El sacerdote y Capellán del colegio San Vicente de Paul está procesado por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores. Realizó un pedido de prisión domiciliaria que fue acompañado por el fiscal Álvaro Garganta
A pocos días de ser finalmente aprehendido, el cura Raúl Sidders, procesado por los delitos de abuso sexual agravado reiterado y corrupción de menores, solicitó ser beneficiado con una prisión domiciliaria.
Según expresaron en un reciente comunicado los abogados patrocinantes de Rocío, la joven que denunció haber sufrido sus abusos sexuales, el pedido fue hecho “con fundamento en que se haya estresado y requiere ingerir vitamina B12”. Y agregaron: “Manifestó que además desea hacerse chequeos que hasta ahora no hizo por no disponer la Triple Frontera de centros médicos de excelencia”.
“La solicitud de Sidders y la presión del Arzobispado de La Plata que viene maniobrando intensamente sobre la causa se produce horas después de que el sacerdote involucrara en su declaración al Obispo Emérito Héctor Aguer y al sacerdote Bernardo Conté Grand, denunciado públicamente en el año 2014 por padres y madres del Colegio San Juan Bautista de la granja por conductas inapropiadas con menores de edad”, denuncian.
“El pedido de prisión domiciliaria fue sorpresivamente acompañado por el fiscal Álvaro Garganta, ante los escasos argumentos de la Defensa Particular”, manifestaron los abogados Juan Pablo Gallego y Pía Garralda en el escrito.
Además, recuerdan el antecedente del cura Eduardo Lorenzo “quien -probada su culpabilidad-, termina perdiendo la vida luego de que se diera lugar al pedido de detención, con sorpresiva presencia del Arzobispo Victor Fernández en la escena”, indicaron.
“Nuestro planteo se basó en que Sidders tiene tan solo 59 años y que las cuestiones de salud que imprecisamente invocó son perfectamente atendibles en cualquier institución carcelaria, recordando el pedido de prohibición de salida del país solicitado por nuestra parte”, enfatizaron.
Vale recordar que Sidders emigró a la Triple Frontera cuando supo que iba a ser requerido por la Justicia y volvió a hacerlo tras conocer el reciente pedido de detención. “La cárcel común es la única garantía de que no se entorpezca la investigación que pesa sobre Sidders y que se eviten los riesgos procesales que ya se configuraron en la causa”, refuerzan los letrados.
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