La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó su Archivo de Casos y demostró con estadísticas que vivimos el momento más represivo institucionalmente desde que volvió la democracia. Durante el gobierno de Cambiemos hubo 1.303 personas asesinadas por balas del Estado
Desde hace dos décadas la agrupación de Derechos Humanos CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) se puso a disposición de cada familia que sufría el asesinato de algún allegado, a manos de la “represión institucional”, es decir, asesinatos por balas de la policía, penitenciarios, o cualquier otra fuerza armada del Estado.
Así, además de colaborar con herramientas legales, como la participación de su referente, la abogada María del Carmen Verdú, también se generaba un apoyo político y militante. Todos los años, en ese sentido, la CORREPI da cuenta públicamente cuántos han sido los asesinatos institucionales y qué diferencias estadïsticas hay entre los diferentes años y gobiernos.
En la conferencia realizada ayer se llegaron a varias conclusiones, una más temible que otra: hoy en día vivimos el momento más represivo institucionalmente desde que volvió la democracia. Cada 21 horas se produce un asesinato a manos de fuerzas de seguridad del Estado.
En ese sentido, los números establecieron que el gobierno macrista acumula un total de 1.303 personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 12 de febrero de este año. Remontarse a aquel fin del 2015, durante los primeros veinte días de gobierno (en 2015), hubo 50 muertes en todo el país; a lo largo de 2016 se registraron 442 casos; en 2017 fueron 451; el año pasado la cifra total fue de 333, y en el primer mes y medio de este año, ya se produjeron 28 muertes por violencia institucional, según el informe presentado ayer.
A pesar de que, según la CORREPI hay un “imponente salto represivo de este gobierno, que ha batido todos los records de sus antecesores”, también dejan en claro que los homicidios institucionales son una “constante” en todos los gobiernos durante la democracia. Ningún gobierno queda afuera de las estadísticas, desde 1983. Desde ese momento hasta febrero del 2019 han habido 6.564 muertos a manos del gatillo fácil, tortura en comisarías, muertes en cárceles, o represión en una protesta.
Dentro de ese dato total, hay diferentes porcentajes de responsabilidad. Encabezan las policías provinciales con un 49,22% con 3.231 hechos. En segundo lugar se encuentran los agentes de los servicios penitenciarios, con 2.334 casos (35,56 por ciento del total). Detrás están la Policía Federal (561 casos), Otras Fuerzas (138 muertes), Gendarmería (96), Seguridad Privada (79), Prefectura (60), Policía de la Ciudad (43) y ex Metropolitana (22 casos).
Un dato trascendente es la persecución a la juventud: el 42,1 por ciento de las víctimas tenía entre 15 y 25 años, mientras que un 2,5 por ciento de los asesinados tenían 14 años o menos.
El avance legal represivo
“En 2018, las muertes fueron impulsadas por el anuncio oficial de la resolución 956 del Ministerio de Seguridad, que permite disparar en cualquier circunstancia”, advirtió la abogada María del Carmen Verdú ayer en Ciudad de Buenos Aires.
También agregaron que “lo que vino en materia de ajuste y represión superó ampliamente las expectativas y se montó en un ataque para disciplinar todas las formas de protestas de la mano de una estrategia de control social”, explicó Ismael Jalil.
“El protocolo antipiquetes, las detenciones arbitrarias durante las movilizaciones por Santiago Maldonado, la reforma previsional y el Presupuesto 2019, la resolución 956 del Ministerio de Seguridad sobre uso de armas de fuego, el aumento de el uso de policías de civil y el espionaje sobre las organizaciones sociales”, fueron algunas de las políticas denunciadas por la Correpi y advirtieron sobre el debate de la reforma del Código Penal que “oficiliazará la doctrina Chocobar” y el proyecto de Baja de Imputabilidad.
La perspectiva de género: de los últimos 15 femicidios, 4 fueron por integrantes de fuerzas policiales
En la “Actualización de casos” que hizo pública ayer la Correpi, explicaron que en los últimos años, la cantidad de mujeres asesinadas por las fuerzas, por razones de género, “nos llevó a sistematizar esas situaciones”. Generalmente, explicaron, los casos de gatillos fáciles tenían cómo víctimas, en general, a varones.
Los dos primeros casos registrados como femicidios se remontan a 1992 y desde entonces el índice fue creciendo entre los casos de victimarios con uniforme hasta llegar en la actualidad “a 349 casos sobre un total de 596 víctimas mujeres, travestis y mujeres trans”. Las cifras “convierten a los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal”.
En el informe se dice que hasta fines de 2018, según los registros nacionales, “una de cada cinco mujeres asesinadas en un contexto de violencia de género”, fueron a la vez “víctimas de la violencia estatal” por el uso del arma reglamentaria de un uniformado.
En 2019, ese índice de uno cada cinco (20 por ciento) creció porque “de los primeros 15 femicidios registrados en enero de este año, 4 fueron cometidos por integrantes del aparato represivo estatal”. Correpi sostiene que “eso da cuenta de cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal”.
La confección del archivo
En su página web, Correpi relata cómo comenzó a generar este Archivo de Casos, durante la presidencia de Menem en 1996. Veinte tres años después explican que “lo fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos”.
Reconocen además que hay provincias enteras de las que “sólo contamos, como fuente, con lo poco que trasciende en los medios de comunicación a nuestro alcance”. Así llegan a la conclusión que “es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura”.
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