Esta mañana la Justicia brasileña ordenó la liberación de Lula da Silva, al aceptar el pedido de habeas corpus pedido por su defensa en pos de suspender la condena de 12 años que pesa sobre el expresidente de Brasil. Sin embargo Sergio Moro, titular de la investigación del Lava Jato y que condenó a Lula en primera instancia, se opone en base a argumentos de incompetencia jurisdiccional
Rogerio Favreto, juez del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) con sede en Porto Alegre, exigió la liberación de Lula de Silva y que la medida sea cumplida en régimen de “urgencia”.
El líder popular del PT, de 72 años, está preso en una sede policial en Curitiba sur, acusado de haber recibido un tríplex de parte de la constructora OAS a cambio de supuestos importantes contratos con la petrolera estatal Petrobras. Un caso que generó un terremoto político en Brasil, dado a que el expresidente del período 2003-2010 continúa como figura favorita para las elecciones presidenciales de octubre.
Sin embargo, luego de conocerse la resolución de Favreto, el juez Segio Moro aseguró que es “incompetente” para tomar esa decisión. Es decir que legamente no tendría el poder para ordenar dicha medida. Esto acrecienta la incertidumbre con respecto al futuro de Lula da Silva y desnuda falencias de un sistema legal completamente contaminado por factores políticos.
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