El establecimiento está cerca de alcanzar los 50 llamados intimidatorios en lo que va del año, y las respuestas no aparecen. Madres y padres del jardín expresaron su preocupación difundiendo una carta pública dirigida a funcionarios del gobierno provincial y de la Dirección General de Cultura y Educación
Este mes las amenazas de bomba ocurridas en el Colegio Normal Nº 1 ya superaron las 40, y a esta altura el hartazgo de la comunidad educativa de la escuela llega a las nubes. Al no haber respuestas satisfactorias del gobierno de la Provincia ni de la Justicia, hay familias que ya decidieron cambiar a sus hijos del colegio al no ver posibilidad de que pueda garantizarse la continuidad pedagógica.
En este marco, estando cerca de llegar a las 50 amenazas, madres y padres del jardín que funciona en el establecimiento difundieron una carta pública dirigida a la Justicia y a los funcionarios del Gobierno de la Provincia y de la Dirección General Cultura y Educación (DGCyE) a quienes describen como los “responsables de garantizar la continuidad pedagógica de niños/as y adolescentes” y por lo tanto le exigen “solucionar este problema”.
“Vemos preocupados que la investigación no avanza, o lo hace de forma lenta, mientras nuestros/as hijos/as siguen perdiendo días de clase, o bien no quieren continuar asistiendo a su jardín debido a la angustia que esta situación inusual les genera. Las constantes evacuaciones, que no deberían existir en estas edades (de los chicos de jardín), empiezan a formar parte de sus juegos cotidianos”, afirmaron los familiares de los niños y niñas.
A su vez, pidieron “ir conociendo lo hecho en la investigación y hacer valer el compromiso del subsecretario de Educación bonaerense, Sergio Siciliano, de citarnos una vez por semana para brindarnos un reporte permanente del estado de avance de la investigación, compromiso que hasta la fecha no se ha cumplido”.
Se mostraron en contra del “blindaje” anunciado al colegio, que implica una presencia policial en la puerta y revisión del edificio previo a la entrada de los estudiantes a clase, apuntando a la hipótesis de que son los alumnos quienes impulsan los llamados. “No creemos necesario el blindaje a las instituciones educativas, así como tampoco compartimos la opinión de que sean los y las jóvenes los encargados de realizar estos amedrentamientos. No negamos que algunos llamados hayan provenido de jóvenes, pero la cantidad inusitada de amenazas nos indica que el problema tiene otros orígenes. Reafirmado esto con que semejante sincronización y dominio de las técnicas para evitar su rastreo, entendemos que excede a las travesuras de un grupo de jóvenes”, explicaron.
“Nos pronunciamos contrarios a criminalizar a los y las jóvenes y/o docentes, sin conocer los alcances y avances de las investigaciones que se lleven adelante”, dijeron y también se mostraron en desacuerdo con que no se evacúen las escuelas ante las amenazas.
En ese sentido, reclaman una pronta solución, el reporte permanente del estado de avance de la investigación, y exigen una urgente reunión con la gobernadora María Eugenia Vidal, el director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo y el procurador general, Julio Conte Grand. De continuar las amenazas la semana que viene, afirmaron que realizarán otra protesta frente a la escuela.
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