Ante graves episodios de amedrentamiento y amenazas sufridos por una activista de Derechos Humanos de la ciudad, la organización Justicia Ya La Plata inició una acción legal que recayó en el Juzgado Federal nº 3, a cargo Ernesto Kreplak
Organismos de Derechos Humanos nucleados en Justicia Ya La Plata presentaron un habeas corpus preventivo en favor de una militante social de la ciudad que sufrió episodios de amedrentamiento y amenazas, con la gravedad de que los mismos sucedieron después de que la activista fuera mencionada por el Estado Nacional en su polémico informe sobre la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) de diciembre pasado.
Tras la presentación, que recayó en el Juzgado Federal nº 3 a cargo del juez Ernesto Kreplak, se le tomó audiencia a los representantes de los organismos, que pudieron ampliar la denuncia y los hechos por los cuales se instrumentó la acción legal. De esta forma, quedaron a la espera de que se resuelva la admisibilidad del pedido y se adopten las medidas necesarias para garantizar la libertad ambulatoria y la integridad física de la denunciante.
Los integrantes de Justicia Ya no dudaron en calificar la situación como “una clara secuencia de hechos de criminalización de la protesta social”. La militante de Derechos Humanos en cuestión -cuyo nombre se preserva por razones de seguridad-, tras haber sido mencionada en el citado informe del Ministerio de Seguridad de la Nación, fue víctima de dos hechos graves: “Entre abril y mayo pasados sufrió dos intrusiones violentas en su casa en momentos de su ausencia, hechos que se parecen más a allanamientos ilegales que a robos comunes. De hecho, en ambos episodios no hubo robo de pertenencias, sino que le dieron vuelta toda la casa y sólo se llevaron elementos con información personal”.
Los organismos de Derechos Humanos remarcaron que la sola lectura del informe sobre la RAM “devela cuantiosas tareas de inteligencia de parte de distintos órganos del Estado hacia diversos referentes de las autoridades de pueblos originarios en conflicto, así como evidencia el seguimiento prolongado y detallado sobre distintos militantes y personas que se han solidarizado con esa y otras causas sociales, para vincularlos a todos en el armado de una supuesta red que el Estado pretende criminal, pero que no ha denunciado formalmente con todos los elementos que conlleva una investigación jurídica seria”.
En ese sentido, señalaron que el documento “ha servido para realizar persecuciones, falsas denuncias, allanamientos y detenciones ilegales a muchas de las personas mencionadas en el mismo, determinando un claro contexto de persecución y amedrentamiento de personas basándose como única justificación en su actividad política”.
“Parecen las investigaciones de la época de la Dictadura, son los servicios trabajando e investigando las vidas de los luchadores sociales”, remarcó María Laura Bretal, integrante de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y de Justicia Ya, al tiempo que informó que también se presentará un “amicus curiae de todas las organizaciones que nos solidarizamos y no vamos a permitir que esto continúe”.
A su vez, también exigirán “que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, aclare inmediatamente toda la información que posee sobre la compañera e informe qué sustento u orden judicial tiene para incluir su nombre en el mencionado informe”.
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