Sus salarios dependen del financiamiento del Gobierno Nacional, interrumpido desde diciembre pasado. La Provincia busca afrontar los costos, pero la definición se demora. Esta mañana se movilizaron a la sede de la DGCyE para visibilizar su reclamo
En un contexto de recortes masivos del Estado Nacional, las y los trabajadores de la educación de la Provincia de Buenos Aires se encuentran en plan de lucha por su continuidad laboral.
Se trata de unas 2000 personas que desempeñan sus tareas en diferentes dependencias de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, quienes aún no tuvieron definiciones en torno a la renovación de su vínculo laboral que expiró este jueves 29 de febrero.
Hasta diciembre de 2023, estos contratos eran financiados íntegramente por el Gobierno Nacional. Sin embargo, tras la asunción de Javier Milei como presidente, el traspaso de fondos se frenó. La Provincia se hizo cargo de los salarios de enero y febrero, a la espera de que Nación reintegrara ese dinero, algo que tampoco sucedió. Y si bien desde la gestión de Axel Kicillof afirmaron que tienen “la voluntad política” de absorber la erogación, lo cierto es que antes de tomar una decisión quieren analizar el impacto que implicaría para las arcas bonaerenses.
Sin embargo, el apremiante contexto económico no deja margen para la eterna espera. Es por ello que las y los trabajadores -hoy desempleadxs- piden mayor celeridad en la definición. Esta mañana se concentraron en la puerta de la DGCyE, en 13, entre 56 y 57, para visibilizar la situación que padecen. La junta interna de ATE en la DGCyE acompañó el reclamo.
Una de las áreas que quedaría desmantelada es, por caso, la Dirección de Tecnología Educativa (DTE). Entre otras líneas educativas lleva adelante el Programa Conectar Igualdad, a través del cual las y los estudiantes acceden a netbooks estatales. También sostiene el funcionamiento de Continuemos Estudiando, el portal educativo de la Provincia; brinda capacitaciones y acompañamientos docentes en toda la Provincia; realiza asistencia técnica de equipamiento escolar y lleva adelante el Programa de Medios Escolares, entre otras. En la DTE, son 170 las personas que aún esperan una respuesta por su continuidad laboral.
Pero no es la única. Situaciones similares atraviesan, por caso, trabajadores y trabajadores de otras direcciones como Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Educación Secundaria o Educación Especial. En esta última, incluso, denuncian el despido injustificado de tres trabajadorxs contratadxs.
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