La Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito presentó hoy en la Cámara de Diputados por octava vez consecutiva el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, con el respaldo de toda la marea verde tanto en en el Congreso como en distintos puntos del país y del mundo. Imágenes de una nueva vigilia verde y claves para entender el nuevo proyecto
La Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito presentó hoy en la Cámara de Diputados, con el respaldo de legisladores de todas las fuerzas políticas, un nuevo proyecto de legalización del aborto, pero con escasas posibilidades de que llegue al recinto y sea aprobado con la actual composición de ambas cámaras del Congreso y por ser un año electoral.
La legalización del aborto fue aprobado en Diputados en la madrugada del 14 de junio del año pasado por 129 votos a 125, pero el 9 de agosto fue rechazada por el Senado por 38 a 31.
Ahora, por octava vez, el colectivo de mujeres impulsó el mismo texto que fue tratado el año pasado y que propone legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.
La presentación fue acompañada por una multitudinaria marcha en las adyacencias del Congreso denominada “pañuelazo federal” y con concentraciones en todo el país, donde los manifestantes en favor de la iniciativa portaron y enarbolaron los clásicos pañuelos verdes.
Fotos: Pulso Noticias
Diez claves para entender el nuevo proyecto
*Incorpora la definición de “persona gestante”, como el texto que obtuvo media sanción en Diputados el año pasado. Al establecer el alcance de la ley, habla incluso, de “toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar”.
*Define que se debe garantizar la práctica de la IVE dentro de los cinco días de su requerimiento y debe estar cubierta la práctica en hospitales, obras sociales y prepagas.
*Prevé “asesorías” para las mujeres o persona gestantes que así lo requieran, donde recibirán información, acompañamiento y métodos anticonceptivos.
*Establece que no se puede exigir ninguna autorización judicial para brindar un aborto legal.
*Fija penas de prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”. Y eleva hasta 5 años la pena de prisión si resultara la muerte de la mujer o persona gestante.
*Como el proyecto anterior, no criminaliza a las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar que se sometan o practiquen un aborto por fuera del plazo de 14 semanas y de las causales establecidas. En el caso de los profesionales de la salud que intervengan solo mantiene penas cuando se practique sin el consentimiento de la mujer o persona gestante.
*En relación a las adolescentes, el texto dice que si se trata de una persona menor de 13 años quien demande la práctica, “se requerirá su consentimiento informado con asistencia de al menos uno de sus progenitores o representantes legales”. Y cuando tiene entre 13 y 16 años, “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar debido consentimiento”. Si su vida o su salud corre grave riesgo por condición preexistente, el consentimiento lo deberá dar uno de sus progenitores. A partir de los 16 años se considera que tiene “plena capacidad” para ejercer los derechos previstos en la ley.
*Incorpora la dimensión intercultural. En el caso de que la mujer o persona gestante que quiere abortar hablara una lengua diferente, se deberá garantizar la presencia de intérprete con el fin de asegurar una comunicación efectiva en un marco de respeto por la interculturalidad, propone el texto. Por otra parte, aclara que la ley alcanza a cualquier mujer o persona gestante sin distinción de nacionalidad, origen, condición de tránsito y/o status de residencia o ciudadanía.
*Incluye un capítulo especial donde reafirma la obligación del Estado en relación a la aplicación de la educación sexual integral y establece que se deberá enseñar sobre el aborto definido como un “derecho” de las mujeres y personas gestantes, “a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía”. Deben incluirse los contenidos respectivos en la currícula de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las instituciones educativas, sean éstas de gestión pública estatal, privada o social, lo que deberá hacerse efectivo en todo el territorio nacional a partir del ciclo lectivo inmediatamente posterior a la entrada en vigencia de la ley.
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