sin freno
El nuevo Estatuto se conoce apenas días después de que el Ejecutivo enviara al Congreso un proyecto de reforma del artículo 34 del Código Penal, con el objetivo de ampliar el concepto de “legítima defensa”.
Para CORREPI, esta iniciativa y el decreto de reforma policial integran una misma línea política: una reconfiguración regresiva del sistema penal con foco en el endurecimiento, la criminalización de la pobreza y la reducción de garantías.
“El gobierno está construyendo un aparato legal que legitima la violencia institucional como forma de control social. No se trata solo de reorganizar la Policía Federal, sino de darle cobertura legal a su accionar represivo”, afirman desde la organización.
Además, señalan que estas medidas se dan en un contexto de fuerte ajuste económico y aumento de la conflictividad social, donde la protesta es una de las pocas herramientas que conservan los sectores populares para hacer oír sus reclamos.
Impunidad institucionalizada
En un país con un largo historial de violencia policial y donde la impunidad suele ser la regla más que la excepción, la ampliación de las facultades policiales sin mecanismos de control ni participación ciudadana resulta particularmente alarmante.
Desde Pulso Noticias hemos documentado el incremento de la represión durante manifestaciones, así como casos de hostigamiento policial en los barrios populares. La nueva normativa no solo no revierte esta tendencia, sino que la consolida y la legaliza.
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