La Comisión por la Memoria detectó que una persona con un padecimiento de salud mental estaba sola en una celda, sin control de profesionales ni acceso a ducha o espacios abiertos. El lugar podía utilizarse también para sujetar mecánicamente a las personas a la cama. La Justicia ordenó clausurarlo y prohibió el aislamiento en las unidades 34 y 45. “Someter a aislamiento a una persona descompensada se constituye como tortura”, explicaron a Pulso desde la CPM.
La Justicia ordenó cerrar celdas de aislamiento para personas con padecimientos de salud mental en Melchor Romero.
La medida alcanza a las unidades penitenciarias 34 y 45 de La Plata. La Comisión Provincial por la Memoria detectó graves vulneraciones de derechos. En la UP 34 se habían construido nuevos espacios de aislamiento después de que una causa judicial ya hubiera prohibido esa práctica.
“Se estaba produciendo una regresión muy grave en términos de derechos”, explicó en entrevista exclusiva con Pulso Noticias Melina Galeano, directora del Programa de Salud Mental de la CPM.
La Justicia ordenó la clausura inmediata de las celdas destinadas al aislamiento de personas con padecimientos de salud mental en las unidades penitenciarias 34 y 45 de Melchor Romero.
La resolución del Juzgado de Ejecución Penal N.º 1 de La Plata también prohibió el aislamiento en ambas unidades. Además, estableció medidas para que, ante situaciones de crisis o descompensación, se priorice la atención sanitaria por sobre los criterios de seguridad.
La decisión surgió a partir de una constatación judicial en la UP 34 y de un informe presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
La CPM había detectado nuevos espacios de aislamiento. Durante la inspección encontró a una persona alojada en una de esas celdas, en condiciones que calificó como indignas e inhumanas.
La historia comenzó en 2018. Ese año se presentó un habeas corpus colectivo por las condiciones de alojamiento de personas con padecimientos de salud mental en las unidades 34 y 45.
A partir de esa acción, el Tribunal de Casación Penal bonaerense había ordenado, entre otras medidas, prohibir el aislamiento de personas con padecimientos de salud mental.
También había dispuesto cerrar los espacios utilizados para separar a quienes atravesaban una descompensación.
“Eso implicaba obviamente la clausura o el cierre de las celdas de aislamiento que había en la Unidad 34”, explicó Galeano a Pulso.
Durante los años siguientes, el Juzgado de Ejecución Penal N.º 1 controló el cumplimiento de aquella sentencia.
Pero hacia fines de 2025 consideró que las medidas habían sido cumplidas. El expediente fue entonces archivado.
La situación cambió pocos meses después
En febrero de este año, integrantes del Programa de Salud Mental de la CPM realizaron una inspección en la Unidad 34.
Detectaron modificaciones edilicias en el sector de Sanidad. Allí se habían creado dos nuevos espacios de aislamiento: una celda individual y otra con dos camas.
“Entendíamos que hubo una regresión que implicaba el incumplimiento de esa sentencia”, señaló Galeano.
Por ese motivo, la CPM pidió al Tribunal de Casación que desarchivara el expediente y retomara el control judicial.
El pedido fue aceptado. Se realizó una nueva constatación judicial y allí se encontró a una persona aislada en una de las nuevas celdas.
Según explicó Galeano, esos espacios eran utilizados para alojar a personas que atravesaban descompensaciones de salud mental.
En algunos casos se recurría a medicación inyectable. También a la sujeción mecánica a la cama.
Pero el problema no terminaba allí
Las personas podían quedar solas, sin control de profesionales de salud o personal de enfermería. Tampoco tenían acceso a una ducha ni a ningún espacio abierto.
“Personas que quedaban solas, ya sea con una medicación inyectable o una sujeción mecánica, sin control de un profesional de la salud”, describió la directora del Programa de Salud Mental de la CPM.
El aislamiento de personas con padecimientos de salud mental está prohibido por la normativa nacional e internacional.
La CPM advierte que, en determinadas circunstancias, puede constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Además, puede agravar el estado de salud y generar riesgos para la vida.
A partir de lo relevado, la CPM pidió nuevamente la clausura de las celdas.
El juzgado hizo lugar al planteo. Ordenó cerrar la celda donde había sido encontrada la persona aislada y estableció la prohibición del aislamiento en las unidades 34 y 45.
La resolución también establece que, ante una situación de crisis, debe primar la perspectiva médica por sobre la de seguridad.
Además, ordena implementar protocolos específicos para la estabilización y atención inmediata.
El fallo establece que las autoridades deberán capacitar al personal penitenciario para intervenir frente a estas situaciones.
También dispone actualizar las historias clínicas y revisar las condiciones materiales y de higiene de los establecimientos.
Otro de los puntos es la prohibición de alojar en la Unidad 34 a personas que no estén bajo algún tipo de medida de coerción penal.
La CPM había detectado casos de personas que, después de atravesar una descompensación en la vía pública, eran trasladadas por la Policía a la unidad neuropsiquiátrica sin encontrarse bajo prisión preventiva.
“El problema excede las condiciones edilicias de las unidades penitenciarias”
“Nuestra postura como Mecanismo es que las personas con padecimientos de salud mental no pueden ser abordadas en el Servicio Penitenciario”, sostuvo Galeano.
La directora del Programa de Salud Mental señaló que la Unidad 34, pese a ser denominada neuropsiquiátrica, “no está capacitada para dar abordaje a estas personas”.
Por eso planteó la necesidad de una articulación entre los ministerios de Justicia, Seguridad y Salud.
El objetivo, explicó, es que las personas con padecimientos de salud mental puedan ser atendidas en dispositivos sanitarios, tengan o no un conflicto con la ley penal.
En las inspecciones realizadas en las unidades 34 y 45, la CPM relevó además 22 personas alojadas sin criterio de permanencia.
A esto se sumaron problemas de sobrepoblación, falta de higiene, deficiencias en la atención profesional y tratamientos que, según el organismo, estaban subordinados a criterios de seguridad.
El cierre de las celdas dispuesto ahora por la Justicia reactiva un control que había sido dado por terminado meses atrás.
Para la CPM, ese período sin control permitió que se produjera una regresión en las condiciones de alojamiento.
“Ya se había avanzado en la Unidad 34. Ya no había espacios que estuvieran destinados exclusivamente a aislar a personas en situación de crisis”, explicó Galeano.
“Que vuelvan a construir estos espacios implicó una regresión muy grave en términos de derechos”.
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