Pérdidas de gas, fallas eléctricas y deficiencias edilicias, entre otros temas, llevan a que miles de estudiantes no estén en las aulas. Inercia de un Estado ausente
Ayer, la Argentina fue testigo de cómo un docente de la Escuela Especial N° 516 de la localidad de Melchor Romero recibió un golpe de electricidad mientras movía un fichero que tenía detrás un enchufe roto, en una de las aulas del establecimiento, por lo que debió ser atendido en el lugar por el SAME, poniendo en riesgo su vida por su vocación de enseñar.
Este hecho, que se sumó a la desgracia de las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez tras la explosión por una pérdida de gas en la escuela 49 de Moreno, deja en evidencia la desidia en la que se encuentra sumergida la comunidad educativa por parte del Estado provincial, que mira para otro lado mientras este tipo de hechos se acumulan todos los días.
Según un relevamiento efectuado por el Frente de Unidad Docente (FUD), arriba de 800 escuelas de la Provincia de Buenos Aires mantienen suspendidas sus clases por diferentes problemas endémicos de infraestructura, lo que afecta a más de 500.000 alumnos bonaerenses.
Algunos de los hechos constatados por los docentes que han llevado a que los directivos de los establecimientos dispongan el cese de las clases son las pérdidas de gas constantes en cocinas y estufas, fallas eléctricas en aulas y otras dependencias, deficiencias edilicias como techos que se vienen abajo, instalaciones en pésimo estado, faltante de material mínimo indispensable para estar al frente del aula, entre otros temas que muestran la desidia oficial.
Sólo en la ciudad de La Plata hay 60 colegios que tienen las puertas cerradas, lo que no le permite recibir su educación a 15.000 estudiantes. La comunidad educativa en su conjunto salió a las calles a visibilizar la situación, a pedirle respuestas a la gobernadora María Eugenia Vidal y a las autoridades del ministerio que conduce Gabriel Sánchez Zinny, tal como pudo verse en innumerable cantidad de escuelas ayer en toda la región, que tenían una sola consigna y reclamo: “La educación es un derecho, no maten a la educación pública”.
Esto se suma a un Ejecutivo que no tomó en cuenta el “carpetazo” hecho por el FUD en el mes de mayo, en donde se efectuaba un pormenorizado detalle de los colegios con problemas estructurales que podían terminar en tragedia. La escuela 49 de Moreno y la Escuela Especial N° 516 de Melchor Romero figuraban entre esos establecimientos que demandaban el accionar urgente del Estado, pero las autoridades nada hicieron.
El abandono se hace más palpable si se tiene en cuenta que debido al acuerdo efectuado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los fondos destinados a Educación y solución de problemas de infraestructura se verán mermados en 2019. Esto hace pensar que en el futuro cercano, en vez de resolverse las problemáticas concernientes a la educación, se seguirá en una pendiente negativa con consecuencias impredecibles para la Argentina de cara al corto y mediano plazo.
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