El Colegio que los representa en la Provincia se opone a la iniciativa que plantea que los locatarios dejen de pagar comisiones inmobiliarias. Afirman que tienen una “propuesta superadora”
El Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires se pronunció en contra del proyecto de ley que ya comenzó a tratarse en comisiones de la Cámara de Diputados bonaerense que plantea que los gastos para hacer un contrato de alquiler (que involucran honorarios, averiguaciones, gestiones, etc) ya no se le cobren a los inquilinos, lo que permitiría reducir hasta un 50% el valor de inicio de los contratos.
Según expresó el presidente de la entidad, Juan Carlos Donsanto, “la problemática de los alquileres merece un debate mucho más profundo en el camino de buscar propuestas superadoras que permitan a los inquilinos acercarse a la posibilidad concreta de acceder a ese derecho constitucional que es aspirar al techo propio. Poner el acento en los honorarios de los corredores inmobiliarios puede llevarnos al error de simplificar la situación y alejarnos de las soluciones de fondo”, aseguró el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, remarcó que “resumir el problema en que los profesionales inmobiliarios no deban cobrarle más a los inquilinos y cargar sus honorarios sobre los propietarios, puede ser que se desaliente la inversión en la construcción con destino a renta, lo que implica reducir la oferta y en consecuencia aumentar los costos de los alquileres. En síntesis, un inquilino ahorrará un cuatro por ciento sobre el total del contrato de dos años de duración y a cambio pagará mucho más el canon locativo. Lo que en términos populares se conoce como que el remedio es peor que la enfermedad”.
A su vez, explicó que los profesionales inmobiliarios están en el marco de una legislación que les marca qué pueden hacer y los Colegios tienen facultades delegadas por el propio Estado establecidas por ley. “Cuando un profesional ejerce mala praxis cobrando lo que no tiene que cobrar, el afectado tiene resortes a donde recurrir que es a los propios Colegios Departamentales para efectuar la correspondiente denuncia, amén de hacer lo propio ante otros organismos como la Defensoría del Pueblo”, señaló.
“No defendimos ni defenderemos nunca a ningún profesional que se aparte de lo que establece la ley y verdaderamente creemos que el honorario del cuatro por ciento por un contrato de veinticuatro meses de duración guarda razonabilidad con el servicio, garantía, responsabilidad, asesoramiento y acompañamiento que presta el corredor inmobiliario al inquilino, a quien debe atender durante la vigencia de la relación”, señaló el titular de los martilleros y corredores provinciales.
Sin embargo, desde la Asociación Platense de Inquilinos (API), una de las que impulsa el mencionado proyecto de ley, salieron a cuestionar la postura de los martilleros al afirmar: “Es increíble que nieguen lo que nos pasa, peor aún, lo consideran que está bien. No hay denuncias por temor a las represalias y porque los Colegios son pasivos y cómplices”.
En esa línea, para argumentar su postura ante los legisladores que tienen que decidir sobre la iniciativa, la API lanzó una consulta a través de sus redes sociales: “Queremos que nos cuentes cuánto pagas de alquiler y cuánto te cobraron para entrar. Nosotros nos encargamos de que cada diputado lo sepa y vean el abuso y el negocio que hacen con nuestro dinero”.
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