Trabajadores y trabajadoras del Programa Incluir Salud de la Provincia se encuentran en asamblea permanente, ante la renuncia de las autoridades del mismo. No tienen respuestas en torno a la continuidad ni al financiamiento. La institución depende de la Vicepresidencia de la Nación
Trabajadores y trabajadoras del Programa Incluir Salud de la Provincia de Buenos Arires se encuentran en estado de asamblea permanente ante la incertidumbre sobre la continuidad del mismo y por lo tanto de sus fuentes laborales.
Según informaron a través de un comunicado de prensa, la institución se encuentra acéfala debido a la renuncia de las autoridades correspondientes: Nicolás Ginnobili, quien era el director ejecutivo, y Rosario Diulio, responsable de la oficina de Prestaciones Médicas. La dimisión de ambos estaría vinculada a la falta de respuestas de la Agencia Nacional de Discapacidad (AND), órgano del que depende el programa, en torno al financiamiento del mismo.
Cabe señalar que la AND depende a su vez directamente de la la Vicepresidencia de la Nación, a cargo todavía de Gabriela Michetti, y de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud que tiene como responsable a Pablo Atchabahian.
Incluir Salud está dirigido a titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas (PNC), que no cuenten con asistencia de servicios de salud tales como obras sociales, y que voluntariamente se conviertan en afiliados al programa. Se trata de personas con discapacidad, mujeres con siete o más hijos, o personas con bajos recursos.
A través de este programa pueden acceder a la entrega directa de medicamentos de alto y bajo costo, pañales, insumos (prótesis, ortesis) y servicios como radioterapias, internaciones domiciliarias, soporte nutricional y oxigenoterapia domiciliaria, entre otros.
“En estos últimos meses la situación se ha vuelto insostenible, motivo por el cual las autoridades de la Unidad de Gestión Provincial se han visto forzadas a tomar esta decisión ante la falta de respuestas de los responsables nacionales y provinciales”, señalaron los trabajadores y trabajadoras nucleados en el gremio ATE a través de un comunicado de prensa.
En ese sentido, informaron que “actualmente el Programa cuenta con 245.944 afiliados, los cuales se encuentran sin acceso a la cobertura, lo que los expone a interrumpir su tratamiento con consecuencias directas e irreversibles en la salud y la vida de los mismos, vulnerando sus derechos como ciudadanos y exponiendo la ausencia del Estado”.
“Es importante resaltar que la última cápita que ingresó desde Incluir Nación fue el 27/09/2019 correspondiente a ‘cápita y extra cápita del mes de Mayo’. Ante esto la falta de pago a los prestadores hace que, no sólo no coticen, sino que no entreguen los pedidos ya cotizados, suspendiendo cirugías, la entrega de medicación oncológica, los tratamientos de diálisis, radioterapia, etc., incrementando las demandas judiciales y dejando una situación de incertidumbre”, señalaron.
Además, remarcaron que las 360 familias que integran el programa, son trabajadores precarizados (con contratos de locación de obra), que no tienen garantizada su fuente laboral para el año entrante, y tampoco tienen garantías de seguir percibiendo sus haberes mensuales correspondientes.
“Por todo lo expuesto anteriormente exigimos a las autoridades provinciales y nacionales, una respuesta inmediata que permita la regularización y el funcionamiento habitual del Programa”, reclamaron en el comunicado de prensa.
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