Se trata de Romina Merino, una “reconocida” abogada de la ciudad de Mar del Plata y empleada de la subsecretaria de Derechos Humanos bonaerense. El 30 de diciembre se conoció la peor noticia para la familia de la adolescente: uno de los femicidas obtuvo “libertad condicional”
A casi 10 años del femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata, un hecho que revolucionó la marea feminista en octubre de 2016, la impunidad se mantiene. Su familia sigue golpeando puertas de los tribunales, gritando por megáfonos en cada marcha de la ciudad balnearia y hasta buscó respaldo gubernamental. Sin embargo, las únicas respuestas favorables son para los femicidas.
En los últimos días del año pasado se conoció una nueva resolución: el Tribunal Oral en lo Penal N° 2 de Mar del Plata concedió la “libertad asistida” a Juan Pablo Offidani. El hombre de 49 años vendía droga en la puerta de la Escuela Media N° 3, lugar donde la conoció a Lucía. Aunque no lo hacía solo, eran varios. También estaba Matías Farías.
Ambos fueron las últimas personas que vieron con vida a Lucía Pérez el 8 de octubre de 2016 en una casa del barrio El Alfar, al sur de Mar del Plata. El Poder Judicial, que siempre mantuvo su conservadurismo a pesar de las modificaciones del Código Penal, los condenó solamente por la “venta de estupefacientes en una Escuela Secundaria”. Tras la inmensa lucha encabezada por la familia, lograron la anulación de ese juicio, el inicio de jury a dos de los jueces (ya que el tercero se jubiló durante el proceso) y la realización de un nuevo debate judicial.
Entre muchas idas y vueltas, se desarrolló un nuevo juicio en el que hubo una condena a perpetua contra Matías Farías por “abuso sexual en concurso de femicidio”, mientras que Offidani fue condenado como “partícipe secundario” con una pena menor. Unificándose con la condena anterior (de venta de estupefaciente) quedó con 15 años de prisión.
En tanto, el juicio político contra los jueces Pablo Viñas y Juan Facundo Gómez Urso, suspendidos desde noviembre de 2021, se resolvió tres años después y fueron absueltos por unanimidad: el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, y cinco legisladores provinciales (4 de Unión por la Patria y 1 de UCR) definieron que dichos jueces cumplieron su labor de manera correcta. Un nuevo golpe para la familia de Lucía.
Y no fue el único en los últimos años: las cámaras superiores hicieron lugar al pedido de la defensa -capítulo aparte- y revocaron la condena a perpetua con el principal argumento de que no está confirmada la carátula de “femicidio”. Una muestra de la injerencia del Poder Ejecutivo nacional en estas causas: el exministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, dejó en claro que iban a eliminar la figura de “femicidio” del Código Penal.
En la práctica, los jueces se convirtieron en excelentes alumnos y en cada fallo que resuelven lo hacen en esa sintonía. El próximo 29 y 30 de abril se desarrollará el denominado juicio de cesura contra Farías, en el Tribunal N° 2 de Mar del Plata. Los magistrados Fabián Riquert, Paula Soulé y Federico Cecchi serán los encargados de redefinir su pena, o bien, ratificar la perpetua.
Mientras que Offidani camina libremente por las calles de Mar del Plata, a pesar de que el patrocinio de la familia a cargo de Juan Pablo Gallego y el fiscal Carlos Russo de la UFI N° 7, rechazaron dicha medida. “A esta altura creo que está claro que el sistema quiere utilizar un caso emblemático como el de Lucia para erradicar la figura del femicidio”, aseguró el letrado a Pulso Noticias.
Y reiteró, como lo hizo en una de las audiencias frente de los jueces, que “estos pueden ser dos perejiles, sin embargo, con las defensas que tienen y la cantidad de revocaciones que tuvieron puede que haya gente más pesada y con poder detrás de ellos”.
¿QUIÉN DEFIENDE A OFIDANI?
La abogada Romina Merino es la defensora de Juan Pablo Offidani, luego de que su socio Cesar Sivo -otro reconocido abogado de “derechos humanos” de Mar del Plata- le haya cedido el lugar. Éste último integraba la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la cual lo suspendieron al asumir el patrocinio del narcofemicida.
Mientras que Merino ocupa desde agosto de 2021 una Planta Permanente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Específicamente está asignada a la litigación judicial en el marco de la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional, dependiente de la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Con ese cargo se presenta en la mayoría de las causas de represión estatal, donde observa y analiza los casos también incluso asumiendo su patrocinio. Como el caso de Nahuel Lagos, donde finalmente terminaron culpabilizando a su familia por la falta de atención médica a pesar de la paliza que recibió por parte de oficiales de la policía Bonaerense, en Batán.
¿Existe la ética en el mundo de las y los abogados? ¿Cumplirán el Código de Ética Profesional? ¿Se puede estar defendiendo las violaciones de derechos humanos y, en paralelo, defender a violadores y narcofemicidas? Estas preguntas fueron realizadas a diversos a abogados y abogadas que próximamente daremos a conocer.
Más conocida como “Tefa”, nació en Mar del Plata en 1989. Trabajadora de prensa, periodista y Licenciada en Comunicación Social (egresada de la UNLP). Buscadora de la aguja en el pajar: le apasiona el periodismo de investigación. Trabajó en prensa institucional, en diversos medios privados de La Plata, y colaboró en medios alternativos como ANRed. Actualmente escribe notas vinculadas a los derechos humanos, política y cada tanto entrevista a personajes de diversos territorios. También integra el área audiovisual, En Foco, como productora periodística. Siempre redactando con las gafas violetas puestas. Desde 2018 forma parte de la cooperativa Pulso Noticias, donde aprendió a vender publicidad, gestionar pautas y hasta armar un gran escritorio en madera.
