Es uno de los sectores productivos más importantes de la región, pero las dificultades para acceder a los terrenos para cultivar llevan a los productores a vivir en condiciones de precariedad, quedando a merced de la especulación inmobiliaria. La Defensoría del Pueblo destaca la necesidad de una legislación específica
Por David Barresi
Entre los márgenes de la ciudad y las localidades linderas se extiende uno de los polos productivos más importantes del país. Se trata del cordón hortícola que alimenta a 14 millones de personas y reúne a entre 5.000 y 9.000 productores familiares, que sin embargo desarrollan sus trabajos en condiciones precarias. Allí, la imposibilidad de acceder a la propiedad de la tierra (o a términos más beneficiosos de usufructo de la misma) termina funcionando como un corset para el desarrollo del sector.
Los datos surgen de un diagnóstico realizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia en base al trabajo con organizaciones e instituciones vinculadas a la temática. De allí se desprende que entre el 80% y el 85% de estas familias accede al territorio para producir por medio de contratos de arrendamiento y mediería, mientras que un porcentaje mínimo es propietaria de la tierra.
A la hora de señalar en qué afecta esta situación al desarrollo productivo, el informe dice que “la falta de planificación y de ordenamiento territorial por parte del Estado municipal y provincial no ha permitido que los productores y productoras del sector cuenten con certezas y previsibilidad con respecto al uso de sus tierras. Esta situación posibilita la especulación inmobiliaria y perjudica tanto a los productores/as como a los consumidores/as y los ciudadanos/as”.
Además, el organismo remarca: “Podemos afirmar que la falta de tenencia segura de la tierra es un factor fuertemente condicionante de la dinámica de producción cotidiana que rige hoy a la mayoría de las quintas del sector. Por un lado por el peso del arrendamiento en los costos fijos de producción y por otro por constituir unidades de producción de muy poca superficie en las que no existe seguridad de inversión para la realización de mejoras y/o estructuras fijas. Estas últimas características limitan muchas veces la implementación de prácticas productivas más sustentables”.
En efecto, la realidad de tener que arrendar una superficie exigua a un precio alto lleva a una dinámica de producción que plantea la necesidad de producir la máxima cantidad en el menor período de tiempo posible, de manera de asegurar un ingreso que permita cubrir los elevados costos fijos. Esta situación lleva a la dependencia de la utilización de agroquímicos, sobre los cuales no existe ningún tipo de regulación en la región y hay estudios que comprueban que los grados de contaminación, tanto de las verduras producidas como del suelo, son crecientes.
El abuso inmobiliario
A su vez, los productores suelen ser víctimas de una serie de abusos perpetrados por las inmobiliarias o por los poseedores de las tierras. En ese punto, el informe señala que, “al momento de celebrar un contrato de arrendamiento, el productor/a es un actor pasivo que acepta, o no, las condiciones que fija/establece el ‘mercado’ inmobiliario. No tienen posibilidad alguna de negociar cláusulas del contrato”.
En ese sentido, se suele desconocer el plazo mínimo de tres años de arrendamiento, en contra de las estipulaciones de la Ley 13.246, que regula estos alquileres. De hecho, en los últimos años, debido a la inflación y las variaciones económicas, las renovaciones se efectúan “únicamente por un año”.
También los precios se suelen reajustar mediante cláusulas indexatorias, que están prohibidas por la normativa vigente, o en algunos casos “se obliga a las partes a pagar un valor adicional en dinero por fuera de lo pactado en el contrato”.
Además, se remarca que “los gastos que demanda la confección, incluyendo timbrado y certificación de firmas, superan el 4% prefijado por ley”, y que las mejoras realizadas por el arrendatario como las perforaciones para el agua, el tendido eléctrico o la mejora de los caminos favorecen al dueño de la tierra pero no son compensadas, y son aprovechadas en beneficio de una sola de las partes.
Por otro lado, se agrega el problema de la vivienda, ya que las familias productoras terminan viviendo en casas precarias (de madera y nylon con piso de tierra y sin los servicios esenciales conectados al domicilio), “con medidas de seguridad que distan de ser cumplidas por las propias condiciones habitacionales en las que se encuentran, ya que los propietarios no los autorizan a construir viviendas de material y en el caso de ser autorizados al momento de retirarse no se les reconocen dichas mejoras”.
También hay otro punto no resuelto por la legislación que es la falta de una zonificación correcta para el sector. “La no consideración en la normativa de una zona determinada estratégicamente para la producción hortiflorícola facilita la especulación en la propiedad de la tierra y genera inestabilidad permanente en los sectores productivos”, afirma el informe.
Ante este escenario, la Defensoría expresa la necesidad de elaborar “un texto legal específico de arrendamientos para la agricultura familiar que permita el desarrollo de estos sujetos teniendo en cuenta las condiciones de vida y culturales, que asegure el derecho humano al hábitat y a una vivienda digna para constituir el asiento de la familia”.
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